IMPUESTO SOBRE EL ÉXITO.
ANDALUCÍA es la autonomía española con más altos cargos —sólo los delegados provinciales de la Junta suman más de cien— y Extremadura, la de más funcionarios por habitante; en ambas comunidades vive también el mayor número de trabajadores subsidiados. El parque móvil andaluz suma unos 1.200 coches oficiales, y el gobierno regional mantiene en el exterior —en esto le ganan Cataluña y Valencia— 22 oficinas de representación con cometidos poco claros. Uno de cada cinco empleados extremeños trabaja para la Administración. Un sector público sobredimensionado tutela —causa y efecto— la mortecina actividad de los dos territorios menos desarrollados del país, gobernados desde hace treinta años por un mismo partido que ha echado en ellos las raíces de sendos regímenes hegemónicos.
Para mantener todo ese tren de gasto clientelista, y sobre todo para enarbolar un falso discurso redistributivo, las autoridades autonómicas han decidido incrementar de uno a tres puntos el IRPF de sus élites burguesas, estableciendo un impuesto adicional progresivo a partir de los 60.000 y 80.000 euros de renta. Un impuesto sobre el éxito que gravará a los escasos profesionales —alrededor de 30.000 en total— que han logrado saltar la barrera del adocenamiento burocrático.
Estos son los «ricos» que identifica el PSOE: no empresarios ni terratenientes, casi todo ellos también subvencionados, sino asalariados de cierto nivel, directivos de empresas, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, catedráticos universitarios. Se trata de pasar la factura política del ajuste —porque la recaudación cuantitativa será insignificante— a las clases medias altas, a los ciudadanos que han logrado a base de estudios, esfuerzo y superación situarse en un nivel de ingresos ligeramente desahogado, a la tenue masa crítica que emerge por encima de la mediocridad general de unas sociedades subsidiadas. Al ejecutivo que logra buenas cifras productivas, al jurista que gana pleitos, al especialista que ha establecido una consulta de prestigio. A la gente que ha invertido dinero y años en desarrollar su formación y no se ha conformado con el puestecito oficial, a la que aporta valor añadido en comunidades uniformadas por la resignación y la dependencia.
Esa es la mentalidad socialdemócrata en estado puro, la del arrinconamiento inclemente de cualquier intento de sobresalir en el marasmo. Una especie de anatematización del progreso individual destinada a satisfacer el instinto popular de la envidia. El mundo gris de un pseudoigualitarismo sectario: un ejército de mediocres burócratas en coche oficial dedicados a desalentar y estigmatizar la excelencia independiente. (Ignacio Camacho/ABC)
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