CONTRA EL NACIONALISMO.

El Tribunal Europeo contra el nacionalismo

Joan Font Rosselló

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de este verano, desestimando el recurso contra la Ley de Partidos que habían impulsado Herri Batasuna y Batasuna, ha pasado desapercibida para la inmensa mayoría de la opinión pública española. Inexplicablemente. Porque el contenido del veredicto del TEDH no sólo pone en su sitio a los sucesivos brazos políticos de ETA sino que desmitifica todos los tópicos de los que se ha valido el nacionalismo moderado para obtener carta de nobleza en la democracia española.

Algunos siempre hemos sostenido que la legitimidad del nacionalismo en España no se ha debido tanto a sus pedestres ideas (el equivalente en Europa de la derecha populista o la extrema-derecha, como ha explicado muy bien el historiador Ferran Gallego) como a los intereses bastardos de los dos grandes partidos nacionales. El PP y sobre todo el PSOE han tenido especial cuidado en no deslegitimar al PNV, CiU, ERC ó PSM porque sabían que, dada su condición de bisagra que les otorga nuestra nefasta ley electoral, difícilmente podrían llegar al poder sin su apoyo. No ha sido ésta, sin embargo, la única razón. La asunción de la idea particularista por parte de socialistas y populares ha sido la coartada moral para aumentar el poder de sus castas políticas autonómicas hasta convertirse de facto en formaciones confederales o “pseudonacionalistas”. Por no hablar de las actitudes propia y originariamente nacionalistas que poco a poco han ido impregnando su forma de actuar: el victimismo, la interpretación de las críticas del adversario como una conspiración encaminada a su destrucción, el odio feroz al contrincante, la consideración del partido no como una polis pluralista sino como una famiglia con un líder autoritario, etc... El virus nacionalista habría carcomido a los partidos no confesionalmente nacionalistas.

Esta complicidad con el nacionalismo es lo que está detrás del silenciamiento generalizado de la sentencia del TEDH. La sentencia no sólo homologa la Ley de Partidos que considera acorde a los estándares europeos en la ilegalización de partidos, no sólo constata que HB y Batasuna son «instrumentos de la estrategia terrorista de ETA», no sólo respalda las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional que dieron vía libre a la ley que ha permitido ilegalizar a las franquicias etarras, sino que, y esto es lo más importante, va dirigida al mismo corazón de la ideología nacionalista.

La sentencia supone por tanto una deslegitimación en toda regla del nacionalismo, al deslegitimar no sólo los “medios” violentos de los que se valen los radicales en clara connivencia con la banda terrorista, sino también sus “fines” políticos. Hasta ahora la violencia había sido la coartada del nacionalismo moderado para defenderse de los que, a su juicio, queríamos criminalizarles. Una coartada que se manifestaba en lugares comunes repetidos hasta la saciedad como aquel que afirmaba que “todas las ideas son respetables siempre que no se utilice la violencia para imponerlas”. Los nacionalistas moderados se habían refugiado en la dialéctica fines-medios para defender su posición. No en vano, todos los nacionalistas, batasunos y moderados, se lanzaron en 2002 en comandita, recurriéndola sin éxito, contra la Ley de Partidos porque a su entender se criminalizaban las “ideas independentistas”. No hace tanto algunos prebostes del cogollito nacionalista local, Pere Sampol, Joan Lladó y Miquel Angel Llauger, esgrimían los mismos lugares comunes para mostrar su rechazo a la ilegalización de la franquicia de ETA en las últimas elecciones autonómicas vascas, al entender que la pérdida del poder del PNV se debía a una maniobra orquestada por parte del Estado para excluir a más de cien mil vascos que no habían podido votar a sus opciones, ilegalizadas.

La utilización de la violencia (los medios) ha sido lo que ha distinguido hasta ahora a los nacionalistas moderados de los radicales. Mientras el terror se convertía en la única línea de demarcación entre nacionalistas moderados y radicales, se aceptaba mutatis mutandi la legitimidad de los fines y del proyecto político del nacionalismo en su conjunto (fascismo lingüístico, proyecto colectivo que ahogaba derechos individuales, construcción de una comunidad étnica, secesión...). Pues bien, la sentencia del tribunal de Estrasburgo dinamita toda esta filfa argumental puesto que no sólo criminaliza la utilización de la violencia sino que criminaliza también los fines y el proyecto político del nacionalismo, de “todo” el nacionalismo. Esta es la gran novedad, de ahí su enorme trascendencia. El TEDH deslegitima las ideas nacionalistas, las criminaliza, digamos, al entender que son ideas criminales, absolutamente contrarias a los principios éticos y morales que deben prevalecer en una sociedad democrática.

Hasta once veces los magistrados europeos criminalizan la esencia del nacionalismo al entender que encarna (sic) “un proyecto incompatible con las normas de la democracia”, al “proponer un programa político en contradicción con los principios fundamentales de la democracia”, al propugnar un modelo de sociedad “en contradicción con una sociedad democrática”, al defender un "proyecto político contrario en su esencia a los principios democráticos proclamados por la Constitución española".

En conclusión, el Tribunal de Estrasburgo considera que los nacionalistas moderados son pacíficos, pero que la no utilización de la violencia no los convierte en democráticos. ¿Lo captan? El alto tribunal no rechaza las libertades de expresión y de asociación por lo hirientes que resulten las ideas nacionalistas, ni porque persigan "un cambio en las estructuras legales o constitucionales del Estado", ni tampoco porque resulten ser anticonstitucionales. No, lo hace porque considera al nacionalismo como antidemocrático, porque sus fines son ilegítimos y ponen en peligro la esencia de una sociedad democrática.