EL GOLPE DE GRACIA CONTRA MONTESQUIEU.
Sabido es que la izquierda nunca ha visto con buenos ojos esa invención burguesa que es la separación de poderes. Por eso, siempre que alcanza el poder, ingenia mecanismos para volver a concentrarlos en torno al Ejecutivo. Lo hizo Felipe González en 1985, cuando enterró la independencia del Consejo General del Poder Judicial, y lo vuelven a hacer Zapatero y Rubalcaba con el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las novedades más relevantes de esta reforma en lo que atañe al Estado de Derecho son dos: por un lado, la investigación del proceso penal deja de estar en manos de los jueces de instrucción y, por otro, el ejercicio de la acción popular queda seriamente limitada.
En cuanto a lo primero, el PSOE ha tratado de justificar que el fiscal ostente el monopolio de la investigación alegando que, de este modo, nuestro sistema judicial se aproxima al estadounidense, donde, en efecto, es éste quien dirige las pesquisas. Claro que existe una diferencia no menor entre Estados Unidos y España: allí los fiscales son independientes, al ser elegidos por los ciudadanos; aquí, en cambio, dependen jerárquicamente del fiscal general del Estado, escogido a conveniencia por el Gobierno de turno.
Produce escalofríos pensar qué habría ocurrido con el caso del Bar Faisán de haber quedado la instrucción en manos del Ejecutivo socialista.
Erradicada la autonomía de esclarecimiento y fijación inicial de los hechos, parecería que el Ejecutivo ya no puede ponerle muchos más palos a las ruedas de la justicia. Pero, por desgracia, sí es capaz: la limitación de la acusación popular –restringida ahora a los delitos públicos en los que el juez aprecie un interés legítimo, y sólo si fiscal y víctima no piden el sobreseimiento– también supone una nueva vuelta de tuerca a la impunidad de una casta política a la que no le interesa someterse al tercer poder.
En un país con auténtica separación de poderes, es posible que muchas de las disposiciones de la presente reforma sirvieran para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema judicial. En España, donde casi todo el poder ya emana del Ejecutivo, supondrá el último clavo en el ataúd de Montesquieu. (ld)
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