¿DIGNIDAD O CHANTAJE?

LA DIGNIDAD DE CATALUNYA.

La práctica totalidad de los diarios cuya línea se determina en Catalunya publican hoy un editorial titulado “La dignidad de Catalunya” en el que se pide a los magistrados del Tribunal Constitucional que respeten el nuevo Estatut por ser fruto de un doble pacto político (Parlament de Catalunya y Cortes Generales), sancionado por los ciudadanos en las urnas.

Publican el editorial, doce diarios: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa, en una iniciativa que puede calificarse de inédita en la historia de la prensa catalana.

De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el “corazón de la democracia”. Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal -un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo- no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de “símbolos nacionales” (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.

El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos -que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo-, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

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EL PRONUNCIAMIENTO CATALÁN. Jorge de Esteban.

El autor advierte que ejercer coacción y amenaza sobre el Tribunal Constitucional es un delito tipificado en el Código Penal- Recuerda que un Gobierno de González derogó un artículo que vigilaba la constitucionalidad de los proyectos de Estatuto

Nuevamente el presidente de la Generalitat de Cataluña, apoyado por su Gobierno tripartito, ha vuelto a ejercer una clara coacción y amenaza sobre el Tribunal Constitucional, con el evidente objetivo de que éste no declare la inconstitucionalidad del Estatut, tanto total como parcialmente. Igualmente, el presidente de CiU, Arturo Mas, habla ya de la posibilidad de un frente común de los partidos catalanes ante una sentencia adversa.

Esto es: los partidos catalanes, excepto el PP, se han pronunciado contra una sentencia que todavía no existe, al estilo de lo que hacían los militares en el siglo XIX cuando no estaban conformes con el Gobierno de turno. Ahora bien, en el siglo XIX y principios del XX, no había en España un auténtico Estado de Derecho como el que alumbró la Constitución de 1978. En consecuencia, lo que está pasando ahora, jurídicamente hablando, es mucho más grave que aquellas célebres asonadas militares.

Tan grave, que la acción de los miembros del Gobierno catalán constituye presuntamente un claro delito tipificado en nuestro actual Código Penal, como ya recordé en estas páginas hace unos meses, tras la injuriosa ofensiva nacionalista del verano, dirigida a amedrentar al Tribunal Constitucional. Vuelvo a recordar así lo que dice su artículo 508.2: «La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o INTIMIDACIÓN relativas a causas o actuaciones que estén conociendo, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a 10 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años». Sólo hace falta, pues, que el Ministerio Fiscal o cualquier particular a través de la acción popular denuncie semejante atropello, que, por lo demás, es un comportamiento reicidente.

En definitiva, como señala el artículo 9 de la Constitución, «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Sin embargo, el presidente de una comunidad autónoma, el cual incluso formó parte anteriormente del Gobierno de España, parece ignorar este mandato constitucional. Por otro lado, la excusa que con más frecuencia arguyen los nacionalistas catalanes para no aceptar una sentencia adversa para ellos (y no para Cataluña) consiste en que los 10 Magistrados del Tribunal Constitucional que la emitirán no pueden ir contra una norma, como es el Estatuto, que no sólo ha sido aprobada por el Parlamento de Cataluña y por las Cortes Generales, sino también y, con mayor razón aún, por el pueblo de Cataluña a través de referéndum.

Semejante argumento, dejando al margen las magras cifras de participación en el mismo y, por tanto, en su aprobación -legalmente válidas mientras no se establezca un porcentaje mínimo de participación mediante reforma de la trasnochada ley del Referéndum actualmente vigente-, no resulta convincente por dos razones fundamentales. La primera, como señalé ya aquí, porque la Constitución es la primera de las normas del Estado, por encima de todas las demás, y fue aprobada en Cataluña por el cuerpo electoral catalán, además de por el de toda España. Por consiguiente, es claro que un referéndum parcial y limitado para aprobar una ley orgánica o Estatuto, territorialmente acotada, no puede prevalecer nunca sobre una Constitución que fue aprobada por un referéndum de alcance general. Luego no es de recibo contraponer la legitimidad de una ley territorial a la de una institución, como es el Tribunal Constitucional, que fue adoptado en el seno de una Constitución aprobada por todos los electores de España, incluidos los catalanes.

Ciertamente, se arguye también, en este sentido, que el Estatuto aprobado por el cuerpo electoral catalán -y que está vigente desde hace tres años- no puede ser ya amputado por el Tribunal Constitucional, y que éste, por tanto, no debería ejercer el control sobre él. Ya he explicado por qué es así, pero para contentar a los que sostienen esa posición, habrá que recordarles que los Gobiernos del Partido Socialista son los que han provocado este galimatías jurídico que no acaba de desentrañar el Tribunal Constitucional por dos razones.

En primer lugar, porque fue un Gobierno de Felipe González el que derogó un artículo clave del desarrollo autonómico, como era el 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en donde se establecía el control previo de constitucionalidad para los proyectos de Estatutos, antes de que entrasen en vigor. Es más: se hacía una mención especial respecto a los que se exige -según el artículo 151.2 y 3 de la Constitución-, que sean sometidos, una vez aprobados por las Cortes, a referéndum en el territorio de la comunidad autónoma en cuestión.

