lunes, 30 de noviembre de 2009

FRACASO DEL GOBIERNO DE ZAPATERO.









FRACASO DEL GOBIERNO DE ZAPATERO.

“La enfermedad crónica de España” (Spain’s cronic illness) se titula el artículo que encabeza la sección de economía de la edición de hoy del Wall Street Journal. En apenas diez párrafos, Irwin Stelzer, director de política económica en el Instituto Hudson, enumera las principales dolencias de nuestra economía y alguna de sus fortalezas.

Las primeras, provocadas, según Stelzer, por una burbuja inmobiliaria que ha castigado a España con especial severidad, han empeorado a causa de la pésima gestión de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno ha llevado al país a una tasa de paro del 20%, ha generado un déficit del 10% del PIB y, para contrarrestarlo, ha subido los impuestos.

Stelzer no es ajeno al inexplicable apoyo que le brindan los sindicatos y señala que el presidente no quiere ni oír hablar de reformas en el mercado laboral. Vuelca al inglés unas declaraciones típicas de Zapatero en las que rechaza ir atrás en los “derechos” que los españoles han “conquistado”.

Al autor le sorprende que, aunque las cuentas públicas pasan por un momento negro, ciertas multinacionales españolas parecen no haberse enterado de la crisis. Habla de BBVA, de quien dice que puede presumir de un buen balance, de Telefónica, convertida ya en la tercera operadora del mundo, Repsol, Iberdrola o el Santander, primer banco de la zona euro en capitalización.

Las cajas, sin embargo, son la otra cara de la moneda. Stelzer recuerda a sus lectores que un tercio de todas ellas están en serias dificultades y que serán, más tarde o más temprano, objeto de compra por parte de instituciones más grandes.

Para curar a España de su enfermedad, cierra el analista norteamericano en una referencia a la incontenible verborrea del Gobierno español en general y de Zapatero en particular, va a hacer falta mucho más que discursos y buenos deseos. (Fernando Díaz Villanueva/LD)

ZAPATERO NOS LLEVA A LA RUINA.





ZAPATERO NOS LLEVA A LA RUINA.

El Estatut ha retratado a Zapatero y su voraz apetito por los votos catalanes, dispuesto a pagar el precio político que sea por obtener réditos electoralistas a corto plazo. ZP olvida con extrema frecuencia que la democracia es un procedimiento, no unos resultados políticos. Y Antonio Elorza le recuerda en El País que "alzar la bandera de Cataluña contra España aquí y ahora no es sólo anticonstitucional, sino antidemocrático".

En un artículo titulado "Catalunya o la caja de Pandora", el catedrático Antonio Elorza zurra a Zapatero por su forma de hacer política efectista y a tumba abierta mirando de reojo las encuestas, "sin preguntarse por la racionalidad y los costes futuros de cada operación".

  • El último hallazgo ha sido la propuesta de un mea culpa parlamentario por la expulsión de los moriscos en 1609, lo cual, si la cosa se toma en serio, debiera arrastrarnos a una revisión general de la historia de España y de sus antecedentes hasta tiempos de los visigodos, con el fin de no perder demasiado tiempo y publicar la lista de perdones solicitados de una sola vez.

Elorza critica que Zapatero haya convertido el tema del Estatut en un perverso juego político donde todas las combinaciones posibles arrojan una suma negativa:

  • El voto es el eldorado de Zapatero. Para obtenerlo en Barcelona hizo la insensata promesa de que lo que se atara en Cataluña quedaría atado en Madrid, y más tarde logró a trancas y barrancas gracias a CiU el respaldo a un Estatuto que tampoco satisfacía demasiado en el Principado y cuya constitucionalidad era ampliamente cuestionada, y no sólo por la horda españolista.
  • A quienes ahora opinan que es preciso dar el visto bueno al Estatut por conveniencia política, por ánimo de conciliación, conviene advertirles que el ajuste de las piezas resulta capital para el buen funcionamiento del Estado de las Autonomías, y que los desajustes se pagan con malestar, o "desencuentro" como ahora se dice en plan fino, siendo el único baremo para apreciarlos el Tribunal Constitucional, sobre la base de la prioridad inexcusable del texto de 1978.
  • En ese año hubo una Constitución, no "un pacto" entre iguales, debiendo ser recordado que la bilateralidad es lo propio de las Confederaciones y que en los dos últimos siglos todas han estallado. Antes del parto y después del parto, Zapatero careció además de una sola idea. Sólo maniobras, como la actual duplicidad, lanzando a Chacón contra el PP, mientras él sólo muestra "interés" ante el manifiesto de los diarios.
  • Alzar la bandera de Cataluña contra España aquí y ahora no es sólo anticonstitucional, sino antidemocrático. Pero ahí estamos: bilateralidad igual a dos soberanías enfrentadas. Fractura.


