LA DEMENCIA CATALANA.

LA DEMENCIA CATALANA.

Cataluña –o, si se prefiere, una parte importante de los catalanes- lleva muchos años viviendo un proceso agudo de alucinación colectiva. La ideología separatista, bien lubricada con inagotables fondos públicos (de todos los españoles), ha construido una realidad paralela según la cual Cataluña es una nación que perdió su independencia en 1714; que desde entonces ha sido brutalmente oprimida por España; que con sus naturales laboriosidad e ingenio está pagando la molicie de los españoles; que aún hoy es salvajemente parasitada por una España despótica y antidemocrática; que hoy, para colmo de oprobios, ha de soportar que sus líderes sean injustamente llevados a los tribunales por la aviesa policía española. 

No es una caricatura. Muchas decenas de miles de catalanes piensan literalmente así, y la investigación sobre el terreno de gaceta.es ofrece pruebas aterradoras de esta demencia colectiva.

La culpa del separatismo es de los separatistas, pero la responsabilidad política de cuanto está pasando en Cataluña es de los poderes públicos –y privados- españoles, desde la Corona hasta los tribunales y desde la patronal hasta los sindicatos, pasando, por supuesto, por los distintos gobiernos que se han sucedido en La Moncloa. 

Cuando se firmó la Constitución de 1978, muchas voces alertaron sobre los riesgos de un sistema de organización territorial que fragilizaba la cohesión nacional; nadie hizo caso. Muchos alertaron también del peligro cuando la Corona y el Gobierno asumieron el pacto no escrito de que los separatistas se convirtieran en únicos interlocutores políticos en sus territorios, pero nadie hizo caso. Las advertencias se repitieron cuando los partidos separatistas se convirtieron en “bisagra” imprescindible de la gobernabilidad del país, pero nadie hizo caso.

 Casi una generación después, otras muchas voces denunciaron las políticas de inmersión lingüística que estaban cambiando el paisaje social al gusto de los separatistas, pero nadie hizo caso. Tampoco cuando se denunció, por activa y por pasiva, que los separatistas estaban desviando inmensos fondos públicos para la construcción de su propio proyecto nacional. ¿Y por qué nadie hizo caso? Porque el sistema de 1978 reposaba sobre un reparto de poder –político, financiero, mediático, judicial- donde los separatistas eran parte del juego. Así de simple.

Mientras todas las denuncias caían en saco roto, mientras las instituciones responsables de garantizar la unidad nacional cerraban ojos y oídos y se concentraban en repartirse los beneficios, el separatismo iba construyendo libremente lo que nunca dejó de ser su proyecto: crear de la nada sus propias naciones. Al servicio de ese proyecto, incansablemente martilleado desde las escuelas y medios de comunicación entregados al separatismo, se ha dibujado una realidad falsa, inventada, incluso demencial, pero que ha terminado siendo asumida por una parte importante de la población. Aún hay, en España, quien se obstina en negar la evidencia y se refugia en parapetos de conveniencia: que si “sólo quieren dinero”, que si el problema es la “deslealtad” de tal o cual partido, etc. Pero no. Lo que estamos viendo es la fase final de un proceso largamente incubado. Y, por cierto, no sólo en Cataluña.

Sólo hay una forma de salir de aquí: redefinir nuevamente el proyecto nacional español. Fijar la supervivencia histórica de España como prioridad política. Aplicar cuantos instrumentos legales haya en la mano para frenar la deriva separatista. Afrontar la tarea de reconstruir lo que se ha destruido, lo cual pasa, entre otras cosas, por retomar el control de la educación y utilizar los medios de comunicación públicos a disposición del Estado. Y por supuesto, propiciar pactos de Estado entre derechas e izquierdas en pos de ese objetivo. No se reconstruirá en dos días lo que se ha desmantelado a conciencia durante casi cuarenta años. Pero cuanto más se tarde en empezar, más difícil será el trabajo.

 (Edit. La Gaceta.)