MONTILLA Y EL CÓDIGO PENAL.

«El Constitucional no puede ser sospechoso de estar vendido a uno de los equipos, en este caso a aquellos que recurrieron el Estatuto hace cuatro años (el PP)». La andanada del presidente de la Generalitat al TC, ayer en la Ser, alarma en Ferraz porque demuestra que, tras la fallida votación del viernes, José Montilla va a por todas con tal de ser reelegido en noviembre. Artillería pesada para desviar la atención de la enésima crisis PSOE-PSC, que él mismo reconoció al cuestionar a renglón seguido que la negativa de José Blanco a renovar el Constitucional sea «postura oficial» en Ferraz.

Montilla dejó patente el malestar del PSC con la Dirección Federal por no haber conminado al PP a renovar a los cuatro magistrados con mandato caducado, desde el minuto siguiente a la votación fallida en el TC el viernes. La gota que colmó el vaso fueron las declaraciones de Blanco, ya este lunes, cuando se descolgó con que «por una vez coincido con Mariano Rajoy» en que no hay que renovar ahora el alto tribunal para no dar imagen de injerencia.

Rectificación en las Cortes

Durante 72 horas los teléfonos entre Ferraz y la calle Nicaragua (sede del PSC) han echado humo y el martes se pactó una solución: ayer, a media mañana, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, José Luis Rodríguez Zapatero desautorizó a Blanco cuando reconoció al diputado de ICV, Joan Herrera, que, si bien este TC tiene «plena legitimidad» para dictar sentencia, es «urgente» la renovación. Una nueva finta de Zapatero que da un respiro al PSC.

Lo hizo ante la atenta mirada del vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, que se mostró significativamente esquivo con los periodistas porque iba a hablar «por la tarde en Gerona». Y habló. Aprovechó la puesta en marcha de la tuneladora «Gerunda», que excavará el túnel del AVE en esa ciudad, para rectificarse a sí mismo delante del conseller de Obras Públicas, Joaquim Nadal.

«Si Rajoy no quiere...»

En contra de lo que dijo el lunes a la Ser, Blanco sí ve ahora «urgente» renovar el TC y vuelve a la doctrina oficial de que la culpa la tiene el PP: «Si Rajoy no quiere, no se renueva el TC porque requiere una mayoría de dos tercios». Era el viraje que estaba esperando el PSC para justificar su postura ante el resto de partidos catalanes en la negociación del texto que habrá de votar el Parlament el 28 de abril. O, lo que es lo mismo, que no llegue a las Cortes un texto que no pueda ser defendido por el PSOE.

Montilla, no obstante, ya había abonado la distensión horas antes con su «no pretendo poner en dificultades a nadie» o su «para algunos es más importante tratar de meter cuñas entre nosotros (PSC y PSOE) que el Estatut».

Respecto a esto último, fuentes del PSC confirmaron a este periódico que ninguno de sus 25 diputados en el Congreso va a firmar la iniciativa en defensa del Estatut que ha registrado CiU, abierta a la firma de 15 diputados de cualquier grupo catalán. Montilla lo ha prohibido expresamente porque no está dispuesto a que Artur Mas le madrugue el liderazgo de la respuesta al TC, que él quiere controlar desde el Parlamento Catalán.

De hecho, la portavoz parlamentaria del PSC en el Parlamento catalán, Rocío Martínez, fue tajante ayer al afirmar que sus diputados «votarán lo mismo en Madrid que en Barcelona», pero fue igualmente clara al rechazar una iniciativa convergente lanzada por Josep Duran Lleida «sin que nadie nos consultara. Nosotros sí avanzamos a Mas la presentación de una resolución en el Parlament»

El presidente de la Generalitat es consciente de que la sentencia redactada por el ponente Guillermo Jiménez, y votada por el sector conservador del Alto Tribunal será totalmente inasumible para el PSC -no digamos para sus socios, ERC e IC-, y por eso recurre estos días a todos los elementos de presión sobre el PSOE para modificar esa situación. Detrás late también el temor a que el fallo se produzca antes de las elecciones catalanas, como al parecer reclama el PP a sus magistrados afines, aunque fuentes de la Ejecutiva Federal y del Gobierno admiten que ya han hecho saber al líder del PSC que lo ven muy improbable porque cualquier intento de sacar una sentencia «por las bravas» contará con un empate a cinco magistrados y vuelta a empezar.

Ahora, tras la rectificación de Zapatero y Blanco, la resolución impulsada por Montilla en el Parlamento catalán sí será asumida por el PSOE cuando llegue a las Cortes. CiU y ERC lo saben y por ello quieren incluir además sustanciales reformas de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, que el TC no pueda pronunciarse sobre leyes aprobadas en referéndum, caso del Estatuto. El PSOE no va a pasar por ahí y quizá por ello el presidente de la Generalitat ya adelantó ayer en la SER que iniciativas que no sean impulsadas por el PSC desde el Parlamento Catalán o que no tengan su visto bueno, «en ningún caso contarán con nuestro apoyo».

Cese automático

Otra de las modificaciones que CiU y ERC creen fundamental es el cese automático de los magistrados cuyo mandato haya caducado seis meses antes. Una propuesta que de hecho han defendido con anterioridad y que ya fue rechazada por los socialistas en la última reforma del TC. Al PSC le toca ahora maniobrar en el Parlamento catalán para introducir una referencia velada a esa posibilidad que contente a sus socios catalanes sin incomodar al PSOE.

I. ANGUERA / G. SANZ | BARCELONA / MADRID (ABC)
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CÓDIGO PENAL.

Artículo 504.
Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma.

El culpable de calumnias o injurias conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior quedará exento de pena si se dan las circunstancias previstas, respectivamente, en los artículos 207 y 210 de este Código. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años a los que empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de dichos Organismos asistir a sus respectivas reuniones.