De esta manera, se conseguía un doble objetivo. Por un lado, que no fuesen declarados inconstitucionales cuando ya estuviesen surtiendo efectos jurídicos. Y por otro, que en el caso de los proyectos de Estatuto del artículo 151, el control debería hacerse, para no defraudar al cuerpo electoral respectivo, antes de que se celebrara el referéndum exigido.

Al suprimirse torpemente este artículo, se estaban sembrando las futuras discordias que hoy ya han germinado. Las consecuencias son que en estos tres años se han aprobado muchas disposiciones de desarrollo del Estatuto, y no resultara fácil, en su caso, dar marcha atrás. Pero si se quiere buscar a los responsables de todo este embrollo jurídico-político, no se debe achacar la culpa al Tribunal Constitucional, sino al PSOE (o PSC), del cual forma parte el presidente de la Generalitat y otros miembros de su Gobierno. Por supuesto, cada uno debe de cargar con sus propios pecados. Pero en ningún caso recaerán sobre el Tribunal Constitucional si, como parece y es lógico, declara inconstitucional el engendro jurídico del Estatuto, inspirado irresponsablemente por Zapatero: primero con una frase que pasará a la historia («Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña» ) y posteriormente alentando también su puesta a punto en unas veladas maratonianas compartidas con Arturo Mas en La Moncloa, donde ambos hicieron mangas y capirotes con el proyecto de Estatuto como si fuese una larga partida de mus y tras las cuales ambos aparecieron como ganadores al margen del Parlamento.

Todos los augurios hacen deducir que la sentencia es inminente, aunque personalmente dudo que a quienes corresponde se les ocurra hacerla pública antes del 13 de diciembre, fecha en la que comienza el concurso de independentismo de muchos pueblos catalanes. Sea como fuere, dentro del Tribunal hay algún magistrado, y no miro a nadie, que se empeña en ir filtrando a la prensa los flujos y reflujos de los interminables debates, lo que es algo gravísimo. Mientras tanto, el singular ministro de Justicia que tenemos ha vuelto a afirmar que el Estatuto es constitucional, porque entre otras cosas «fue aprobado por la mayoría de los representantes legítimos del pueblo español». Se sorprende uno de que este señor sea catedrático de Derecho Constitucional, porque todas las leyes en España son aprobadas «por los representantes legítimos del pueblo español» y, sin embargo, querido ministro, muchas de ellas son expulsadas, en todo o en parte, del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional. Pero da la impresión de que en España los políticos no leen ni conocen la Constitución, que es la norma en donde se contienen las reglas del juego político y que obliga tanto a tirios como a troyanos.

De hecho, con motivo del próximo día de la Constitución, el presidente del Congreso de los Diputados se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios para que se elabore una lista de personajes famosos que lean en la cámara diversos artículos de nuestra Norma Suprema. Me parece una idea loable y, por tanto, quiero simplificarle la tarea al presidente Bono, indicándole los personajes que merecen más este honor: todos los miembros del Gobierno tripartito de Cataluña, empezando por su presidente Montilla, los nueve jueces que han sido nombrados para formar parte del Tribunal Constitucional de bolsillo que se acaba de crear en Barcelona, los dirigentes de CiU y, por último, no vendría mal que leyesen también muchos artículos los miembros del Gobierno de España, empezando, claro está, por su presidente. Tal vez así se acaben enterando todos ellos de lo que dice la Constitución, la cual festejaremos el próximo día 6, cuando precisamente arrecien las amenazas del pronunciamiento catalán.

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LA CATALUÑA DE ZAPATERO. Luis María Ansón.

POR UN PLATO de votos, Zapatero vendió la primogenitura española, cuando, en plena campaña electoral, tuvo una ocurrencia y prometió a los políticos catalanes que respaldaría la reforma del Estatuto de Cataluña, siempre que estuviera votado por una mayoría de relieve. Una macroencuesta demostró que ni al 5% del pueblo catalán le interesaba la reforma estatutaria. Pero los políticos la llevaron al Parlamento regional y la aprobaron por el 85%. Era un Estatuto abiertamente anticonstitucional que los barones socialistas, al llegar el texto al Congreso de los Diputados, acotaron certeramente haciendo que Zapatero se envainara sus promesas. ERC se rebotó. CiU decidió votar que sí, aunque anunció públicamente para que no hubiera lugar a dudas: «Este Estatuto es sólo un peldaño más hacia la independencia de Cataluña». Que se reformara el Estatuto no interesaba ni al 5% de los catalanes y, tras dos años de propaganda y parafernalia, no acudió a votarlo ni el 50%. En una buena parte de las naciones democráticas hubiera quedado deslegitimado. El Estatuto sólo interesaba de verdad a la clase política de Cataluña, que quiere mandar más. Esa es la pura verdad.

