MENTALIDAD TOTALITARIA.

La educación sexual del Gobierno, perjudicial para la salud de los niños

La inclusión de dos artículos sobre educación sexual en la Ley del Aborto ha creado una nueva polémica al entenderse que la obligatoriedad de determinados contenidos, además de carecer de evidencia de eficacia, pueden ser perjudiciales para la salud de menores a partir de 11 años.

Javier Cámara

04-01-2010 (El Imparcial)

La tramitación del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la conocida Ley del Aborto, ha suscitado una nueva polémica al inmiscuirse en el ámbito educativo, ya que los artículos 9 y 10 del texto se refieren específicamente a la educación sexual.

El presidente de la Asociación de Bioética de Madrid, ABIMAD, José Jara, ha apuntado a EL IMPARCIAL que “la mezcla de contenidos ideológicos con otros sanitarios sería uno de los principales problemas del modelo de educación sexual que quieren imponer a los menores de 11 años”. Entiende que “esto es mezclar temas, porque en principio se propone como una estrategia de medicina preventiva y, sin embargo, el articulado de la ley habla de otra cosa”.

Un ejemplo, apunta Jara, es que “la ley habla del respeto a la diversidad sexual, que es un término muy difuso porque lo mismo se puede entender la aceptación respetuosa de la homosexualidad como la obligada aprobación moral de las conductas homosexuales, como el sexo oral o el anal y todo lo que se quiera meter en este apartado”. Según el presidente de ABIMAD, nos encontramos así con “un enunciado que en absoluto tiene nada que ver con la salud sexual”.

Igualmente, indica, se habla de aceptar la igualdad entre hombres y mujeres, y que eso debe ser abordado desde la perspectiva de género, lo que ya es, explica José Jara, “un postulado ideológico muy definido. De hecho, las propias manifestaciones del secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, iban en la línea de romper tabúes, objetivo que no tiene nada que ver tampoco con los postulados del Ministerio de Sanidad con la ley”.

Los padres, al margen
Al respecto, la federación España Educa en Libertad denuncia también que “el Ejecutivo pretende con estas medidas dejar a los padres al margen de cuestiones trascendentales para el desarrollo de los hijos, que inciden en el ámbito de la moral y que, por su propia naturaleza, no pueden abordarse en ningún caso de una manera neutra”.

“El Estado —insiste— no puede imponer una visión particular de la afectividad y de la sexualidad a nuestros hijos. Al hacerlo, se entromete de nuevo, como lo ha hecho en el caso de Educación para la Ciudadanía, en la intimidad de los alumnos pues el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal y afecta a los valores y convicciones y, por tanto, a la libertad ideológica y de conciencia”.

“Además —detalla—, al tratarse de menores, está suplantando a los padres en su papel educador, cuando lo que debe hacer es garantizar el ejercicio del derecho que les reconocen tanto la Constitución como numerosas normas de ámbito internacional”.

¿Adoctrinamiento?
“Si no es un nuevo intento de adoctrinamiento desgraciadamente es lo que parece, pero no es que sea una hipótesis, es que no hay más que leerse la ley para comprenderlo porque hay tres puntos de contenido ideológico y dos de intención sanitaria, a nivel de prevención de embarazos o de enfermedades de transmisión sexual”, apunta el presidente de ABIMAD.

Para la secretaria general de la federación de plataformas de padres objetores, España Educa en Libertad, Inmaculada López, “ésta es una nueva intromisión en al ámbito educativo, que se engloba en el proyecto de manipulación de las conciencias y de ingeniería social que justifica la implantación de Educación para la Ciudadanía”.

A este respecto, desde Profesionales por la Ética, destacan que “es evidente que en el campo de la educación sexual y reproductiva no existe un consenso social. La carga moral e ideológica connatural a esta materia hace imposible que su transmisión sea neutral. Por tanto, impartir determinados contenidos obligatorios en esa materia implica imponer una antropología y moral concreta que no todos los ciudadanos comparten”.

