GARZÓN Y LAS INSTITUCIONES.
Hemos asistido a un evento extraordinario. Una universidad ha albergado un acto político cuyo objetivo es defender a un juez y criticar a otros que están sometiendo su comportamiento al escrutinio de las leyes. Además, los organizadores de este acto son los sindicatos, cuya función social está tan alejada de la naturaleza de este acto como quepa imaginarse.
El protagonista ausente de este mitin es Baltasar Garzón, y de las tres causas que tiene abiertas, los organizadores se han centrado en su causa general contra el franquismo, con referencias esporádicas a las escuchas ordenadas en el sumario Gürtel y, sorprendentemente, ninguna mención al presunto cohecho al Banco Santander, acaso el asunto menos fácil de fundamentar de los tres que hay en su contra.
Lo menos que se puede decir de este acto es que es contradictorio. Desde el atril, ante la audiencia y los medios de comunicación, se ha pretendido convertir este acto de desagravio a Baltasar Garzón en una defensa de la democracia, y alegan que los ataques contra el juez de la Audiencia Nacional son adanadas contra las instituciones y, por tanto, contra nuestra democracia. Pero para ello critican a otros jueces que no son menos representativos de nuestras instituciones. Es más, se ha lanzado un ataque indiscriminado contra los jueces con más años de servicio por ser “cómplices” del franquismo, al haber ejercido su labor en aquella época.
Y cabe recordar que Baltasar Garzón está sometido a la ley como cualquier otro ciudadano y que cualquier pretensión en contra resulta profundamente antidemocrática. Por otro lado, uno de los muchos argumentos que alega el juez Varela en su dictamen es que el juez Garzón ignoró la Ley de Amnistía, uno de los pilares de nuestra democracia, precisamente la que dicen defender en este acto.
Pero más grave que estas contradicciones es la consideración que merece este mitin político. Porque nos encontramos con que se trastoca la naturaleza de las instituciones, se prostituye su función y se pone al servicio de ciertos intereses políticos. Quede claro que éstos son puntos de vista no sólo legítimos sino fundamentados y perfectamente defendibles.
No es ésa la cuestión. Lo grave de este asunto es que se cubre con el espeso manto de la política a las instituciones, que debieran ser autónomas. No es sólo que la Universidad de pábulo a un acto político, algo cada vez más común y menos conveniente, no es sólo que los sindicatos se lancen a asumir un discurso político fuera de su ámbito mientras pretenden, bien que sin fundamento, ser los representantes de todos los trabajadores, que no tienen por qué identificarse con esa opción política.
Es que el juicio que hacen sobre la judicatura es puramente política y degrada las consideraciones jurídicas, que son las que valen en este ámbito. Las instituciones son un entramado de comportamientos pautados, aceptados socialmente, que son instrumento para la obtención de importantes funciones sociales. Todo lo que sea prostituirlas sólo socava el buen funcionamiento de la sociedad, y de la democracia. Y ello debiera haberse tenido en cuenta por parte de los organizadores de este acto antes de haberlo convocado. (Factual).
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