Tras la criba del Congreso de los Diputados, los artículos eventualmente anticonstitucionales que permanecen en el Estatuto están pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional que se retrasa y retrasa, acosados los magistrados de forma coactiva y a veces brutal por los políticos catalanes. Entre tanto, la operación secesionista continúa imparable su marcha. Este periódico tuvo el acierto de llevar a su primera página anteayer la creación del Tribunal Constitucional de Cataluña y una soflama del presidente de la Generalidad, el socialista José Montilla, contra la Constitución de todos. Si el Tribunal Constitu-cional de España no se hinca de hinojos ante el espíritu y la letra del Estatuto, vino a decir Montilla, destrozaremos la Constitución.

Ésta es, en fin, la Cataluña de Zapatero. Con la educación y los medios de comunicación en manos de los secesionistas, las concesiones zapatéticas sólo puedan conducir, y en un plazo tal vez no demasiado largo, al desafío final de la independencia. «Se aprobó el Estatuto y aquí no pasa nada», ha declarado varias veces el presidente circunflejo con su inevitable sonrisa. Claro, a plazo inmediato, no pasa nada. A medio y largo plazo sí van a pasar muchas cosas. Están pasando ya.

El problema de fondo, además, no radica sólo en la Cataluña de Zapatero sino en la España de Zapatero. Para algunos de los intelectuales que forman el think tank monclovita, la Historia de España es una vergüenza y la unidad de la nación, inspiradora de la actual Constitución, una desgracia abismal. No sé ahora, porque la presidencia del Gobierno enseña mucho y hay que dar a Zapatero el beneficio de la duda, pero hace diez años la España que tenía en la cabeza el líder socialista era una República confederal formada por los Estados de Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares, Canarias, Gibraltar y Andalucía. El resto es el País Español. Una fórmula, en fin, entre la Suiza cantonal y los Balcanes.

Que los dibujantes de este proyecto de España se van a tropezar con muchas dificultades está claro. Que un país con cinco siglos de unidad nacional tiene mucha capacidad de resistencia, parece evidente. Que Zapatero el embustero caerá algún día, a pesar de las facilidades que le da Rajoy para permanecer, resulta más que probable. Pero también es un hecho que la Cataluña de Zapatero camina hacia la secesión y que, salvo las apelaciones de Rosa Díez, los grandes partidos se dedican a sus intereses electoreros de pitiminí sin el menor proyecto para hacer frente a lo que se avecina.

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ZAPATERO SIENTE "MUCHO RESPETO" POR EL EDITORIAL (LD)

Vidal Quadras: "Rajoy tiene que actuar, las cosas no son normales en Cataluña"

En declaraciones a LD, Alejo Vidal Quadras exige a Rajoy que se quite la venda y pase al ataque político ante "la gravedad de la situación" en Cataluña. Denuncia, además, el clientelismo de los medios firmantes. Zapatero siente "mucho respeto" por el editorial contra el TC.

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LA DIGNIDAD DE ESPAÑA.

De Edurne Uriarte (el 26/11/2009 a las 11:37:30, en Nacionalismo, 11 Visitas)

El editorial ultranacionalista de varios periódicos catalanes es un mazazo tremendo para quienes hemos creído firmemente en el Estado de las autonomías, para quienes siempre hemos defendido la España descentralizada con los más amplios derechos y poderes para sus autonomías. Y es un tremendo mazazo porque las élites de algunas de esas autonomías, las vascas, antes, las catalanas, ahora, se han embarcado en un inquietante proceso de deslegitimación de la España autonómica y de las reglas mismas de nuestro sistema democrático.



Y cuando sectores importantes de las élites catalanas olvidan la sustancia de las reglas democráticas, lo que esté en juego es, quizá, la dignidad de España. La dignidad de España como democracia, como nación política de ciudadanos en los que reside la soberanía. Porque el editorial de los periódicos catalanes o las manifestaciones previas de algunos políticos e intelectuales olvidan la sustancia esencial del debate sobre el Estatuto: que la soberanía reside en el pueblo español, en los ciudadanos españoles. Que no existen dos soberanías confrontadas, Cataluña y España, sino únicamente una, la soberanía de España con sus instituciones correspondientes, el Tribunal Constitucional, entre ellas.



Sabemos que, lamentablemente, los partidos nacionalistas jamás han aceptado esa premisa básica de la democracia. Pero que sectores no nacionalistas, sea el PSC o determinados periódicos, se sumen ahora a esa rebelión contra el Estado quiere decir que se están poniendo en peligro las reglas y acuerdos sustanciales de nuestro sistema democrático y que esto podría llevar a una crisis irremediable del Estado de las Autonomías.



Hay una parte que yo suscribiría del editorial de los periódicos catalanes, aquella donde se dice que “no sólo están en juego éste o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacifica transición”. En efecto, también yo creo que está en juego el espíritu de 1977, pero en un sentido muy diferente al expresado por los periódicos catalanes. Lo que está en juego es el espíritu de esa inmensa mayoría de los españoles que apoyó la Transición y la Constitución y que ahora asiste al abandono de aquellos pactos por parte de algunas élites catalanas. Si se imponen la confrontación y la deslealtad alentadas desde Cataluña, ¿qué nos queda de la España de las autonomías?