Elorza concluye preguntándose ¿quién hace unas filtraciones orientadas a obstaculizar una declaración parcial de inconstitucionalidad?


La información aquí publicada pone de manifiesto que alguien dentro del Tribunal ha vulnerado el deber del secreto por intereses políticos. Esto es intolerable y si el TC funciona así, sembrando por tolerancia pasiva la crispación y el desconcierto entre los ciudadanos, más vale que desaparezca. ¿A quién favorecieron tardanza y filtraciones? La única hipótesis verosímil es que a la opción del Gobierno. Al causante en definitiva del embrollo.

EL SUPER MÁS GRANDE DE EUROPA.







EL SUPER MÁS GRANDE DE EUROPA.

Mercamadrid mueve 4.000 millones de euros al año y es uno de los principales negocios del país. La mayoría de los empleados de este inmenso almacén de alimentos trabaja 12 horas.


Tiene una extensión similar a la de la ciudad de Motril (Granada), en la que viven 42.700 personas

José Ángel González, gerente de Frutas Asturias, es uno de los vendedores más conocidos y apreciados en el mercado central madrileño. Fue uno de los que lo inauguró allá por 1983. Hoy, a punto de jubilarse y con dos de sus hijos haciéndose cargo poco a poco del negocio, continúa levantándose a las dos de la mañana para acudir a su puesto a recepcionar las frutas y verduras que de madrugada llegan a Madrid procedentes de todo el mundo.

Su jornada laboral no finaliza hasta el mediodía, trabaja de "dos a dos", como la mayoría de los empleados del merca, como denominan a Mercamadrid, aunque asegura que la mayor parte de las ventas las realiza antes de las siete de la mañana, "a partir de esa hora, sólo vienen al mercado los fruteros chinos e indios que compran en pequeñas cantidades y regatean mucho los precios".

Los frescos

La mayor parte de la mercancía se vende "al día", aunque según cuenta este comerciante, en torno a un 20% se mantiene alguna jornada en las cámaras frigoríficas. "Los lunes son el peor día de la semana para ir al mercado", advierte, pues las naves de fruta de Mercamadrid cierran los domingos y los lunes.

José Ángel se dedica, sobre todo, a la venta de producto nacional, pero afirma que, para mantener tanta variedad de frutas y verduras durante todo el año, es necesario traerlas de otros países. "Los que más hacen la competencia a España, en tomates y naranjas especialmente, son los marroquíes, pero cada día llega más mercancía de Latinoamérica", asegura.

Las frutas de toda la vida y las de origen autóctono siguen siendo, por calidad, las más solicitadas, aunque cada vez se encuentran en el polígono alimentario madrileño más variedades de frutas y hortalizas exóticas, como la yuca o las malangas, una especie de tubérculos muy apreciados por la población americana. Lo mismo pasa con los pescados, sector por el que el centro madrileño es conocido mundialmente. Tanto es así, que reputados cocineros de todo el mundo visitan el mercado habitualmente para adquirir en él los productos más exclusivos.

Uno de esos productos de lujo es la trufa blanca, que en esta época del año se vende a 3.000 euros cada pieza de unos 40 gramos, pero que, en pocas semanas, duplicará su precio hasta alcanzar el millón de pesetas.

Lea el artículo completo en LA GACETA.

¿MISERIA MORAL EN EL OASIS?


Lunes , 30-11-09
Ni una condena; ni una muestra de apoyo hacia el PP catalán; ni una exigencia de rectificación hacia el presidente del Salón Internacional de Turismo de Cataluña.

