LA DIGNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN.

LA DIGNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN.

La mayoría de los periódicos editados en Cataluña y otros medios de comunicación se alinearon ayer pública y conscientemente con la estrategia de coacción y deslegitimación desarrollada por el tripartito catalán y CiU contra el Tribunal Constitucional. Un inédito editorial común —titulado «La dignidad de Cataluña»— vertió contra esta institución una larga serie de admoniciones sobre las razones por las que debe avalar el nuevo estatuto, todas ellas relacionadas no con la constitucionalidad de su contenido, sino con el hecho de tratarse de una norma situada al margen del control constitucional en virtud de su carácter pactado.
Pero tal y como se ha hecho moneda de uso corriente en los discursos oficiales de la clase política catalana -que no de sus ciudadanos-, el editorial no se conforma con impartir doctrina histórica y política a los magistrados del TC, sino que incluye la consabida amenaza de una «legítima respuesta» a cargo de la sociedad catalana.

Hora es ya de que los partidos nacionalistas -incluido el de los Socialistas de Cataluña- aclaren cuál va a ser su respuesta. En el pasado fue una violación flagrante de la Constitución republicana de 1931, con la creación en 1934 del «Estado Catalán». Resulta evidente que el problema de los nacionalistas catalanes, reforzados por el socialismo catalán y español, no es el TC, sino la Constitución misma, sea ésta cual sea. La amenaza contra el resto de España forma parte del método histórico de una parte de la clase política catalana, pero todos los españoles, empezando por los propios catalanes, tienen derecho a saber qué van hacer el presidente Montilla, los partidos que lo apoyan y los medios que los secundan, si el TC, en el ejercicio de sus legítimas funciones constitucionales, revisa y anula, total o parcialmente, el texto del estatuto de Cataluña.

Nada dicen, pero amenazan. Por eso resulta cínico que el ultimátum publicado como editorial por los medios catalanes se refugie en un impostado constitucionalismo, que incluso sitúa en primera línea la figura de Su Majestad el Rey -«ahorcado» en una postal navideña por el nacionalismo radical-como excusa de sus diatribas. Es más, tanta apelación falsaria a la Constitución Española de 1978 desvela la raíz misma de las contradicciones insuperables del estatuto de Cataluña y su vicio absoluto de inconstitucionalidad. Si, como dice el ultimátum de los medios catalanes, de la decisión del TC sobre el estatuto de Cataluña dependen, ni más ni menos, «la aceptación de la madurez democrática de la España plural» y «la dimensión real del marco de convivencia español», y tiene «en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España»; si todo esto, repetimos, depende de la sentencia del TC sobre el estatuto de Cataluña, entonces no hay prueba más evidente de que este estatuto encierra una modificación ilegal del orden constitucional de España, y debe ser derogado.

Sólo a través de la reforma de la Constitución, avalada por la voluntad soberana del pueblo español, como sujeto nacional único e indivisible, pueden cambiarse las reglas de la convivencia y los pactos constituyentes. Porque ni el Congreso, ni el Senado, ni el Gobierno -aunque lo presida José Luis Rodríguez Zapatero-, ni el Parlamento catalán ni los ciudadanos catalanes son los titulares del poder constituyente de la Nación española. El desprecio por este fundamento de la realidad nacional de España está en el origen de esta atosigante demanda de privilegios. En todo caso, es de agradecer que, por fin, desde Cataluña se haya hecho un reconocimiento tan explícito de la verdadera dimensión constitucional de lo que debería haber sido únicamente un estatuto autonómico.

«Pacta sunt servanda», dice el editorial. «Los pactos deben ser cumplidos». En efecto, deben serlo con el pleno sentido de la reciprocidad que entraña este aforismo jurídico, que podría complementarse con muchos otros que harían recordar a la clase política catalana que el pacto fundamental que vincula a todos los españoles es la Constitución de 1978. ¿Cuándo han aceptado y acatado realmente los nacionalistas catalanes la proclamación contenida en el artículo 1 de la Constitución, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», incluidos los autonómicos? ¿Respetan el principio de que «la Nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución)? Por supuesto, los pactos deben ser respetados y cumplidos, como el pacto constituyente de 1978, que reconoce la autoridad del TC para decidir qué leyes o estatutos se ajustan o no a la Constitución.

