¿MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS?

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  ¿HA HABIDO MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS?
  A medida que se van conociendo los manejos financieros del Pacto de Progreso en las instituciones que ha gerenciado se patentiza, no sólo el caos y arbitrismo en el manejo de los caudales públicos, sino algo peor: el reealganismo en el destino de unas cuantiosas cantidades que han beneficiado a amigos políticos o ideológicos. Por esto la gran y reiterada pregunta ha sido: ¿A dónde han ido a parar todos estos millones de euros que, entre otras cosas, han provocado un endeudamiento brutal e inédito en nuestra comunidad autónoma?

• Esta pregunta no respondida debe completarse con otra igualmente importante: ¿han ido a parar los caudales públicos allí donde debían? Por ejemplo, la ministra Salgado otorga veinte millones de euros para el Palacio de Congresos. Sin embargo, Acciona no cobra y, de hecho, paraliza las obras o las mantiene al ralentí. ¿A dónde han ido a parar estos veinte millones? Nuestros fiscales anticorrupción que, con tanta alegría e irresponsabilidad, husmean como perros de presa trasvases dinerarios, a veces con hipótesis sencillamente demenciales, además de falsas, no parecen prestar atención   a un eventual e interesante tipo penal como es el del artículo  433 que se refiere a “la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos  los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones” como autor material de malversación de caudales públicos. Y es que este interesante tipo penal apunta, no a la malversación con ánimo de lucro de la autoridad o funcionario o terceros- como exige el artículo 432- sino al desvío de unos fondos afectados a una finalidad concreta que no es la prevista y adecuada.

• Para que el lector se haga una idea, los dos ítems   definitorios de este ilícito penal giran en torno a dos conceptos: el de función pública y el del destino de los fondos desviados. La  función pública desparece como tal cuando la autoridad o funcionario no se comporta de acuerdo con las reglas y principios que la definen, destinando a fines no previstos, en el marco presupuestario o en la naturaleza de los dineros afectados, los caudales públicos. De ahí que, de acuerdo con la doctrina,   cabe subsumir, en el supuesto de malversación definido por el artículo 433, el comportamiento arbitrario de la autoridad o funcionario que, abusando dolosamente de su condición y función, viola la correcta asignación de los recursos en beneficio de terceros o de nadie que, a los efectos, da lo mismo. Es lo que, jurídicamente, se califica como modalidad típica en la perpetración del ilícito penal descrito en al artículo 433. Para entendernos, si de los veinte millones destinados al Palacio de Congresos se destinaran varias partidas para retribuir, por ejemplo, a los amigos de la Obra Cultural Balear, estaríamos, en teoría y salvo superior criterio, ante un caso típico de malversación, con el agravante lógico de los perjuicios a terceros- Acciona en este caso- y la cooperación del extraneus que es el que se beneficiaría de la incorrecta actuación de la autoridad o funcionario. En este hipotético caso, la cosa sería más grave y entraría en juego, no el artículo 433, sino el bastante más serio artículo 432. El fiscal Horrach- que es un fan de la figura del extraneus- tendría ahí un interesante campo de investigación. No investigará nada, claro.

• En resumen y reiterando las preguntas. ¿A dónde han ido a parar los dineros repartidos con munificencia e irresponsabilidad por parte de Antich, Armengol y Calvo? Y, sobre todo: ¿han ido a parar allí dónde debían? (Antonio Alemany/LB)