DOS VARAS DE MEDIR.
Los trapos sucios de personas vinculadas al PP madrileño que han salido a la luz tras destaparse el caso “Gürtel” han tenido un eco mediático sin precedentes. Algo similar a lo acontecido en Valencia con los trajes de Camps, en relación al mismo sumario.
Pero da la sensación que los sucesos de Cataluña, donde destacados personajes estrechamente relacionados con CIU y PSC han sido detenidos en el transcurso de la operación “Pretoria”, pertenecen a otra esfera informativa que merece tratarse con un perfil más bajo. Buena prueba de ello es la exquisita delicadeza con la que los medios catalanes y los habituales de ámbito nacional están tratando este asunto.
Es muy posible que de ser otro el partido implicado -el PP, pongamos por caso-, el seguimiento por los de siempre sería masivo. Pero no es el caso. PSC y CIU están salpicados por un escándalo que puede alcanzar cotas mayúsculas, casi tanto como las silenciadas “comisiones del tres por ciento”, de las que nunca más se supo…hasta ahora, claro.
Es lo que ocurre con las sociedades, como la catalana, anestesiadas ante una clase política dominante que no vacila en mirar hacia otro lado con tal de mantener el statu quo de impunidad reinante, y que considera toda crítica como un ataque frontal contra Cataluña. Si grave es “Gürtel”, tanto más lo es “Pretoria”. En ambos casos ha habido comportamientos deplorables. La diferencia es que con el primero ha habido una auténtica cascada de filtraciones interesadas -algunas ciertas y de una gravedad evidente; muchas otras manipuladas y falaces- mientras que en este segundo caso se ha respetado escrupulosamente el secreto del sumario.
Como debe de ser. Pero en todos los casos. Las filtraciones son un delito -artículos 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 198 del Código Penal- que puede acarrear penas de cárcel. Si a ello se añade la evidencia de que las mismas aparecen sistemáticamente medidas y dosificadas con precisión y oportunidad políticas en medios afines al Gobierno, al delito se añade el agravante probable de que algún funcionario está usando y abusando de medios públicos con fines partidistas. La corrupción es corrupción, provenga de donde provenga, y todos sus implicados merecen la misma consideración, con independencia de las siglas políticas bajo las que se amparen. Con “Pretoria”-justo es reconocerlo- el juez Garzón, independientemente de otras consideraciones profesionales, se ha acreditado la independencia de que hacía profesión en una conferencia reciente. Ahora sólo le falta perseguir y encausar a los delincuentes que han montado la trama de filtraciones. (El Imparcial)
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