Consecuencias para el chico o chica
Sobre las consecuencias que puede tener la nueva educación sexual desde los 11 años, ABIMAD cree que carece de evidencia de eficacia y puede ser perjudicial para su salud. Para el máximo responsable de la Asociación de Bioética de Madrid “esto es como un experimento social porque a estas edades no se sabe exactamente que consecuencias puede tener”.

Añade que “la evidencia científica, lo que dice es que estas intervenciones son de resultado incierto, o sea, que pueden ser favorable o desfavorable”. Por eso, insiste, “no tiene sentido meterlas como medidas de obligado cumplimiento a la población en general. Es, desde luego, experimentar con los menores”.

En cualquier caso, el presidente de ABIMAD afirma que “fomentar la masturbación, como hemos visto en la Junta de Extremadura, puede dar lugar a un interés disarmónico con el desarrollo emocional de los menores a esas edades”. Señala que este “puede dar lugar a neurosis, por lo que es provocar de alguna manera que los menores sean carne de psiquiatra más adelante”.

Así, esta asociación entiende que comenzar a hablar de Educación Sexual a edades demasiado tempranas como los 11 años puede desajustar el desarrollo psicoafectivo de la infancia estimulando de modo precoz una curiosidad disarmónica con el desarrollo emocional. Esta medida puede dar lugar a una mayor precocidad en el inicio de las relaciones sexuales consiguiendo un efecto boomerang sobre los objetivos de salud sexual que se pretenden alcanzar. Por ello, esta medida, sin respaldo en la literatura científica, se podría considerar contraproducente y nada deseable.

Insiste en que la puesta en práctica de esta educación de tipo sexual “puede, desde luego, desarrollar un interés por la pornografía en Internet y por el acceso a contenidos pornográficos fuera de lugar”. Opina que “es una incógnita, no se sabe lo que va a pasar. Es una especie de experimento social”.

Falta de información
Además, José Jara recuerda que las consecuencias son imprevisibles, “entre otras cosas, porque todavía no se conocen los contenidos, ya que el Ministerio todavía no los ha definido”. Por esto, espera que en el desarrollo de la ley se expliciten “porque si no va a quedar al arbitrio de lo que quiera enseñar cada persona que quiera dar las clases, que, además, según han dicho, va a ser personal ajeno a los centros”.

En el proyecto legislativo no se especifica cómo van llevarse a cabo estas medidas para, como dijo la Ministra de Sanidad, no “introducir polémica antes de que la estrategia se complete”, coincide la secretaria de España Educa en Libertad.

“Hasta el momento —explica Inmaculada López —, lo poco que ha podido saberse es que se obligará a todos los centros educativos a impartir educación sexual a todos los alumnos desde los 11 años y que estas enseñanzas no serán proporcionadas por los profesores, sino por personal sanitario ajeno al centro, designado por la Administración”.

Campaña dirigida a los padres
El presidente de ABIMAD tiene claro qué es lo que se debe hacer: “En primer lugar, dirigir mensajes a los padres, que son los primeros orientadores familiares, los primeros responsables, y hasta ahora no se ha hecho una campaña de salud sexual en este sentido”.

Explica que “sí se han hecho campañas dirigidas a los padres en el tema de las drogas y del consumo de alcohol y, sin embargo, en el tema de la sexualidad no se ha enviado ningún mensaje” y por eso cree “que este es un planteamiento que hay que reenfocar totalmente”.

No puede ser obligatoria
Para terminar, si finalmente se decidiera introducir la educación sexual en los colegios, José Jara cree que “debería ser absolutamente voluntaria y, por supuesto, con conocimiento de los contenidos por parte de los padres”.

Más rotundos se muestran desde Profesionales por la Ética, que concluye: “Los contenidos de educación sexual dirigida a menores no pueden tener carácter obligatorio. Si fueran, sería absolutamente ilegal y los padres, con todo derecho, podrán oponerse a que sus hijos la reciban en los centros educativos. Estos mismos centros podrán y deberán defender su derecho al ideario propio”.