El silencio de los partidos catalanes fue ayer clamoroso después de que el presidente de Serhs -Cruz de San Jordi y Medalla Presidente Macià de la Generalitat- Ramón Bagó, afirmara en el transcurso de una asamblea independentista que «tenemos al enemigo dentro de nuestras fronteras. Cómo podemos aguantar a esta gente del PP... si los tendríamos que matar a todos, tú».

Las palabras de Bagó, que causaron estupor en el PP catalán, se quedaron ayer sin respuesta mientras los dirigentes del PSC y CiU seguían intercambiándose reproches a cuenta del Estatuto y la sentencia del Tribunal Constitucional, sin darse por enterados ante las amenazas vertidas por el ex dirigente nacionalista. Sólo el PP, a través de su secretario general, Jordi Cornet, insistió en su condena y recordó que su formación ha sufrido entre sus filas varios asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA y enviará hoy una carta al resto de partidos para reclamar la exigencia de rectificación.

Ciudadano Bagó
Ramón Bagó, de 75 años, ya protagonizó hace dos otro ejemplo de fobia hacia todo lo que significa España. Como presidente del Salón Internacional de Turismo de Cataluña catalogó a España como un destino extranjero, al ubicar a nuestro país en la lista de 70 países presentes en la feria. Aunque Bagó lo calificó en un principio de «error», se apresuró a matizar que si fuera por él «España sí que debería encontrarse en esa lista».

Bagó es un empresario autodidacta que ha sabido aprovechar las oportunidades. En los albores del turismo, rentabilizó el sol y la playa de Calella (Barcelona) para construir un emporio, ahora integrado por 78 empresas, que en 2008 facturó 526 millones de euros. Llegó a ser alcalde de Calella, paradójicamente gracias al apoyo del PP. (Barcelona/ABC/J.V.C/I.A.)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


LOS AROMAS DEL OASIS.




Es ya una constante de los felices habitantes del Oasis, callar y tapar las vergüenzas. Las propias. Son especialistas en hacerse las víctimas de la opresión ajena que sirve de excusa para su corrupción y su inoperancia. Pero la tapadera nacionalista no consigue evitar los efluvios pestilentes. La solución es denunciar por 'anticatalán' al que se atreva a decir lo que pasa.




Y la tribu obedece. Los desobedientes ya saben lo que les espera. El más conocido, que no el único, es Albert Boadella. La solución es el castigo. Ya no disparan con pistola, como hicieron con Jiménez Losantos. Ahora excluyen. Es la muerte civil. Ya saben, primero la descalificación: 'anticatalán', 'españolista'. A partir de ahí, todo está permitido.




La enfermedad identitaria ha calado tanto en el Oasis que los políticos nacionalistas no necesitan dar órdenes a los súbditos. Éstos saben lo que hay que hacer. Es la perfecta cosumación del estercolero.




La última manifestación ha sido el silencio clamoroso de la clase política (y de la mayoría de la sociedad civil) ante las repugnantes declaraciones del impresentable Ramón Bagó, contra los militantes del Partido Popular. Una manifestación, chulesca y brutal, del antidemocrático Pacto de Tinell por el que se excluye de las instituciones democráticas al principal partido de la oposición.

Como si fueran apestados. Así entienden la democracia.





¿Se imaginan que un empresario de Madrid dijera que habría que matar a los políticos de CIU y ERC que se atrevan a pisar tierra madrileña? ¡Qué asco de país!



Sebastián Urbina.

CHANTAJISTAS Y ACOMPLEJADAS


El presidente de la Generalitat catalana ha apremiado a Rajoy a retirar el recurso contra el «Estatut» si quiere sosegar el debate en España . (ABC)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




CHANTAJISTAS Y ACOMPLEJADOS.

Ha dicho Joan Puigcercós, Presidente de Ezquerra Republicana: ‘Un fallo contra el ‘Estatut’ reforzará el independentismo’.

Es como si un violador anunciase que un fallo judicial condenatorio le provocará más furor violador. ¿Debería el juez no condenarle? Este chantaje de Puigcercós lo he oído en muchas ocasiones. De parte de nacionalistas y progres de salón. El argumento esgrimido es el siguiente: con tipos como Vidal Quadras lo único que se consigue es que la gente en Cataluña odie más a España y al Partido Popular.

