¿QUIÉN CONTROLA A LOS CONTROLADORES?

17/6/2008.



¿QUIÉN CONTROLA A LOS CONTROLADORES?

Piense uno lo que piense sobre Federico Jiménez Losantos, las ideas que defiende y su manera de hacerlo, lo que debe quedar claro es que el juicio contra el periodista significa un retroceso para la libertad de expresión en España. Ni las ideas políticas ni el talante expresivo son materia que deba ventilarse en los tribunales. Sentar a Federico en el banquillo ha sido una cacicada. Único beneficiario: la casta política española y muy en primer lugar el Gobierno. Principal perjudicado: la libertad de los periodistas y, por extensión, la de los ciudadanos.

Dejemos algo claro: personalmente, yo rara vez estoy de acuerdo con Jiménez Losantos. Para empezar por lo más importante, yo no soy liberal, porque creo que el liberalismo es el principal responsable de los males que los propios liberales denuncian. Tampoco creo en la idea moderna de nación, con su aire jacobino, que ha sido superada por la propia civilización moderna (para bien o para mal). Ni creo que Europa deba rendir pleitesía a los Estados Unidos para redimirse de no se sabe bien qué pecado original; ni creo que España haya nacido en 1808; ni creo que el capitalismo sea el remedio para las disfunciones del capitalismo; ni creo que el ecologismo sea una superstición sectaria. Federico, en fin, “no es mi tipo”.

Pero Federico, sin ser mi tipo, es un periodista excelente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, y a Jiménez Losantos hay que darle lo que le corresponde. Hay pocos periodistas en España con su altura intelectual. Menos los hay todavía que hayan sido capaces de comprometerse personalmente –hasta el sufrimiento físico- con las ideas que consideran correctas. Hoy, ante dos desafíos de extrema importancia para nuestra vida pública como han sido –y todavía son- la cuestión nacional y el terrorismo, Federico ha defendido las posiciones más incómodas con absoluta sinceridad y, además, con razones contundentes. Esa defensa le ha granjeado la simpatía de muchos millones –millones, sí- de españoles que en esas dos materias piensan –pensamos- como él. Además, Losantos ha sabido crear en torno a sí un compacto grupo de periodistas que han terminado configurando un polo de opinión tan libre como influyente.

Lo que ha llevado a Federico al banquillo ha sido, en el fondo, esa influencia. Había que paralizar a esa voz, había que neutralizar al enemigo. Al enemigo, ¿de quién? Esa es la pregunta que convendrá hacerse a partir de ahora. Ya es sintomático que a la hora de la verdad, en el momento del juicio, la casta política española haya aparecido sorprendentemente cohesionada en torno a una única convicción: “no puede consentirse que un individuo diga esas cosas”. Pero ¿por qué?

Seamos serios: en los últimos años hemos asistido a ataques mucho más virulentos contra personalidades políticas sin que los tribunales se hayan sentido concernidos. No hacen falta grandes esfuerzos de memoria para recordar los tiempos del Prestige, la guerra de Irak y el 11-M, cuando escuadras bien organizadas de la izquierda española, con su inevitable acompañamiento mediático, iban al encuentro de los ministros del PP para llamarles “asesinos”, nada menos. Aún no hace muchos meses que un juzgado catalán consideraba irrelevante el deseo de un tal Rubianes de colgar un explosivo en los genitales de España y los españoles. No hacen falta más ejemplos. En ese contexto, cosas como las que dice Jiménez Losantos son de una insignificancia casi doméstica.

Con todos los respetos a las decisiones judiciales –o sin ellos-, lo que queda claro es que al periodismo español se le acaba de dar un escarmiento; lo cual, por cierto, hace todavía más patética la actitud de esos periodistas que creen haber obtenido una victoria por el correctivo aplicado a Federico. Cuando se les pase el fervorín, incluso ellos constatarán que la capacidad de crítica ha quedado limitada; que también ellos, mañana, podrán ser llevados ante un tribunal por emplear términos poco respetuosos para con el mandamás de turno. Y con el precedente de Gallardón, serán los propios mandamases quienes decidan qué es lo “poco respetuoso”.

