ESTAMOS EN BUENAS MANOS.

Un tribunal contra la Constitución

6 de Julio de 2009 - 10:17:41 - Pío Moa

(En Época, el viernes pasado)

El Tribunal “Constitucional” es, propiamente hablando, un tribunal político, de partidos, cuya única y endeble garantía de justicia radica en la oposición entre tendencias que se dé en su interior. Cuando esa oposición desaparece, como acabamos de ver con la nueva legalización de terminales de la ETA, se pierde también esa mínima garantía. En democracia, la oposición es clave para frenar las tendencias totalitarias propias del poder, pero en los últimos años Rajoy ha diluido la sustancia intelectual, moral e ideológica del PP (“la economía lo es todo”) y su partido sigue las iniciativas del gobierno afirmando simplemente que él gestionará mejor la economía, cosa nada segura por otra parte. El PP no es hoy, a mi juicio, freno ni alternativa al PSOE, sino una versión algo descafeinada del propio PSOE, que en todos los terrenos ideológicos y políticos mantiene la iniciativa, incluso en medio de la grave crisis económica actual. Ese carácter del PP se ha manifestado en la legalización de II por parte del TC, nueva prueba de que la colaboración del gobierno con los asesinos etarras continúa, ahora apoyada también por Rajoy.

Se avecina ahora otro suceso de mayor alcance: la aprobación del estatuto catalán por el tribunal citado. Como es sabido, ese estatuto era la base indirecta de los negocios del gobierno con la ETA, con su doble carácter: por una parte establece un nuevo principio de soberanía o nación, que se hurta a la nación española, la cual implícitamente deja de ser reconocida como tal; por otra parte, aún si el estatuto prescindiera de esa declaración de “derecho”, el hecho lo resumió muy bien Maragall cuando señaló que el estatuto deja en residual la presencia del estado español en Cataluña, es decir, deja en residual la unidad de España. Esta era la oferta básica del gobierno a los pistoleros de la ETA y queda como el balance, por ahora, del llamado “proceso de paz” (paz a los terroristas, guerra a la democracia y a la nación española).

Por ello, el estatuto es clamorosamente anticonstitucional, pero lleva tres años funcionando mientras el TC decide. ¿Qué decide? ¿Si es o no constitucional? Eso no puede decidirlo, porque salta demasiado a la vista. Lo único que puede decidir es cómo maquillar el engendro para darle alguna apariencia de legalidad, tarea muy ardua, por lo que se ve, pese a la destreza adquirida en el caso Rumasa. Últimamente se dice que la sentencia está a punto, mientras unos políticos del PSC amenazan con que no tolerarán ni el cambio de una coma, y otros del PSOE se adelantan con descaro a anunciar que la sentencia satisfará a los separatistas, y el PP calla. Este partido interpuso un recurso contra el estatuto, del que probablemente esté ya arrepentido, pues no ha hecho otra cosa que imitarlo en Valencia, Baleares y Andalucía, donde ha admitido otra “realidad nacional”.

En cuanto a la presidenta del tribunal “constitucional”, se trata de una señora muy vinculada al PSOE y al separatismo, que ya en 1999 votó a favor de Herri Batasuna --es decir, de la ETA—contra el encarcelamiento de sus dirigentes decidida por el Tribunal Supremo; y en 2004 a favor del Plan Ibarreche, un adelanto del estatuto catalán. Su marido asesoró –cobrando—la política del PNV.

Ello no ha impedido a la aludida presidenta afirmar que su tribunal “constitucional” es “una garantía absoluta de nuestra justicia en la lucha contra el terrorismo y en defensa del Estado de Derecho”. Pocas veces se ha pervertido tan groseramente el lenguaje. En política no hay garantía “absoluta” de nada, ninguna persona seria puede decir algo así. El colmo es cuando llama “luchar contra el terrorismo” a recompensarlo con la legalización, dinero público y proyección internacional. Y cuando llama Estado de Derecho al pisoteo de la Constitución y la unidad nacional. En manos como las de la dicha señora está hoy el país.

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