CONTRA EL SOBERANISMO. CAT

 CONTRA EL SOBERANISMO. CAT


El Gobierno ya tiene la base jurídica, se la ha dado la Abogacía del Estado, y también tiene tomada la decisión política de actuar ante el Tribunal Constitucional contra la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero. En esta declaración se reconocía a esta comunidad autónoma como un «sujeto político y jurídico soberano». Este recurso ante el TC supondrá dejar en suspenso al menos durante seis meses esa declaración, con los efectos simbólicos que de ello se derivan, ya que no es sino la percha de la que el Gobierno de Mas quiere colgar todo su proyecto para tener un Estado propio, incluida la consulta independentista. 

El Ejecutivo ha medido sonoramente cada uno de sus pasos ante este primer movimiento soberanista de la Generalitat. Y lo ha hecho por motivos políticos y también jurídicos, ya que no quería que su recurso ante el TC tuviese tan mal final como el que en su día presentó el Gobierno de Aznar contra la tramitación del «Plan Ibarreche». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzaron al principio del proceso que sólo actuarían si tenían seguro que la declaración conllevaba efectos jurídicos, una duda que ha despejado con contundencia la Abogacía del Estado. Su informe no es vinculante, pero habrá recurso, y ahora el Ejecutivo seguirá blindándose legalmente con el preceptivo informe del Consejo de Estado.

Según los servicios jurídicos del Estado, la declaración aprobada en el Parlamento de Cataluña vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución española. Este último establece cómo debe reformarse la Ley Fundamental. La Abogacía entiende también que es una resolución con efectos jurídicos y, por tanto, recurrible al amparo de la propia Carta Magna, que reconoce el derecho a llevar ante el TC decisiones de las asambleas legislativas autonómicas. 

El informe de la Abogacía explica que el texto catalán puede llevarse al Constitucional porque tiene «efectos jurídicos» y «busca dirigir la actuación de los poderes de Cataluña hacia un fin de naturaleza claramente inconstitucional», como es que la soberanía resida en el pueblo catalán y no en el español. Recuerda, asimismo, que la soberanía no admite divisiones, es única e indivisible, y que todos los poderes del Estado están sometidos al ordenamiento jurídico que se deriva de la Constitución. El TC tiene sentada una sólida jurisprudencia sobre la distinción entre soberanía y autonomía.

 La resolución, según el argumento de la Abogacía, lesiona tanto la atribución de la soberanía nacional al pueblo español establecida por la Constitución como la garantía constitucional de la «indisoluble unidad de la nación española». «Busca dirigir la actuación de los poderes catalanes con un fin inconstitucional», alega. El Gobierno seguirá el mismo procedimiento ante cualquier otra decisión de la Generalitat o del Parlamento catalán que quebrante la legalidad vigente. Una vez que el recurso se formalice, habrá que ver si la Generalitat acata políticamente la suspensión automática de la declaración soberanista sobre la que Mas quiere colgar su proyecto de Gobierno.

Más de 1,2 millones para el catalán
Hamburgo, Pekín, Costa Rica, Grenoble, Guayaquil, la Guayana, Montevideo, Santo Domingo, Viena, Zúrich, Quebec, Santa Fe, Buenos Aires... la lista de lugares en los que hay casas catalanes subvenciones por la Generalitat es muy larga. Y a estos centros mima el ejecutivo de Artur Mas para que «promocionen y difundan la lengua catalana». Concretamente, el pasado año, la Generalitat concedió ayudas a estos casales por valor de 1.216.708 euros. La apuesta no es baladí porque Mas quiere utilizar a estas asociaciones para expandir la causa soberanista y ganar adeptos de cara a convocar el referéndum en el extranjero. Además, la Generalitat concedió en el mismo periodo becas para trabajar en sus «embajadas» por valor de 124.200 euros y otros 139.940 para ser becario en un casal internacional.

«Sujeto jurídico y político»

La declaración define a Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano». Establece que «el pueblo de Cataluña pueda determinar libremente y democráticamente su futuro colectivo mediante una consulta» y manifiesta que el Parlament «acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo». Se usarán «todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir». (Carmen Morodo/La Razón.)