miércoles, 25 de febrero de 2009

¿Y LA DIMISIÓN DE GARZÓN?


Miércoles, 25-02-09
Con la dimisión del ministro se resuelve, momentáneamente, la mitad de este escándalo político, el escándalo Bermejo-Garzón. La mitad que concierne a la connivencia del ministro de quien depende la Fiscalía Anticorrupción con el juez que instruye un sumario sobre una supuesta trama de corrupción del PP.

Y digo momentáneamente porque alguien tendrá que investigar y dar cuentas de la actuación de la Fiscalía en este caso, lo que, por supuesto, difícilmente ocurrirá hasta que el PP llegue al Gobierno. Entonces, será imprescindible una reforma radical de esa Fiscalía para despojarla de los elementos políticos que ponen bajo sospecha su actuación en la actualidad.

Ahora, y hasta que llegue esa reforma de la Fiscalía Anticorrupción, falta la otra mitad, la de la dimisión de Garzón. O la de su apartamiento de la causa por parte de la Audiencia. O, tampoco hay que descartarlo, la de su salida de la carrera judicial por posible prevaricación. En un caso que apesta cada día más claramente a acoso a un partido político. Y no a acoso a los jueces y a la policía, tal como quiso presentarlo Zapatero en un mitin gallego, con escaso convencimiento a juzgar por la dimisión.

Quienes cenaron en una cacería el día que detuvieron a los de la supuesta trama del PP no fueron los dirigentes del PP, sino el ministro, el juez y el policía. Casualmente, los responsables últimos de los «acontecimientos» de este sumario, las detenciones, las filtraciones interesadas y la presentación del caso como una trama del PP.

Falta la dimisión del otro cazador, del cazador judicial, como le llamaba ayer en la Tercera el catedrático de Derecho Procesal Andrés de la Oliva. Con bastantes más responsabilidades que el «cazador ministerial», según De la Oliva, por la destrucción de la apariencia de imparcialidad.

Y por su escandalosa resistencia a inhibirse del caso. Y por lo que a algunos ciudadanos nos parece, simplemente, indecente. La filtración de acusaciones no probadas y hasta negadas por la supuesta acusadora, como el asunto de los trajes de Camps, para intentar destruir el prestigio de un político y de un partido. (Edurne Uriarte/ABC)

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