Nuevamente, los estamentos cívico-políticos de Cataluña se aferran al furor identitario haciendo de un proyecto nacionalista y de izquierda, como el del estatuto catalán, la seña de identidad de un pueblo que, ciertamente, ha mostrado su «hartazgo», pero no en el sentido que indican los medios catalanes, participados algunos de ellos por la Generalitat en compañía de quienes son capaces de cuadrar el círculo y defender una cosa y la contraria, en Madrid y Barcelona, en un desdoblamiento de la personalidad editorial contrario a la razón.

El hartazgo es con su clase política, a la que da la espalda con una abstención endémica que supera la de cualquier otra comunidad autónoma. Este déficit democrático sí debería ser motivo de preocupación para quienes abanderan con tanto desparpajo la ortodoxia catalanista, porque mucho tiene que ver con aquel «3 por ciento» que el presidente Maragall espetó a la oposición nacionalista, o con la malversación masiva de fondos en informes ridículos, o con otros episodios de corrupción clavados en la entraña del sistema sociopolítico establecido en Cataluña. ¿Realmente no se sienten desautorizados por los propios catalanes estos portavoces de la esencia catalana cuando abogan por romper la convivencia y las reglas constitucionales en defensa de un estatuto refrendado por un exiguo 35 por ciento de los electores catalanes, mucho menor que el que recibió el anterior estatuto, y menor aún que el respaldo que dieron a la Constitución? A la hora de hablar de legitimidades, deberían hacer un ejercicio de honrada autocrítica.

Es ridículo buscar la singularidad catalana en que, como pretende el editorial, «los catalanes pagan sus impuestos» y «contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre». La mayoría de los españoles con recursos hacen lo mismo, vivan donde vivan, porque el dinero de los impuestos no tiene denominación de origen. Esto es vivir en una nación y compartir derechos y obligaciones. Ningún privilegio debe resultar de cumplir con los compromisos básicos que conciernen a todos los ciudadanos, y menos aún si se buscan a costa del victimismo frente a Madrid, presente, como no podía ser menos en una soflama nacionalista, en la mención a «los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado».

No es digno defender a Cataluña y a los catalanes con estos argumentos rancios y hundidos en los localismos previos a la Ilustración, ni utilizar su cultura -que es tanto la escrita en catalán como la escrita en castellano- como arma arrojadiza. La dignidad de Cataluña está en su pasado, en su presente y en su futuro como parte fundamental de España, en su aportación al progreso del conjunto de la Nación con el dinamismo y la pujanza que han caracterizado su historia, en ser el factor de estabilidad institucional que le corresponde y en aspirar a ser la fuerza motriz de España, no su competidora.

Pero conviene no acortar la memoria. Esta defensa del estatuto, arbitraria en lo político, banal en lo histórico y temeraria en lo social, se funda en la irresponsable decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE de convertirlo en el precio de un pacto político entre la izquierda socialista y el nacionalismo catalán para evitar una nueva victoria electoral de la derecha. Este es el monstruo creado por la ambición política de Rodríguez Zapatero, quien inauguró su mandato hace cinco años diciendo que iba a traer la paz a la política territorial en España. Aquí tiene las consecuencias de haber creído que España era una mercancía a disposición de sus acuerdos de poder. (ABC)
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"FORMA PARTE DE SU PROYECTO"

Mayor acusa a Zapatero de estar detrás de la estrategia para intimidar al TC

Tras el insólito editorial de doce medios catalanes para presionar al TC, Mayor Oreja ha advertido que es Zapatero quien "quiere este debate". En su opinión, esta es la mayor crisis nacional desde la Transición. Rajoy, mientras, no ha aludido al Estatuto más allá de alguna afirmación genérica. (LD)

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ISRAEL VIANA / ÉRIKA MONTAÑÉS | MADRID

Actualizado Viernes , 27-11-09 a las 16 : 57

Defendiendo, como se hacía en el editorial conjunto publicado ayer por doce diarios catalanes, la legitimidad que los ciudadanos de esa Comunidad dieron en las urnas al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía catalán -el llamado «Estatuto del Tinell»-, conviene poner luz (y, sobre todo números) a esas aseveraciones. En el editorial publicado hoy por ABC«La dignidad de la Constitución», se ofrece el dato de que el refrendo del «Estatut» fue respaldado por un tercio de los electores catalanes, mucho menor que el recibió el anterior estatuto y menor aún que el respaldo que dieron los catalanes a la Constitución Española del 6 de diciembre de 1978.

