EL FASCIO CATALANISTA.

EL CRIMEN DE HABLAR ESPAÑOL.

Una sala de la ciudad de Tarragona proyecta una película dentro de un festival cinematográfico organizado por el ayuntamiento de la localidad. Como es habitual, no se proyecta la película sin más, sino que está precedida de una breve alocución en la que se exponen las características de la obra y el motivo por el que se ha incluido en el programa del festival. La persona encargada de hacer la presentación utiliza el español para expresarse ante el público. Tras la proyección, dos de los asistentes cursan sendas quejas, una al Ayuntamiento de Tarragona y la otra a la Generalitat. La Consejería de Cultura del gobierno regional responde abroncando al Ayuntamiento y recordándole que debe obligar a que se utilice el catalán de un modo “general”, es decir, en todo momento.

Antes de entrar en cualquier otra consideración cabe detenerse en lo más inmediato, que es el la racionalidad detrás de la actuación de la Generalitat. Ésta entiende que el hecho de que una ciudadana que vive en Cataluña utilice el castellano en un acto cultural es una anomalía, una violación de una norma que debe tener su sanción correspondiente o, al menos, responder con una coartada que motive la misericordia de la Administración.

¿Qué tipo de sociedad estamos creando si permitimos que el Gobierno condicione el idioma en que se expresan los ciudadanos en un acto público? Se ha dado por hecho tantas veces que debe ser así que es legítimo preguntarse si elegir un idioma u otro para expresarse ante una audiencia puede ser considerado un comportamiento reprobable e incluso perseguible por la Administración. ¿Qué idea subyace de la ciudadanía si los catalanes no son libres ni siquiera de expresarse como prefieran en un acto cultural? Si se cede en ese punto, ¿qué vendrá después? Sin duda, hemos de valorar si la pretensión de que una de las dos lenguas comúnmente utilizadas por los catalanes prevalezca sobre la otra hasta hacerla desaparecer de cualquier manifestación pública es compatible con una sociedad abierta y libre.

Pero por si ello no fuera poco, la Administración se ha ido dotando de instrumentos que le sirven para observar al ciudadano, de modo que colocamos al Gobierno como árbitro último de nuestros comportamientos, pero no ya de aquellos que atentan contra la vida o la hacienda ajena, sino los simples quehaceres cotidianos. Actos como, por ejemplo, elegir un nombre para un negocio y colgar el cartel correspondiente. No es ya que sea contradictorio proyectar una película extranjera y luego pretender que sólo se utilice uno de los dos idiomas de Cataluña, es que resulta difícil presionar de este modo a la sociedad y luego esperar que sea pujante desde el punto de vista cultural.

Y ya, desde el punto de vista estrictamente legal, la Constitución, que es la norma de la que deben proceder todas las demás sin contradecirla, pues de otro modo son nulas de pleno derecho, prescribe que todos los españoles tienen el derecho a usarlo. Al igual que en otros ámbitos legales, la Generalitat tiene que decidir si cumple con el Ordenamiento Jurídico, el mismo que le reconoce su capacidad jurídica, o lo rechaza. (Factual)