VÓMITOS. CAT

 






TIEMPOS ENVENENADOS.

La actitud del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) enmendando la plana al Tribunal Supremo (TS) sobre la inmersión para pasar desapercibido en el paisaje catalanista sin irritar, plasma, como ninguna otra evidencia, la sumisión de la sociedad catalana al acoso moral del nacionalismo. Ni un resquicio por donde respirar, hasta el último rincón cívico es subvencionado si pertenece a la manada, sofronizado si está en edad escolar, jaleado por sus medios de comunicación y amedrentado si ofrece resistencia; en cualquier caso, advertido. Nada se escapa a su control.

Sin hacer un alarde semiótico del Auto del TSJC, su simple lectura provoca vergüenza ajena. La interpretación forzada que hace de la sentencia del TC en la que instaba al Gobierno de la Generalidad a devolver el estatus de lengua docente al castellano junto al catalán, denota un esfuerzo bochornoso por hacerle decir a la sentencia lo que no dice para hacerle decir lo que la presión nacionalista deseaba. Uno tiene la sensación ante tanta cobardía ética, que está ante ese tipo de tesis históricas interesadas, que primero se inventan y después se buscan los argumentos para justificarlas.

Llevo toda una vida denunciando estas cobardías de campanario. Volver sobre ello es redundante y tedioso. Sísifo, déjà vu. Todo está asumido, el mangoneo de los políticos, la comodidad del ciudadano tipo; pero uno esperaba que un Tribunal de Justicia estuviera a la altura. Ni separación de poderes ni gaitas. Todos en el mismo lodo. A los hechos me remito. El Auto del TSJC, que tenía la responsabilidad de ejecutar la sentencia ante la negativa del Gobierno de la Generalitat a cumplir con el mandato del TS para que introdujera el castellano como lengua docente junto al castellano, ha permitido al Gobierno nacionalista seguir excluyendo al español como lengua docente, ha permitido pervertir el derecho de las familias recurrentes a su derecho de estudiar en castellano mediante el cambiazo de la atención personalizada, y por primera vez (al menos hasta la definitiva sentencia del TS, ahora pendiente), el nacionalismo puede decir con propiedad que un tribunal ha avalado la inmersión lingüística. 

Por primera vez, nunca antes tribunal alguno se había atrevido a semejante atentado contra la letra y el espíritu de nuestra Constitución. Aunque a decir verdad, lo hace de forma indirecta, sin avalar la inmersión, pero tampoco desautorizándola; no podía ser de otra manera si no quería entrar en contradicción flagrante con el TC y el TS. Pero esas manos de Pilatos sirven para que el nacionalismo siga afirmando que el modelo de escuela catalana en lengua y contenidos no ha sido derrocado porque el auto limita el derecho a estudiar en lengua española únicamente a los padres recurrentes,  dejando fuera de la obligación "al entero sistema de enseñanza de Cataluña".

Parece que para el TSJC, el que el fundamento jurídico séptimo  de la sentencia del TS sentencie: “En consecuencia la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adoptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, no  le parece suficientemente claro.  

Como no le parece claro el Fundamento jurídico 10 de la STC 337/1994 donde se fundamentan las sentencias de 2010 del TS: "Es legítimo que el catalán, en atención al objeto de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma".

Y como no le parece suficiente claro al TSJC, se atreve a tirarle de las orejas como si el Alto tribunal fuere un estudiante extralimitándose en sus funciones, a la vez que escurre el bulto para no hacer cumplir la sentencia al Gobierno de la Generalitat: "Pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del alto Tribunal, un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña, (…) es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del Fallo por otro, y superior, Tribunal".

Como ven, enmenda la plana al TS, cuando su potestad se limitaba a ejecutar la sentencia, no a juzgar lo sentenciado en última instancia por un tribunal superior, ni a reinterpretar lo sentenciado en contra, incluso, de su propia decisión de hace siete meses instando a la Generalitat a adaptar el sistema educativo a la conjunción lingüística como había sentenciado el TS. Lo único que le salva, es que será el propio TS quién volverá a tener la última palabra para aclarar definitivamente la sentencia.

Quizás lo más bochornoso, una vez ha reconocido el derecho de los recurrentes a la enseñanza en castellano,  haya sido que de lo concluido por su auto, se colige que, para disfrutar de un derecho constitucional, se ha de recurrir a los tribunales de justicia para hacerlo efectivo. Una barbaridad jurídica impropia de un Tribunal y la evidencia de su claudicación ante las presiones políticas del nacionalismo.

Acataremos la sentencia, pero no cejaremos hasta devolver a la ley lo que sus responsables han renunciado a preservar. Esta batalla dura ya 30 años de mentiras, exclusiones y desacatos. Aún queda el TS. Pero en el mejor de los casos, el TSJC habrá permitido al nacionalismo disponer de su más querido argumento, el victimismo: Los tribunales de Madrid nos roban lo que nuestros tribunales nos garantizan. 

Y vuelta a la "puta España", y a "España nos roba", y a volem bisbes catalans, tribunales propios, y a la sumisión fiscal, al derecho a decidir, y, no soy independentista, pero la cerrazón centralista me ha hecho así… Una retahíla de agravios sin fin. Los últimos, la tramitación de ley de consultas y la insumisión fiscal del Ayuntamiento de Gerona con la complicidad del mismo PSC. 

Es hora de que el PP y PSOE dejen de tratar estas cuestiones como pataletas coyunturales del nacionalismo radical. Deben afrontar lo evidente: los desafíos del nacionalismo no son un juego, son una estrategia para erosionar día tras día los lazos emocionales, económicos y políticos con España y crear cada vez mayor resentimiento contra su unidad. Con la calle resentida por tanto agravio, la Ley de Consultas servirá para confrontar la legitimidad del Estado con la legitimidad emocional del pueblo de Cataluña. Es el tiempo de los demagogos. Será difícil explicar lo evidente.

A esta altura de la película, no verlo y no actuar en consecuencia, es de cómplices. (Antonio Robles/ld)