«Todos los miembros del Gobierno son favorables al Estatuto catalán porque todos lo votaron. Si la sentencia del Tribunal Constitucional lo recorta, todos seremos desautorizados». Con esta lógica aplastante le recordó Miquel Iceta, viceprimer secretario y portavoz de los socialistas catalanes, al PSOE y a José Luis Rodríguez Zapatero que la sentencia sobre el Estatuto no es, ni de lejos, un problema exclusivamente catalán.
Lo hizo tras una reunión de la ejecutiva del PSC que manifestó su «apoyo unánime» a las advertencias lanzadas el día anterior por el presidente de la Generalitat, quien responsabilizó al TC de provocar un cisma social en Cataluña si opta por un severo recorte del texto como el que se ha filtrado en las últimas semanas. José Montilla insistió ayer al advertir de que no renunciará a hacer prevalecer el texto. «No menospreciaremos ni renunciaremos a defender ni alcanzar ninguno de los objetivos del Estatuto que nos tiene que permitir prosperar nacionalmente».
Eso sí, la unanimidad del PSC no incluyó a los dos ministros catalanes del Gobierno Zapatero, Carme Chacón y Celestino Corbacho, ausentes ayer de la reunión en Barcelona. Como tampoco acudió Montilla, ni ningún otro miembro destacado del PSC que no se siente en el Consejo de Ministros, al mitin-espectáculo organizado por el PSOE el domingo.
En este contexto, las proclamas lanzadas ayer por Iceta, empeñado en convencer a propios y extraños de que el problema no es de enfrentamiento entre PSC y PSOE, tuvieron poco éxito. Ante los rumores de un fallo inminente del TC, el portavoz socialista insistió en que «el único culpable» de la situación actual es el PP, tanto por el recurso contra el Estatuto como, sobre todo, por haber «ejercido una presión intolerable» sobre el TC al bloquear su renovación.
«El PP está rompiendo todas las reglas, con una actitud miserable y antidemocrática» aseguró Iceta, quien insistió en que «lo que está en juego es más serio que la relación entre partidos, es el encaje de Cataluña en España y cómo se defiende la Constitución».
Las amenazas del PSC tuvieron la virtud de unir a las fuerzas catalanas tras el «liderazgo» de Montilla, al que ayer el presidente de CiU, Artur Mas, propuso de nuevo un «frente común» ante una sentencia adversa del Constitucional. En declaraciones a Punto Radio, Mas recogió la advertencia del presidente catalán y señaló que lo que debería hacer el gobierno catalán «es tener una estrategia», que instó a pactar entre todos los partidos catalanes. Un «plan B» que para el líder de CiU pasaría por «ir más allá» y reclamar para Cataluña el concierto económico y el traspaso de los aeropuertos.
Ni un paso atrás
«Cataluña no puede dar ni un paso atrás, sino plantearse unos objetivos concretos, muy claros, y que nadie pueda decir que no son posibles dentro de la Constitución», añadió Mas, que puso como ejemplos el concierto o los aeropuertos.
Antes de llegar a ese punto, sin embargo, Mas defendió la posibilidad de que los miembros del TC «se inhiban» y renuncien a pronunciarse sobre el Estatuto para evitar la sentencia desfavorable de un tribunal que, según los nacionalistas e independentistas, «está deslegitimado». Tanto ERC como ICV acogieron con entusiasmo la nueva beligerancia del PSC respecto a la sentencia sobre el Estatuto, que de hecho viene a secundar sus posturas tradicionales.
Recurso previo
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, recordó que es «condición sine qua non de cualquier gobierno acatar las sentencias y más del Tribunal Constitucional. Tendremos que creernos nuestras instituciones», recalcó Cospedal, quien insistió en que su partido acatará la decisión del TC «diga lo que diga».
En este contexto, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció en Punto Radio una propuesta para que se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía, de modo que se acuda a un referendo «con conocimiento de causa».
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En una Monarquía Bananera Confederal, los políticos pueden amenazar al Tribunal Constitucional y no pasa nada. O sí. Más bien pasa mucho. Que no vivimos en un Estado de Derecho. ¿Qué pasará cuando la mayoría de los ciudadanos se den cuenta? ¿O no se darán cuenta?
En fin, así entienden la democracia los catalanistas. Y los partidos supuestamente nacionanles lo permiten. El Gobierno, principal responsable, calladito.
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En una Monarquía Bananera Confederal, los políticos pueden amenazar al Tribunal Constitucional y no pasa nada. O sí. Más bien pasa mucho. Que no vivimos en un Estado de Derecho. ¿Qué pasará cuando la mayoría de los ciudadanos se den cuenta? ¿O no se darán cuenta?
En fin, así entienden la democracia los catalanistas. Y los partidos supuestamente nacionanles lo permiten. El Gobierno, principal responsable, calladito.
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