Carta Magna: un 70% de los catalanes

Si comparamos los resultados del referendo de 2006 en Cataluña, con la participación de esta Comunidad en la consulta para aprobar la Constitución, las diferencias son muy relevantes. El 6 de diciembre de 1978 acudieron a las urnas casi un 68 por ciento de los catalanes, es decir, 2.986.790 de los 4.398.178 censados en la Comunidad Autónoma, muy por encima del 40,4 por ciento que se interesaron por lo que se decidía en el referéndum de 2006. Nada menos que casi un 30 por ciento más.

De aquel 70 por ciento que votó, un 90,4 por ciento se mostró a favor de la Constitución y de dar por concluido el convulso periodo de la Transición para entrar, definitivamente, en el periodo democrático. Este porcentaje representa nada menos que a 2.701.870 habitantes, numero también muy superior a los 1.899.563 catalanes que dieron el sí al Estatuto en 2006, sin obviar el hecho de que la población ha aumentado desde entonces en más de 1.100.000.

Último Estatuto de Cataluña

Los referendos de Cataluña y El País Vasco, celebrados el 25 de octubre de 1979, para aprobar o rechazar los estatutos de ambas comunidades, una vez muerto Franco y aprobada la Constitución, obtuvieron una «esperada abstención», que superó en ambas regiones el 40%.

Sin embargo, en lo que respecta a Cataluña, y tras el editorial conjunto de ayer, cabe recordar que de aquel 59,3% restante que acudió a las urnas por el conocido “Estatuto de Sau” –por la localidad barcelonesa en la que se aprobó–, igual de escaso por cierto que hace tres años, los «síes» alcanzaron un 88,15% de los votos, más del 14% por encima que en el último referéndum, y los «noes» un 7,76%, a los que habría que sumar un 3,55% de votos en blanco.

Resultados cosechados por la consulta del 18 de junio de 2006

El presidente de la Generalitat por aquel entonces, Josep Tarradellas, mostraba su «emoción» ante tal acontecimiento, con el convencimiento, dijo, de que se acababa una etapa y se abría «otra más excitante».

Referendo en Cataluña: 1.899.563 catalanes dijeron «sí» al Estatuto del Tinell Portada del periódico ABC del 19 de junio de 2006. Pocas horas después de cerrarse las urnas de la consulta popular en Cataluña, convocada por el líder del PSC, Pasqual Maragall, el periódico ABC ponía el acento en la victoria de la abstención militante. El motivo que había inclinado el titular de protada «Sólo uno de cada tres catalanes apoya en las urnas el Estatuto del Tinell» era la no asistencia a los comicios del 50,59 por ciento de la ciudadanía llamada a votar. De un censo de 5.202.291 personas, que debían decidir los designios de un texto legislativo sobre el que aún pesaba la sospecha de su constitucionalidad, y que representaban a las entonces 7.083.618 personas censadas en la Comunidad catalana, un 49,41 por ciento votó, 2.570.451 personas. De ellos, el 73,9 por ciento dijo «sí» al «Estatut» que sería recurrido por el PP un mes después, pero sobre el que ya habían puesto la voz en grito las regiones de Aragón, Comunidad Valenciana y La Rioja_

Esa tasa porcentual del 73,9 supone que 1.899.563 catalanes fueron (y son, en el caso de que todos mantengan a día de hoy la orientación de su voto) partidarios del desarrollo y aplicación futura del Estatuto autonómico. Maragall azotó ese 73,9 por ciento (Zapatero y Maragall se felicitaron por el resultado e hicieron caso omiso a la alta abstención) como as bajo la manga para que su partido, aunque fue con el candidato José Montilla, ex ministro de Industria, se proclamase vencedor en las elecciones catalanas que se celebraron el siguiente otoño, el 1 de noviembre de 2006.