Esta idiotez, sin contar las amenazas nacionalistas en la época del Honorable Pujol, provocó uno de los sonados errores de Aznar. Se cargó a Vidal Quadras para satisfacción del Presidente Pujol y los catalanistas, en general. Desde entonces la deriva del Partido Popular ha sido, más bien, penosa. No solamente en votos sino en actitud política. En resumen, no hacerse notar ha sido la consigna de los populares. Como los árbitros de fútbol. Los populares catalanes parecen actuar de forma parecida. Pasar desapercibidos. Con resultados nefastos.


Pero ¿qué se han creído esta cuadrilla de chantajistas? Vamos a repetir lo sabido pero que suele olvidarse. Durante la Transición, la clase política cedió ante las pretensiones nacionalistas con el objetivo de integrar a todos en el proyecto común. O sea, España y la Constitución. Todo el mundo cedió algo. Todos, menos los nacionalistas.


Una de las cesiones, profundamente equivocada, fue la ley electoral. Una ley injusta y antidemocrática porque no respeta la exigencia democrática de ‘un hombre un voto’. Se ha repetido muchas veces. En las pasadas elecciones generales, 300.000 votos del PNV valieron para seis diputados. En cambio, 303.000 votos de UPyD valieron para un solo diputado. Y con esta vergüenza seguimos.


El título VIII de la Constitución, De la organización Territorial del Estado, ha servido para que los nacionalistas hayan tratado de imponer una visión del Estado de las Autonomías, como un proyecto siempre en construcción. Siempre inacabado. Por supuesto, siempre a su favor. Para ellos no es concebible que se rescaten competencias desde las Comunidades autónomas hacia el Estado central. Ha de ser siempre al revés, del Estado central hacia las Autonomías. Aunque no se cumplan las exigencias constitucionales, como en el caso de la educación, en los llamados ‘territorios comanches’.


¿Cómo han podido hacer esto? Por dos motivos básicos. El primero es la mencionada ley electoral, que les da un poder político que no les corresponde, según el dictamen de las urnas. Un verdadero atropello del que se han aprovechado y se siguen aprovechando.


El segundo motivo es que los partidos supuestamente nacionales (el PSOE y el PP) han renunciado a sus responsabilidades históricas. Han permitido, cuando no fomentado, la disgregación, la descoordinación y los reinos de taifas. Y estamos pagando las graves consecuencias. Y no se han terminado.


Citemos solamente un aspecto de gran importancia. La quiebra relativa de la unidad de mercado, corolario del debilitamiento de la unidad nacional española, y la creación de diversos sistemas educativos que refuerzan, una vez más, la desunión nacional. Se supone, erróneamente, que lo progresista es fomentar las fuerzas centrífugas, las que difuminan la idea de España y la unidad nacional. Se supone, erróneamente, que lo reaccionario (de derechas) es reforzar los elementos centrípetos, los que refuerzan lo que nos une. Tanto desde un punto de vista político, económico o cultural.

Además, hemos tenido la desgracia de que el Presidente de Gobierno, Rodríguez Zapatero, dice que su patria es ‘la libertad’. O sea, su patria no es España, como sería de esperar. Los nacionalistas están felices con estos progresismos a la violeta. Lo que evidencia que el rojerío se avergüenza de España. Sin embargo, no siempre fue así. Los socialistas, durante la II República, proclamaban su españolidad a los cuatro vientos. Agitaban banderas españolas. Y no se avergonzaban, por supuesto. No como ahora, que dan pena. Con las excepciones de rigor.


Y los populares (muchos de ellos) tienen miedo a que les llamen ‘franquistas’. Así que nada de ‘España’ y nada de banderas españolas. Se han sumado al proyecto confederal de los reinos de taifas. A otro ritmo que los socialistas. Más en plan vals, pero por la misma senda de minar un proyecto nacional a favor de los barones regionales. ¡Qué tropa!


