domingo, 26 de mayo de 2013

REGULACIONES.










REGULACIONES.

(Se oyen y se leen muchos comentarios que dicen que una de las causas fundamentales de la crisis económica que padecemos se debe a una falta de regulaciones estatales que fue aprovechada por el ‘capitalismo salvaje’ para especular como locos y hundirnos en la miseria.

 Por si le interesa, lea lo que sigue y vea si debe seguir creyendo que lo que falta -y lo que ha faltado- son regulaciones estatales.)

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HIPERTROFIA LEGISLATIVA REGIONAL.

Imagínese una carretera de 210 kilómetros de papel. Ésta es la longitud (virtual) que alcanza cada año la regulación administrativa a nivel regional, unos 700.000 folios de Diarios Oficiales Autonómicos.

Su volumen no ha dejado de crecer desde 1978 y casi multiplica por 14 el número de páginas que produce anualmente la normativa estatal. Y sus efectos se dejan notar, y mucho, sobre la economía nacional, ya que esta exagerada reglamentación resta productividad y capacidad de innovación al sector privado (empresas y trabajadores).

Así lo demuestra un reciente estudio del Instituto de Empresa (IE) elaborado por los profesores Francisco Marcos y Juan Santaló, bajo el título Regulación, Innovación y Productividad. El informe demuestra que el aumento en la cantidad de regulación autonómica desde 1988 a 2006 ha provocado un "impacto negativo muy significativo en productividad e innovación".

"Nuestras estimaciones revelan que un aumento del 100% en el número de normas y disposiciones autonómicas se asocia con una reducción de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores del 3,5% y con una reducción del 80% anual de las solicitudes de patente; de más del 100% de las solicitudes de modelos de utilidad y de entre el 62% y el 112% de las solicitudes de diseños industriales", alertan los autores.

"Comprobamos también que con el aumento en la intensidad regulatoria autonómica cae el número de solicitudes de marcas y de nombres comerciales". Según Marcos y Santaló, "una posible explicación sería que la excesiva carga regulatoria afecta a las barreras de entrada en los diferentes sectores y que la menor competencia estaría relacionada con una menor productividad o con menores incentivos a innovar". (M.Llamas/ld/2010/07/23.)







LAS REGULACIONES SOFOCAN A IBEROAMÉRICA.

Columna publicada el 01-11-2003

En dos semanas han sido publicados tres informes distintos que señalan la excesiva regulación gubernamental como uno de los mayores problemas que confronta América Latina para avanzar hacia el desarrollo económico. El primero de los informes es un estudio del Banco Mundial titulado "Haciendo Negocios en 2004", el cual mide los costos de cinco funciones básicas para llevar a cabo operaciones comerciales en 130 países. Entre los temas estudiados están las regulaciones y los sistemas legales que afectan la habilidad de las compañías para iniciar operaciones, obtener crédito, contratar y despedir empleados, hacer cumplir contratos y participar en quiebras.

Caralee McLeish, una de los autores del informe, mantiene que "en América Latina se registra una tendencia general a mayor intervención reguladora". Entre las 10 naciones con las regulaciones más ineficientes en todo el mundo se destacan cinco países latinoamericanos: Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Venezuela.

Las consecuencias de ese exceso de regulaciones se ven claramente en los otros dos informes publicados simultáneamente. Uno es el "Indice de Corrupción Mundial", elaborado por la organización Transparencia Internacional, donde encontramos a la mayoría de los países latinoamericanos ubicados entre las más bajas posiciones de los 133 países estudiados. De las naciones catalogadas por el Banco Mundial como las más reguladas por la burocracia ninguna supera el puesto 50 del índice de corrupción, lo cual parece indicar que a más regulación, mayor corrupción.

El tercer documento es el "Informe sobre Trabajo Decente" elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, el cual señala que en las diez economías latinoamericanas estudiadas —no incluye ninguna de América del Sur— el trabajo informal involucra a no menos del 40% de la población y en los peores casos alcanza 60%.

La relación entre regulaciones excesivas por un lado y corrupción e informalidad por el otro ha sido comprobada una y otra vez por estudios y libros como "El otro sendero" del economista peruano Hernando de Soto. Según de Soto, en la medida que las regulaciones dificultan iniciar un negocio, más personas optan por la informalidad. También aquellos que deciden atravesar el vía crucis regulador confrontan todo tipo de obstáculos y trabas que a menudo pueden superar sólo mediante el pago de sobornos a los funcionarios involucrados. Es así como se dispara la corrupción pública, mientras que las regulaciones y la informalidad crecen en paralelo.

