ECONOMÍA SOSTENIBLE.

¿SIRVE PARA ALGO EL PROYECTO DE LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE?

Comencemos por señalar que España padece en estos momentos el impacto de lo que pudiera ser considerada como la coyuntura más grave de su historia. Se entremezclan cuatro crisis que se impulsan las unas a las otras.

Una es la crisis inmobiliaria;

otra, la de la carencia de competitividad en una economía abierta;

otra, la originada por pertenecer a una comunidad económica, la Eurozona, con una moneda de muy alta cotización;

finalmente, una crisis internacional, que hunde clientes y perturba al interbancario y, ampliamente, a toda la comunidad crediticia.

Era necesario actuar, y se dijo que para eso se presentaba este Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Cuando se le estudia detenidamente, en sus 137 artículos, nueve disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, cuarenta y dos disposiciones finales y una disposición derogatoria, y se busca, casi habría que decir con agobio, de qué modo todo ese conjunto dispositivo puede, con urgencia por un lado, y por otro, alterando radicalmente nuestra estructura económica, nos encontramos, con que, incluso en los artículos 1º, 2º y 3º todos esos deseos quedan ya muy esfumados, porque incluso, aunque sean santos y buenos en momentos de prosperidad, ahora son contraproducentes.

Por ejemplo, todos los planteamientos medioambientales del conjunto del Título III. Concretamente, éste significa una complicación más para la actividad económica. En realidad hay que calificarlo, tras su lectura, de freno con cierto ambiente en el mundo de los ecologistas, pero al fin y al cabo freno a la recuperación económica. Debo agregar que es dudoso que impulse la actividad constructora lo que se dispone en los artículos 133 y 134 referidos a la política de la vivienda. El cambio no se produce de momento porque ni la política del suelo se aclara por dónde va a ir, ni tampoco ayuda nada la realidad crediticia, cuestión ésta que parece que no preocupa al legislador, quizá porque no atina a ver solución alguna.

Pero con este larguísimo articulado se crean nuevos organismos, como el Fondo para la Economía Sostenible, amén de una maraña de disposiciones que afianzan un intervencionismo creciente. Por ejemplo, léase el anexo a la Disposición Adicional Octava con “los datos para el cálculo de los costes de utilización de los vehículos de transporte por carretera durante su vida útil”. Disposiciones muy reciente, como la Ley 30/2007 de Contratos del sector público se alteran de arriba a abajo, puede que porque se haya legislado muy mal, pero su impacto sobre la coyuntura inmediata no se adivina. Y ésta se agrava por momentos y por momentos exige alivio.

Sólo se salva, a mi juicio, de todo ese maremagnum, la Disposición final séptima, que modifica la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores, que sí afecta a posibles prácticas capaces de complicar la coyuntura. Claro que eso podría haberse regulado, rectificando todo lo que se rectifica, de otro modo.

Evidentemente, multitud de las acciones propuestas, buenas o malas, se llevarán a cabo dentro de bastante tiempo, y esta disposición que se comenta, sin embargo, debería ser para que su acción fuese inmediata. Al contemplar, pues, todo lo dicho, da la impresión de que con el pretexto de la crisis y su solución se ha convocado a todo un conjunto de departamentos ministeriales para que enviasen aquellas reformas administrativas que juzgasen oportunas. Se las yuxtapuso, sin formar ningún cuerpo orgánico capaz de enfrentarse seriamente con la coyuntura, y nada más. Por eso creo imposible que nadie, así, nadie, crea que de este conjunto iba a salir un cortafuegos ante la crisis. Tiene que haberse elaborado con otros fines, que un economista es incapaz de comprender. ¿Quizá como consecuencia de aquello que escribió Gustavo Bueno en “El mito de la izquierda” (Ediciones B, 2006):

“Lo más penoso es contemplar cómo el destino de alguna corriente de izquierdas definida parece circunscrita, en la Democracia, a la tarea de apropiarse, aunque sea temporalmente, del poder político”?

(El Imparcial)