De modo que sí, señor Puigcercós, siga tomando el pelo a los que desean que se lo tomen. Con otras palabras, si el Tribunal Constitucional recorta el ‘Estatut’, esto reforzará el independentismo. Si, por el contrario, el Tribunal Constitucional no lo recorta, el independentismo saldrá reforzado. O sea, que nos coge el toro en cualquier caso. ¡Qué listos son estos nacionalistas!

Ya sé que no sirve de nada pero tengo que decirlo. No me queda más remedio que obedecer, pagar mis impuestos y soportar a esta nefasta clase política, pero no les tengo ningún respeto. Sin duda que se ríen, mientras comen a dos carrillos, pero no me importa.



Últimas noticias (1) Leo que el alcalde de Calvíá, Carlos Delgado, ha colocado una bandera española junto al monumento por los dos guardias civiles asesinados. Las reacciones del rojerío son de recochineo e indignación. No se pueden pedir peras al olmo. Lo grave es que hay mucho ‘pepero’ que lo considera una exageración. ¡Una banderota española! ¡Qué provocación!

¡Pero qué gilipollas son!



Últimas noticias (2).

Barcelona, 17 nov (EFE).- La portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Carme Figueras, ha alertado hoy de que el retraso de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto catalán está provocando "mucha inquietud y mucha radicalización".


"Nos gustaría que este tema quede resuelto cuanto antes mejor, que se resuelva con celeridad", ha dicho Figueras, que se ha mostrado convencida de la "constitucionalidad" del Estatuto. EFE

Ridao dice que una sentencia adversa del TC será una "fábrica de soberanistas"

Artur Mas (CIU) dice a Montilla que hay que hacer un frente común catalanista por si el TC no dicta la sentencia ‘que toca’.



Sebastián Urbina.


domingo, 29 de noviembre de 2009

SUIZA Y MINARETES.


LA MAYORÍA DE CANTONES, EN CONTRA





Suiza rechaza en referéndum la construcción de minaretes en las mezquitas

La iniciativa de prohibir los minaretes de las mezquitas en Suiza, votada este domingo en un referendo popular, ha ganado en la gran mayoría de los 23 cantones suizos, según datos oficiales.(LD)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Redacción | Publicado el 29 Noviembre, 2009 | (MD)

Europa toma conciencia, poco a poco, del peligro islámico, y pone en marcha leyes que promueven la libertad y la defensa de los derechos humanos.La iniciativa de prohibir los minaretes de las mezquitas en Suiza como forma de luchar contra la islamización del país, votada en un referendo popular, ha ganado en una mayoría de los 23 cantones suizos.Los minaretes de las mezquitas tienen un significado que va más allá de lo puramente religioso y alcanza el político.

El 57,5 por ciento de los helvéticos han rechazado la posibilidad de construir minaretes en las mezquitas, según los datos oficiales. Sólo cuatro de los 23 cantones (regiones) que conforman el país rechazaron la proposición para que la Constitución Helvética prohíba la construcciones de alminares en los centros de culto musulmanes. Los argumentos de la UDC, mayoritaria en el Parlamento suizo y presente en el gobierno colegiado helvético, han convencido a 1,53 millones de electores.

Los cantones donde están situadas la capital, Berna, y la primera ciudad suiza, Zúrich, también apoyaron la iniciativa (60,68%) y (51,8%), respectivamente. El “no” más fuerte llegó de Ginebra, que rechazó la iniciativa con un 59,7% seguida de Vaud (53,1%), Basilea Ciudad (51,64%) y Neuchatel (50,9%).

El Partido Democrático de Centro (UDC) y Partido Democrático Federal fueron los promotores de esta iniciativa tras haber logrado reunir en menos de 18 meses -como lo establece la ley- más de las 100.000 firmas necesarias para lanzar un referéndum nacional.

LA REALIDAD SUIZA, UN ESPEJO PARA ESPAÑA

Entre 1980 y el 2000, el número de musulmanes se ha quintuplicado en Suiza. En el 2007 vivían 440.000 Musulmanes en Suiza,el 5,8% de la población . El Islam es la tercera religion en Suiza tras del protestantismo y el catolicismo. El 90 % de los musulmanes en Suiza provienen de Bosnia, Albania, Turquía, y Kosovo. Solamente el 47% habla aguno de los idiomas oficiales suizos. La mayoría se afincan en los cantones de habla alemana, muy pocos en los cantones italianos.

