RAJOY EN ACCIÓN

 

EN GERONA CONFÍAN EN QUE RAJOY NO HARÁ NADA.

El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permite al Consejo de Ministros "proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en los supuestos de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". 

Pues bien, parece evidente que los miembros del pleno del Ayuntamiento de Gerona deben confiar muy firmemente en que el Ejecutivo de Rajoy no ejercerá estas facultades, ni tampoco instará a la fiscalía a actuar en el ámbito penal, desde el mismo momento en que han votado favorablemente una resolución que respalda, nada menos, que la insumisión fiscal contra la Hacienda del Estado Español. 

La moción, presentada por la agrupación separatista de la CUP, ha sido aprobada gracias también a los votos favorables de ICV y a la abstención de CiU y PSC. Los únicos votos en contra han sido los del PP.

Es probable, efectivamente, que desde el gobierno de la nación no se responda a este gravísimo desafío contra el ordenamiento constitucional vigente, bien por que se le quite importancia, bien porque lo consideren un mero "brindis al sol" sin mayores consecuencias. De hecho, la única reacción en el ámbito nacional acorde a esta rebelión institucionalizada sin parangón en ningún otro país civilizado ha sido la de la dirigente de UPyD, Rosa Diez, quien ha preguntado al presidente del gobierno si "va a hacer algo" al respecto y si "la Constitución va a seguir estando vigente en Cataluña".

En cualquier caso, conviene recordar que en algunos aspectos la Constitución ha dejado de estar vigente en Cataluña desde hace mucho tiempo. Así lo ejemplifican la celebración ilegal de no pocos referéndums de autodeterminación, o la inconstitucional y vigente inmersión lingüística que erradica el español como lengua vehicular en la enseñanza catalana, o los acuerdos de investidura de Mas, quien logró la abstención del PSC a cambio del compromiso público de hacer caso omiso a la entonces reciente sentencia del Tribunal Supremo que amparaba el derecho de los catalanes a estudiar también en español. 

En este sentido, la insumisión fiscal, aprobada en el Ayuntamiento de Gerona, o el no menos reciente apoyo "jurídico e institucional" que el gobierno de Artur Mas acaba de ofrecer a los ayuntamientos que retiren la bandera de España de los edificios oficiales nos son más que nuevos pasos en la tarea de demolición de nuestra nación entendida como Estado de Derecho; pasos que los nacionalistas han dado en la confianza, muchas veces confirmada, de que quienes tienen que impedirlo no harán nada
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El tiempo dirá si, también en este caso de la insumisión fiscal, esa confianza nacionalista está fundada. De lo que no debemos tener ninguna duda es de que si los nacionalistas pinchan y notan blando seguirán profundizando. (edit.ld)