Para un país como España, con una vida pública empobrecida hasta el nivel de la demagogia, con un debate inexistente, siempre sepultado bajo el ruido de los partidos, sus siglas y sus intereses económicos y financieros, esta decisión judicial es un auténtico descabello de la libertad de expresión. Lo que nos faltaba. (J.J.E.)
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La Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA), organización de padres de la escuela pública, ha pedido que los centros escolares informen a la Fiscalía de Menores de los casos de objeción a Educación para la Ciudadanía con el fin de que los alumnos objetores sean declarados absentistas. Además, CEAPA recuerda que la Fiscalía de Menores deberá intervenir para acusar a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de no escolarizar a sus hijos.

Lo curioso del caso es que en abril de 2003, CEAPA se opuso radicalmente a la asignatura Sociedad, Cultura y Religión, una alternativa no confesional para los alumnos que no quisieran cursar formación religiosa. En una nota difundida entonces, CEAPA indicaba que tenía previsto presentar recurso de amparo y de ilegalidad contra la asignatura Sociedad, Cultura y Religión. "Mientras se consigue la legalidad jurídica y constitucional", recomendaba CEAPA, "recomendamos a las familias que no acepten esta alternativa y que sus hijos NO entren a clase de Sociedad, Cultura y Religión". También añadía el comunicado que "tienen toda la legitimidad y el derecho constitucional de su lado, pues no ha de repercutir en las evaluaciones ni en la marcha general del resto de áreas".

Ahora, bajo el Gobierno del PSOE, CEAPA no solamente no defiende la libertad de los padres objetores a Educación para la Ciudadanía sino que pide que intervenga la Fiscalía de Menores y actúe contra los padres. Por cierto que CEAPA tiene entre sus objetivos el de conseguir "una escuela laica, donde el adoctrinamiento esté totalmente desterrado, y en particular la educación financiada con fondos públicos".

Para Fabián Fernández de Alarcón, de Profesionales por la Ética, "es una verdadera pena que los partidarios de la asignatura Educación para la Ciudadanía no sean capaces, al menos, de entender o al menos de respetar la postura de los padres que objetan por motivos de conciencia, acogiéndose a la legalidad nacional e internacional. Esta postura", asegura, "sólo se puede entender desde la gran identificación de CEAPA con el actual Gobierno".(ElManifiesto)

Lo que le pasa a José Javier Esparza con Federico Jiménez Losantos es algo parecido a lo que me pasa a mí con él. He leído dos de sus libros, 'La gesta española' y 'El terror rojo en España'. Leo, habitualmente, sus artículos. Me parece una persona inteligente, culta y que escribe bien. Pero tampoco es mi tipo.



Estoy de acuerdo con sus comentarios a la sentencia contra Federico y el golpe que ésta representa contra la libertad de expresión, Máxime con los ejemplos conocidos, mucho más graves, y que el articulista cita. Sin que se hayan producido condenas.



En cambio, me parece un grave error todo lo que dice del liberalismo. Es sorprendente, por ejemplo, que acuse al liberalismo de todos los males cuando, como es habitual, Margaret Thatcher (y los liberales) accedió al poder cuando los ciudadanos ya no podían más de antiliberalismo. Es decir, muchos impuestos y mucha presencia de Papá Estado. Y eso que la dama de hierro no aplicó un programa liberal en sentido estricto. Por ejemplo, dejó subsistentes los servicios sociales aunque con algunas modificaciones. Algo parecido a lo que ha tenido que hacer Suecia con su famoso Estado del Bienestar. Ha tenido que recortarlo seriamente para que pudiera subsistir.



Si hablamos del mundo, en general, los países que más se han alejado de la pobreza, en estos últimos 25 años, han sido los que han establecido medidas liberalizadoras en sus economías. Y los más atrasados han sido los que no. Los que han mantenido sistemas económicos más cerrados , más intervencionistas y más proteccionistas se han mantenido en la pobreza. O la han agravado.



En cuanto a Educación para la Ciudadanía, el comportamiento de la CEAPA me parece vergonzoso. Supone participar en esta mentalidad totalitaria de la izquierda que quiere controlar todo lo que pueda. Se trate de las mentes de los adolescentes, de los medios de difusión, o de la economía.



Sebastián Urbina.