El sector informal significa serios costos que se traducen en un pobre desempeño económico para los países que tienen un amplio porcentaje de su fuerza laboral operando al margen de la ley. Los informales no tienen acceso al crédito, seguros, servicios básicos, tampoco al sistema legal para hacer cumplir contratos y es un inmenso desperdicio no poder aprovechar las economías de escala ante las limitaciones implícitas en toda operación informal. Además, los informales deben dedicar gran parte de sus recursos a evadir a las autoridades que los persiguen o a pagar sobornos, a la vez que no pueden publicitar sus actividades abiertamente como lo hacen los negocios formales.

América Latina no prosperará ni podrá competir con otras regiones del mundo moderno si el peso regulativo empuja a la mitad de sus trabajadores a la informalidad, dejándolos fuera de la protección que brinda la ley. Eso disminuye la competencia porque representa una ventaja para los grandes empresarios que sí cuentan tanto con las conexiones políticas como con los abogados y especialistas en navegar ese mar de regulaciones. Por eso es imperativo que los gobernantes y políticos presten la debida atención al tema y reduzcan el tremendo peso que significa la excesiva regulación de las actividades empresariales.

Juan Carlos Hidalgo es colaborador del Proyecto sobre la Libertad Económica Global del Cato Institute.

© AIPE










ESTADOS UNIDOS 2001-07-20

Lo mejor de Bush por la economía

Gary S. Becker

La rebaja de 1,3 billones de dólares en impuestos que el presidente Bush logró que el Congreso aprobara es un paso en la dirección correcta, pero puede resultar menos importante que su manejo de las actividades reguladoras del gobierno federal. Parece que las regulaciones de las empresas y de los consumidores crecerán mucho más lentamente bajo Bush que durante las presidencias de Bill Clinton y de su propio padre. Si esa tendencia continúa, tendrá el efecto de reducir costos y mejorar la eficiencia económica.

Los políticos suelen preferir las regulaciones más que los impuestos porque su costo no está a la vista de los votantes y de los analistas. Eso explica lo poco conocido que es el gran peso de leyes como la de protección a los discapacitados (Americans with Disabilities Act), promulgada hace una década, las numerosas regulaciones ambientales apoyadas por el ex vicepresidente Al Gore o las normas de eficiencia de consumo de gasolina para los autos, promulgadas durante la crisis energética de los años 70.

Sin embargo, mi colega Casey Mulligan y yo hemos documentado el impacto de las regulaciones federales, aplicando varias medidas. Estas incluyen el número de páginas del Registro Federal anual de leyes y del Código de Regulaciones, como también el número de casos en los Tribunales Federales de Distrito que tienen que ver con regulaciones. Además, incluimos los cálculos del economista Thomas Hopkins sobre lo que todo eso ha costado a las empresas en el período 1977–2000. Según sus investigaciones, en los últimos tiempos, las regulaciones federales en las actividades empresariales –incluyendo medidas ambientales y de seguridad laboral– le cuestan a las empresas 700 mil millones de dólares al año.

Aunque estas mediciones no son perfectas, todas indican que las regulaciones federales han crecido aceleradamente en los últimos 50 años, pero el número de regulaciones creció a tasas diferentes, inclusive cuando el mismo partido controlaba la presidencia.

Las regulaciones aumentaron poco y quizá hasta se redujeron durante los dos períodos del presidente Reagan, quien criticaba la influencia ejercida por los burócratas en la economía. Crecieron, sin embargo, bajo Nixon, otro republicano “conservador”, se aceleraron cuando Bush sucedió a Reagan y se dispararon bajo Clinton. Esto en parte se debió a que durante los años de fuertes déficit fiscales, a fines de los 80 y durante casi todos los 90, el Congreso fomentaba la imposición de erogaciones a las empresas privadas en sustitución del gasto gubernamental.

Durante su campaña electoral, el entonces gobernador Bush se quejaba del exceso de regulaciones y de las altas tasas de impuestos. Esa posición se vio reflejada en sus principales nombramientos, como la de Spencer Abraham como secretario de Energía, Michael K. Powell para dirigir la Comisión Federal de Comunicaciones, Timothy J. Muris como jefe antimonopolios de la Comisión Federal de Comercio y John Graham encargado en la Casa Blanca de revisar las regulaciones propuestas. Como resultado de estos nombramientos, habrá menos agresividad en la regulación ambiental y de las telecomunicaciones, como también en las acciones antimonopolios.

Bush heredó elevados precios de gas y del petróleo, numerosas regulaciones sobre la construcción de nuevas plantas eléctricas que usan carbón y energía nuclear, controles de precio contraproducentes en la electricidad y excesivas restricciones en la exploración de nuevos yacimientos de gas y petróleo en terrenos federales.