PROGRES Y CONSERVADORES

DIFERENCIAS ENTRE PROGRES Y CONSERVADORES


Si a un conservador no le gustan las armas, no se compra una.
Si a un progre no le gustan las armas exige que se prohíban.

Si un conservador es vegetariano, no come carne,
Si un progre es vegetariano pide que sean prohibidos todos los
productos cárnicos.

Si un conservador detecta una amenaza contra su país piensa en cómo
derrotar al enemigo.
Un progre se pregunta cómo podría rendirse con tal elegancia que aún
se viera bien.

Si un conservador es homosexual maneja su vida sin alboroto.
Si un progre es homosexual demanda que se legisle al respecto.

Si un negro es conservador se ve a si mismo como independiente exitoso.
Sus homólogos progres, se ven a si mismos como víctimas necesitadas de
protección gubernamental.

Si un conservador está en bancarrota y sin trabajo piensa en cómo
mejorar su situación.
Un progre se pregunta quién se hará cargo de él.

Si a un conservador no le gusta lo que se dice en un show de TV,
cambia de canal.
Los progres exigen que sean cerrados los shows que a ellos no les gusten.

Si un conservador es no creyente, no asiste a la iglesia.
Un progre no creyente quiere que se prohíba cualquier mención
religiosa o de Dios.

Si un conservador cree que necesita un plan de salud lo compra o busca
un trabajo que lo ofrezca.
Un progre exige que el resto de nosotros paguemos por el suyo.

Si un conservador está en una tienda se resbala y cae, se levanta, ríe
y se siente avergonzado.
Si es un progre quien resbala y cae, se lleva las manos al cuello,
comienza a lamentarse y luego pone una demanda legal.

Si un conservador lee esto lo reenviará a sus amigos para que todos
tengan algo de qué reír.
Un progre lo borrará porque "ha sido ofendido".

BELLEZA.


'La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte'.

Leonardo Da Vinci.

DURA LEX SED LEX


Domingo , 29-11-09

TODO ciudadano tiene el deber de conocer la ley. Sí, la ley obliga. Nadie puede alegar, como eximente, su ignorancia. Ni el conductor que circula por la izquierda en una carretera cualquiera del continente ni el que lo hace por la derecha en el Reino Unido, y ello sea cual sea su nacionalidad. Tampoco sirve, ante el apremio de la Hacienda Pública, aducir que tal o tal retribución no ha sido declarada en el impuesto sobre la renta porque a la empresa responsable del pago se le olvidó recordárselo al perceptor. La responsabilidad, guste o no, es de cada uno, de cada ciudadano. La ley está para ser conocida, esto es, respetada. Por supuesto que hay mucho pillo por ahí que la infringe tanto como puede -que vive incluso de infringirla-. Pero hasta el pillo sabe que, si lo pillan, lo va a pasar mal. Al fin y al cabo, la existencia de la sanción para el infractor o de la pena para el culpable es lo que acaba procurando al ciudadano la indispensable seguridad jurídica. De no existir el castigo y la consiguiente reparación, el Estado no estaría en condiciones de cumplir con su cometido. O, lo que es lo mismo, en dichas circunstancias ni siquiera tendría sentido hablar de Estado.

Pues bien, ese desamparo, esa sensación de que la ley no se cumple, de que el Estado no está por la labor que le ha sido encomendada, lo venimos sintiendo la inmensa mayoría de los españoles -y, entre ellos, un número nada despreciable de catalanes- desde hace aproximadamente seis años, si no más. Para ser precisos, desde aquella loca carrera de declaraciones que tuvo como marco la dilatada campaña electoral de las autonómicas catalanas de 2003 -duró unos cuantos meses-, en la que todos o casi todos los candidatos -Mas, Maragall, Carod-Rovira, Saura- rivalizaban entre sí a ver quién profería el disparate mayor. Por descontado, aquello era una campaña, y en las campañas ya se sabe. Pero la naturaleza misma del disparate, el hecho de que tuviera siempre como materia la reclamación de un nuevo Estatuto, al que los candidatos en cuestión iban añadiendo, en sus delirios, más y más competencias, sin que ninguno creyera llegado el momento de decir basta, debería haber constituido, ya entonces, motivo de alarma.
No fue este el caso. O lo fue en grado mínimo y, a todas luces, insuficiente. Y más habida cuenta de que, en la recta final de aquella campaña, el principal dirigente de la oposición y candidato a presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no se había parado en barras y había prometido públicamente que, en el supuesto de lograr a los pocos meses la tan ansiada Presidencia, el proyecto de Estatuto que saliera del Parlamento autonómico iba a ser, para él, palabra sagrada. Vaya, que estaba dispuesto a aceptar el texto, y a defenderlo, sin tocar ni una coma, tal cual llegara a las Cortes.

