MERCADO LABORAL.

UNA REFORMA DESENFOCADA.

Todo lo que signifique liberalizar el mercado de trabajo español ha de ser bienvenido y, en este sentido, los planes de reforma laboral que baraja el Gobierno avanzan en la dirección correcta. Lo malo es que avanzan muy poco y con el foco desviado, con lo cual, en la situación actual, puede que su puesta en práctica no sirva de mucho.
El primer problema de los planes del Gobierno es su filosofía. Ésta se sigue centrando en proteger al trabajador, aunque reduzca algo esos niveles de protección, sin tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que la reforma debe hacerse para ofrecer una nueva oportunidad de empleo a los millones y millones de personas que lo han perdido y la posibilidad de acceder a su primer puesto de trabajo a ese casi 50% de jóvenes en paro. En este sentido apenas se avanza debido a la segunda cuestión, que es que, al final, aquí lo que no se está teniendo en cuenta es la realidad de la empresa española, que es, en última instancia, quien crea empleo, y si no le facilitan las cosas, no lo va a poder hacer.

España es un país de pymes. Éstas suponen más del 90% de nuestro tejido empresarial y entre ellas predominan claramente las microempresas –compañías con cinco o menos trabajadores. Y son también las responsables de más del 80% del empleo en nuestro país. Por tanto, en cualquier reforma del mercado de trabajo son las empresas, y no los trabajadores, quienes deberían ocupar el centro de la misma, cosa que hasta ahora no se ha hecho, ni este Gobierno va a hacer, lo cual es un gran error. En este sentido, está bien que el Ejecutivo clarifique las causas económicas del despido, especificando que cuando la empresa atraviese por dificultades tan sólo pague una indemnización de 20 días por año trabajado. Esto puede resolver el problema de supervivencia de muchas de ellas, siempre y cuando los jueces quieran aplicar la norma, porque los magistrados de lo social son muy dados a ir por sistema en contra del empresario y a favor del trabajador sin atender a demasiadas razones. Pero lo que no se arregla con esta medida es el problema de la creación de puestos de trabajo.

Hoy por hoy, las pymes se resisten a incrementar su plantilla, aunque lo puedan necesitar, porque ante lo incierto del panorama, ante una crisis como la actual, muy profunda y que se adivina que va a ser muy larga, no quieren correr el riesgo de encontrarse con un sobrecoste si las cosas se tuercen y no salen los planes. Un sobrecoste, además, que se incrementa con las indemnizaciones por despido si éste no es considerado objetivo; con lo cual, antes de contratar a más personas, optan o bien por ofrecer más horas extras a sus trabajadores, o bien por seguir utilizando de forma masiva el contrato temporal para evitarse problemas.

Las medidas que propone el Gobierno no resuelven esta cuestión simplemente porque no abordan plenamente el abaratamiento del coste del despido. Lo de los 20 días si la empresa lleva seis meses en pérdidas, como ha afirmado Corbacho, está bien, pero no basta, como tampoco resulta suficiente el contrato con despido de 33 días para incentivar la conversión de los contratos en indefinidos por la simple y sencilla razón de que sigue siendo un despido caro, en especial en las circunstancias actuales. En otras, como las de finales de los 90, fue muy útil, pero aquellos eran años de intenso crecimiento económico y los actuales son tiempos de recesión y estancamiento.

Lo mismo cabe decir con relación a la contratación de jóvenes sin experiencia. Al no abordarse la reducción de su salario de entrada y al haber tantos millones de parados con experiencia y cualificación acreditadas, los jóvenes no tienen apenas oportunidades. Y eso tampoco se aborda en la propuesta del Ejecutivo.
Con la descentralización de la negociación colectiva ocurre tres cuartos de lo mismo. En un país de pymes como el nuestro, hay que acercarla lo más posible al nivel de la empresa, con el fin de que se adapte a su verdadera realidad. Sin embargo, eso implicaría recortar drásticamente el papel de los sindicatos y su poder a nivel nacional y, por tanto, ni éstos quieren ni oír hablar de ello, ni el Gobierno se atreve a provocarlos introduciendo semejante medida, por muy débiles que estén ahora UGT y CCOO.

Sin estos elementos, u otros, como la potenciación de la movilidad geográfica, todo lo que se haga no son más que parches o pequeños avances, sin que se ataquen de verdad las auténticas raíces del problema, que no son otras que el énfasis en la protección al trabajador que se pone en la regulación laboral, olvidando que por muy importante que sea la defensa de los derechos de los trabajadores, nunca habrá empleos si no hay empresarios que se esfuercen y se arriesguen por sacar adelante una idea convertida en empresa, que es la que crea puestos de trabajo. Ellos son los que deben estar en el centro de cualquier reforma laboral, y más aún en las circunstancias actuales porque sin más empresa nunca saldremos de la crisis, con todo lo que ello implica, y menos aún si los socialistas insisten en subir y subir los impuestos en lugar de renunciar a tanto derroche de dineros públicos tanto por parte del Estado como de las autonomías. (Emilio J. González/LD)