El vicepresidente Cheney ha anunciado que el gobierno quiere permitir más exploración, reducir las regulaciones sobre las nuevas plantas generadoras de energía, dar mayor libertad a los mercados en la determinación del precio de la electricidad y se opone al Protocolo de Kyoto.

El gobierno será más liberal en cuanto a la fusión de empresas que no sean principalmente competidoras y está en desacuerdo con la propuesta del juez Thomas P. Jackson de desmembrar Microsoft.

El equipo de Bush evitará las acusaciones de “precios depredadores” porque son muy difíciles de comprobar. Powell eliminará algunas de las reglamentaciones impuestas a la industria de telecomunicaciones en las últimas dos décadas y seguramente permitirá a las compañías de teléfono locales competir más fácilmente en larga distancia, así como permitirá la fusión de empresas telefónicas sin los largos retrasos que imponían las revisiones antimonopolios.

Las actividades reguladoras del gobierno pueden tener un mayor impacto en la economía que los impuestos y los gastos del estado. Creo que el consumidor se beneficiará mucho si el gobierno de Bush, al igual que el de Reagan, reduce drásticamente el aumento de las regulaciones.

© AIPE

Gary S. Becker fue premio Nobel en 1992, es profesor de Economía de la Universidad de Chicago.









SUPERABUNDANCIA DE REGULACIONES.

Columna publicada el 02-06-2006

Si usted fuese un funcionario de nivel medio en un ente regulador del gobierno, donde su cargo, su sueldo y el número de personas bajo su supervisión dependen de cuántas regulaciones debe hacer cumplir, ¿cree que sería partidario de más o de menos regulaciones?
O si usted es un político en algún cargo importante cuando explota un escándalo por fraudes financieros en alguna gran empresa. ¿Le darán más importancia a sus declaraciones en la prensa y la televisión si usted dice: "Ya tenemos las leyes adecuadas contra los robos y las autoridades competentes se ocuparán del asunto" o si más bien declara: "Necesitamos mayores controles para impedir fraudes de empresarios deshonestos"?

Esto que aquí relato sucede a diario en casi todos los países. Existe un inmenso ímpetu para crear más y más regulaciones, se necesiten o no. El estudio de este comportamiento, conocido como economía de elección pública, fue desarrollado por los economistas James Buchanan, premio Nobel, y Gordon Tullock.

No fue sino hasta 1986 cuando el gobierno de Estados Unidos convirtió en delito el "lavado de dinero". En los últimos 20 años, cientos de miles de millones de dólares han sido gastados por el gobierno y las empresas de Estados Unidos en cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero. Si añadimos lo gastado por otras naciones y empresas extranjeras, el costo incurrido sobrepasa el billón de dólares.

Surgen dos preguntas. Primero, ¿acaso los beneficios, sin tomar en cuenta la pérdida de libertad personal, han sido mayores que los costes? Segundo, si el 20% de lo gastado –digamos 200.000 millones de dólares– hubieran sido utilizados en contra de terroristas potenciales, narcotraficantes y demás grupos criminales, en lugar de mantener esas leyes y regulaciones en contra del lavado de dinero, ¿habría sido eso mejor y más efectivo? Lo grave es que nadie puede contestar esa pregunta, pero es evidente que estas leyes y regulaciones no han sido nada eficaces en relación a su coste.

Cuando los políticos y burócratas promulgan leyes y regulaciones que son innecesariamente costosas hacen tanto daño como los ladrones y asaltantes de caminos.

El exceso de regulaciones no es un coste trivial y en Estados Unidos se estima que alcanza una cantidad de alrededor del 8% del Producto Interno Bruto, o sea unos 3.500 dólares por cada hombre, mujer y niño que vive en este país. Y en Europa, la situación es todavía peor, al gastarse un porcentaje mayor del PIB en el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales.

Ahora no son solamente los gobiernos nacionales, estatales y locales los que imponen regulaciones, sino que cada día más son inventadas por las burocracias internacionales que no le tienen que rendir cuentas a nadie, como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agrupación de Fuerza de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés). Estos organismos emiten regulaciones que tienen que ser cumplidas por empresas y personas, sin realizar ningún análisis serio de coste-beneficio.

Hace un par de años recomendé que las legislaturas ampliaran el derecho de los ciudadanos, empresas y asociaciones de demandar a las agencias gubernamentales que impongan injustas y costosas regulaciones que restringen nuestra libertad, de manera que los costes sean reembolsados si se gana el pleito. Es hora que nuestros congresistas se ocupen de este importante asunto.
© AIPE

Richard w. Rahn es director general del Center for Economic Growth y académico asociado del Cato Institute.

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