PATADA EN EL CULO. CAT

 (No hay peor sordo que el que no quiere oir. Peor para ellos.)



 PATADA EN EL CULO. CAT

Una vez más, la Unión Europea (UE) ha recordado a los partidos nacionalistas de Cataluña con presencia en el Parlamento Europeo que la Constitución española es el marco legal vigente que marca la actuación del Gobierno. José Manuel Durao Barroso ha indicado, a preguntas de siete europarlamentarios, que la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se debe medir en base a la Carta Magna.

El pasado 7 de febrero, Raül Romeva (ICV-EUiA), Ana Miranda (BNG), Ramon Tremosa (CiU), Izaskun Bilbao (PNV), Maria Badia (PSC), Raimon Obiols (PSC) y Salvador Sedó (CiU) preguntaron a la Comisión Europea si el anuncio del ministro José Manuel García-Margallo (PP) de intentar reorganizar el servicio exterior de España -agrupando voluntariamente en las embajadas a los delegados y trabajadores de los gobiernos autonómicos en el extranjero, entre otras medidas- era legal y coherente.
‘La Unión debe respetar la identidad nacional de los estados miembros’

Para los siete europarlamentarios nacionalistas, este tenue intento de racionalizar la actuación de los gobiernos autonómicos coordinados con el servicio de exteriores del Gobierno -el único reconocido a nivel internacional y diplomático-, que todavía no ha sido aprobado por las Cortes Generales, no respeta ‘los principios de subsidiariedad y proporcionalidad’ y no es ‘coherente con el principio de que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos’.

Sin embargo, la respuesta por escrito del mismo Barroso, presidente de la Comisión, publicada el pasado 13 de marzo, ha sido contundente:

‘Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad rigen el ejercicio de las competencias de la Unión (artículo 5 del Tratado de la Unión Europea). La cuestión de si esos principios también rigen la organización política interior de un Estado miembro y, de ser así, hasta qué punto, incumbe al derecho constitucional nacional. Además, tal como se establece en el artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, la Unión debe respetar la identidad nacional de los estados miembros, que es ‘inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional’. Por lo tanto, no corresponde a la Comisión formular observaciones sobre las estructuras internas de un Estado miembro’.

De esta manera, una vez más, la UE ha recordado a las formaciones políticas nacionalistas que hay determinados temas, como los de la representación exterior, que dependen de la Constitución de cada país y, en último término, del Gobierno nacional. No es la primera vez que la Comisión remite a los europarlamentarios nacionalistas a la ley de leyes de España.

El territorio que salga de un Estado, sale de la UE
Barroso y la vicepresidenta y comisaria de Justicia de la Comisión, Viviane Reding, han señalado en varias ocasiones -ya desde 2004, aunque entonces fue Romano Prodi, como presidente de la Comisión- que si una parte de un Estado miembro de la UE se escinde del Estado original aquella parte queda automáticamente fuera de la Unión Europea. Eso es lo que le ocurriría a Escocia -que no está en la zona euro- si triunfara el proceso de independencia iniciado dentro del marco legal del Reino Unido. Eso y, entre otras cosas, la renegociación de 14.000 tratados internacionales.

Tanto el presidente de la Comisión de la UE como la número dos comunitaria han dejado claro, oralmente y por escrito, que no hay opción alguna de que un nuevo Estado pertenezca a la UE sin el visto bueno de todos los actuales miembros. Y que la ciudadanía de la UE que quede en la parte escindida pierde este pasaporte comunitario.

Así lo especificó la UE en junio de 2012, ante una propuesta de Iniciativa Ciudadana promovida por Reagrupament y Òmnium Cultural para ‘garantizar la continuidad de la ciudadanía europea para los ciudadanos de un nuevo Estado surgido por un proceso de secesión de una región de un Estado miembro de la UE’. La propuesta fue rechazada, ya que, en caso de secesión, el nuevo Estado tendría que negociar su acceso a la Unión como cualquier otro. Algo que, por otro lado, han reconocido grandes conocedores de la Unión Europea -con posiciones bien divergentes- como Josep Borrell y Jordi Pujol, entre otros. (LaVozdeBarcelona)