El Manifiesto por la Lengua Común promovido por un destacado grupo de intelectuales y apuntalado en estos últimos días por adhesiones de relieve como la del escritor Miguel Delibes o la del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha sido recibido con satisfacción por las plataformas de padres y profesores de varias Comunidades Autónomas que vienen reivindicando desde hace unos meses el derecho a la escolaridad en castellano, pero no «fagocitará» sus propias acciones conjuntas para exigir medidas inmediatas y concretas con el fin de que «el Estado ataje la conculcación de un derecho que no es ni de las Comunidades Autónomas ni de los padres, sino de los niños», según fuentes de estas entidades.
Representantes de estos grupos cívicos se reunirán el próximo sábado en Madrid y proseguirán su «puesta en común» para perfilar su estrategia, en la duda ahora de si lanzarán de forma inmediata un manifiesto específico acorde con sus demandas, como tenían previsto, o si de momento suscribirán el que han lanzado los intelectuales y dejarán en compás de espera el debate de su propio texto.
La dirección de la catalana Asociación por la Tolerancia, reunida ayer, acordó respaldar el texto presentado públicamente el lunes por el filósofo Fernando Savater y, en palabras de su portavoz, Marita Rodríguez, «quizá no sea necesario después de esto salir a la palestra con otro manifiesto, pero eso no obsta para que sigamos decididos a unir nuestras fuerzas en próximas movilizaciones». Así, las entidades prevén convocar una concentración en Madrid en septiembre, con motivo del comienzo del curso escolar, ante la sede del Ministerio de Educación.
«Más pragmatismo»
Pablo Gay-Pobes, portavoz de la Plataforma por la Libertad Lingüística, formada por tres mil padres de familia vascos, explica que «nos parece magnífico el manifiesto de los intelectuales, pero nuestras reivindicaciones van más a lo pragmático, a lo inmediato. Creo por tanto que la elaboración de nuestro propio manifiesto mantiene todo su sentido». Y explica por qué: «En el borrador que los padres vascos hemos entregado a todas las asociaciones proponemos medidas aplicables a corto plazo, consistentes en solicitar que en todas las autonomías con dos lenguas se aplique el sistema que ha regido hasta ahora en el País Vasco, el de los tres modelos, y en el que también se pide instar a que se modifique el sistema de conciertos, para que la financiación pública se dé directamente a los padres y no a los centros. Con esa medida se evitaría lo que está ocurriendo ahora: que los colegios, en sintonía con la Consejería de turno y para garantizarse las subvenciones, niegan la existencia de la demanda de enseñanza en castellano».
Para Gay-Pobes, el manifiesto de los intelectuales, «que hemos difundido entre nuestros asociados para que cada cual, libremente y si lo desea, pueda firmarlo», es un instrumento «encomiable, pero demasiado genérico cuando el problema ya lo tienes planteado en la vida diaria, como nos sucede a nosotros». De modo que «una petición de reforma de la Constitución está muy bien, pero no es una solución a corto plazo». Por eso, indica, «nosotros nos lo hemos currado en nuestro borrador para demostrar que la ley nos da ya la razón hoy y ahora y que, en consecuencia, hay que aplicarla».
Para este padre vasco, la situación creada «viene de dejaciones que se pueden evitar y el Estado muestra voluntad de hacerlo. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 que ya refrenda que, a lo sumo y como máximo, la comunidad autónoma vasca puede obligar a que se impartan en euskera el 30 por ciento de las clases y no más. Y luego está el factor de la desactivación de la Alta Inspección educativa, que es competencia estatal en exclusiva y no se está utilizando».
Modelos educativos
En el caso del País Vasco, los tres modelos A, B y D (educación en castellano, mixta y en euskera) han quedado liquidados por el decreto 175/2007 del Gobierno de Ibarretxe de desarrollo del currículo de las enseñanzas básicas. Algo parecido ha sucedido en Galicia con el decreto autonómico 124/2007. Son, en opinión de los padres, «gateras» legales por las que se va colando la imposición de la lengua autonómica y ante las que hay que aplicar un «cortafuegos» efectivo.
A la reunión que se celebrará este fin de semana, coordinada por el Foro de Ermua, están convocadas, entre otras entidades, la Asociación por la Tolerancia y Convivencia Cívica (ambas de Cataluña), Galicia Bilingüe, Círculo Balear y la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco. Fuentes del Foro han indicado que la cita «es preliminar, pues aún queda mucho por debatir».
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Nace una plataforma contra el «colonialismo» del catalán
ROBERTO PÉREZ
ZARAGOZA. Una veintena de asociaciones, colectivos y formaciones políticas de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana se han unido en una nueva plataforma que se ha marcado como objetivo frenar el «colonialismo» lingüístico del nacionalismo catalán. La plataforma se denomina «No Hablamos Catalán» (NHC) y ya ha convocado una primera manifestación para el próximo 4 de julio en Zaragoza.
Entre sus integrantes hay miembros de las juventudes del PAR, partido que gobierna en Aragón junto al PSOE y que se ha comprometido a sacar adelante la Ley de Lenguas durante esta legislatura. Se trata de un asunto espinoso, pero es uno de los compromisos del acuerdo de gobierno entre socialistas y aragonesistas. Esta ley también la reclama desde hace años la Chunta Aragonesista (CHA), partido que ha mantenido contactos con los nacionalistas de ERC.
La Ley de Lenguas de Aragón ha sido largamente anunciada, pero han ido pasando las legislaturas sin que el texto llegue a las Cortes de Aragón.Ahora, la parte aragonesa de esta nueva plataforma NHC tiene en su punto de mira ese proyecto de ley. El Ejecutivo PSOE-PAR, por su parte, insiste en que el anteproyecto de Ley de Lenguas no se verá hasta después del verano y se insiste en que el objetivo primordial es «que no genere problemas donde no los hay». Simplemente, dicen, reconocerá en una ley lo que es una práctica cotidiana en esa parte de Aragón.
Pero quienes recelan argumentan que si de lo que se trata, simplemente, es describir lo que sucede con normalidad en la calle, no hay necesidad de una ley. Temen que sea utilizada por el nacionalismo catalán como una vía más con la que extender su presencia en las comarcas limítrofes de Aragón.
Estrategia expansionista
Entre quienes temen que algo así ocurra está Héctor Castro, miembro de las juventudes del PAR y portavoz de una asociación cultural de la comarca oscense de La Litera. Es uno de los integrantes de NHC y advierte que no están en contra de Cataluña, sino exclusivamente «de los catalanes expansionistas que anhelan territorios aragoneses». Y subraya que «Aragón no es trilingüe, es bilingüe. En Aragón se habla castellano y aragonés, pero un aragonés diverso, dividido en diferentes modalidades propias, como el literano, fragatino, cheso, ansotano, ribagorzano o bajoaragonés».
Castro es uno de los miembros de agrupaciones que se están movilizando desde hace años contra lo que consideran que es un afán «colonialista» del nacionalismo catalán.
Afirman que es una estrategia que se mantiene desde hace tiempo. Por ejemplo, con el apoyo financiero que la Generalitat ha ido prestando a asociaciones que desarrollan su actividad en suelo aragonés. O con la denominación que se le da a las comarcas aragonesas limítrofes con Cataluña: el nacionalismo catalán denomina a este territorio -y lo incluye en sus mapas- como Franja de Ponent, es decir, la franja occidental de Cataluña.
Ahora, según Castro, se mantiene la estrategia. Asegura que «se está trabajando para que el Instituto de Estudios Catalanes establezca una subsede en Calaceite», localidad de la provincia de Teruel.
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