La matriz del editorial y la intimidación al TC
Vale la pena el editorial de los 12 periódicos catalanes de mayor difusión. Contiene una antología de hábiles falacias que harían las delicias de un seminario de constitucionalistas si en España hubiera Estado de Derecho. Corrijo. Si en España la clase política aceptase someterse al imperio de la ley y al principio de legalidad, no hubiera manoseado el principio de separación de poderes, no interpretase las leyes y también la Constitución con aquella impune arbitrariedad —ora San Antón ora la Asunción— que conviene a sus intereses y componendas partidistas para acceder y mantenerse en el poder o si, tras amañar el nombramiento de los jueces importantes, sobre todo los miembros del Tribunal Constitucional, no fueran esos mismos políticos los primeros en rasgarse las vestiduras, ofendidísimos, al temer que las criadas puedan salir respondonas a sus señores.
Si ese elenco de corrupciones del Estado de Derecho no las padeciese España de luengo, en tal caso el editorial de los doce —no sé si dictado por uniforme— sería un insólito pero intolerable desbordamiento del periodismo fuera de su identidad y servicio informativo y una histórica complicidad con el poder para condicionar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán.
Tal grado de complicidad en la intimidación habría que explicarla o bien en términos de atenuante etílica o en otros más graves, como los que con mucho tino cita Jorge de Esteban al recordar el delito del 508,2 del Código penal, que pena hasta con seis años de cárcel el instruir, ordenar o intimidar a los jueces por parte de las autoridades políticas…y a sus cómplices. La complicidad me parece obvia, porque es contranatural a la libertad de expresión y al pluralismo que los medios catalanes se hayan uniformado, en tiempo cero y velocidad infinita, por obra de la Virgen de Monserrat.
El tufo es que la oligarquía catalana ha pedido a su aparato mediático un toque histérico de corneta. Digan al Tribunal Constitucional que abandone su función de velar por la constitucionalidad de las leyes con la Orgánica del Estatuto, porque los políticos han hecho ya su pacto, han logrado aprobarlo en el Parlament y en el Congreso, y que la soberanía catalana ya tiene vendido el pescado. El editorial uniforme le plantea al Alto Tribunal una alternativa sabrosa de puro contradictoria e ilegal:
o aceptas la constitucionalidad del Estatuto y entonces te aceptamos como Tribunal Constitucional o si declaras la inconstitucionalidad de una parte, no digamos del todo, entonces no aceptamos tu sentencia, porque careces de legitimidad institucional y, además, sacaremos a relucir la historieta de cada nombramiento para desprestigiar a cada juez, y apelando a la ofensa a la dignidad de Cataluña, tomaremos las medidas políticas y sociales adecuadas para imponer dicho Estatuto. Con mejor pluma y manipulación los doce del uniforme han venido a presionar con lo mismo que Montilla y su tripartito vienen coaccionado desde hace semanas.
¿De dónde arranca este embrollo? De la decisión de Zapatero y cómplices de hacer una reforma de la Constitución, en arquitecturas esenciales, por vía estatutaria. Una profunda y taimada deslealtad a la soberanía de todos los españoles. Zapatero y Cía. preveían que los ciudadanos no aceptaría la maquinación confederal catalana y, luego la vasca si tal cambio sustancial de régimen se hacía acatando las previsiones de la Constitución acerca de su reforma, con disolución de las Cortes Generales y referéndum de la nación española. Quizás temieron que, de confesar sus intenciones, les correrían a gorrazos. Así que se hizo por la espalda. No se si a eso se llama “a traición”. (Pedro Juan Viladrich/La Gaceta)
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