La propuesta de los partidos catalanistas, liderados por el PSC de Montilla, de que una norma aprobada por un Parlamento no pase por el filtro de ningún tribunal es curiosa. Porque lo que vota el pueblo, dice, "va a misa". La intentona muestra el cariz totalitario del nacionalismo etnolingüístico, reiterado una vez más, que sigue anclado en formas y contenidos del más arcaico siglo XIX.
No sólo es que estén demostrando que desprecian las formas más básicas de los regímenes representativos, el sistema de check and balance que sostiene una democracia digna, sino que dejan al descubierto cómo han constituido las instituciones en Cataluña y cuál es su intención si el Estatuto entra en vigor: eliminar la separación de poderes y convertir a los tribunales en meros apéndices del designio gubernamental. La ley no valdrá más que la decisión coyuntural del político nacionalista.
Pero es que están asumiendo un paso más en el camino a la independencia. Me estoy refiriendo a la determinación de la supremacía institucional del Parlamento catalán como representante de "su nación", a la distinción entre soberanía catalana y soberanía española, y al rechazo a la injerencia "exterior", la del Estado, en las decisiones "de Cataluña".
El desprecio al Tribunal Constitucional, a sus funciones y competencias, ahora que no les da la razón en el momento que quieren, no oculta que el Estatuto de Cataluña fue votado por una minoría exigua, que sería inválida en cualquier país del mundo para fundar un régimen constitucional. Alegar que fue votado por el "74% de los catalanes" esconde la impotencia de un catalanismo que ha terminado por aburrir a una ciudadanía, la suya y la de todos, y que, agotada y rendida ante la incompetencia, ante el alejamiento que los políticos muestran respecto a la vida real, prefiere ir a la playa, ver al Barça o quedarse en casa antes que votar. Algo falla, y éstos no se han dado cuenta. Ellos, a lo suyo.
Jorge Vilches/LD.
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