Aquí se dio, sin duda, aunque fuera de forma anticipada, el primer indicio de la defección del Estado. Lo que ha venido después, o sea: la formación del tripartito, pacto del Tinell mediante; los casi dos años de negociación en el Parlamento de Cataluña, en una especie de subasta entre Gobierno y oposición que no hacía más que aumentar, día a día y a ojos vistas, el coste del producto; los meses de cepillado y raspado en el Congreso de los Diputados y fuera de él; la convocatoria de un referéndum en el que ni siquiera participó la mitad del censo electoral catalán y que se llevó por delante al propio promotor del proyecto, y, en fin, tras el recurso interpuesto por el Partido Popular y con el Estatuto en vigor y engendrando leyes, la interminable agonía del texto en el Tribunal Constitucional a la espera de la anhelada y temida resolución; todo eso, en definitiva, no ha sido sino la consecuencia de aquel quebrantamiento inicial por parte de quien aspiraba a convertirse, a la sazón, en la segunda autoridad del Estado.

Sin aquella promesa, sin aquella tremenda irresponsabilidad, nada de lo acontecido después habría tenido lugar tal como a estas alturas lo conocemos. El nacionalismo habría pugnado, seguro; pero el dique, a pesar de alguna inevitable fuga de agua, habría aguantado.

Ahora bien, esa identificación del máximo responsable de la situación en que nos encontramos -o, si lo prefieren, del máximo irresponsable- no debería exculpar al resto de la clase política. Aquí hay unas víctimas, no vayamos a olvidarlo, y son la inmensa mayoría de los españoles. Y esas víctimas, como todas al cabo, requieren una reparación. A lo largo de estos años, aquella inquietud inicial ha ido tornándose, en nuestro cuerpo social, honda preocupación, cuando no alarma. La tensión ha estado presente, a muchos niveles, entre los españoles. Ha habido, qué duda cabe, una fractura en muchas relaciones -afectivas, comunitarias, comerciales, políticas, territoriales- de la que alguien tendrá que responder algún día.

No se puede violar la ley y que el delito quede impune.
Y es que conviene recordar, ahora que el Constitucional va a pronunciarse por fin sobre el recurso, que ha habido aquí quien ha vulnerado la ley. O, por usar el término apropiado, quien ha prevaricado. ¿O acaso no faltaron a las obligaciones y deberes de su cargo, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, quienes aprobaron, el 30 de septiembre de 2005, en la Cámara catalana, la primera versión del Estatuto de Autonomía? ¿O acaso no hicieron lo propio quienes tomaron su relevo en el Congreso de los Diputados, el 30 de marzo de 2006, y en el Senado, el 10 de mayo de 2006, dando el sí al nuevo texto?

Unos y otros sabían a ciencia cierta -y, si su ignorancia no les permitía saberlo, ello no les exime en absoluto de responder ante quien corresponda- que el texto que estaban aprobando contravenía a lo dispuesto en nuestra Carta Magna. No hacía falta ser un lince, ni siquiera un experto en Derecho Constitucional, para percatarse de que el contenido de ciertos artículos fundamentales del Estatuto, especialmente en la primera de las versiones, pero también en la segunda, se hallaba fuera de la ley.

Aun así, esos políticos no se arredraron y siguieron adelante. Y hasta hubo quien propuso y continúa proponiendo reformar nuestra ley de leyes -la única que hace de todos los españoles unos ciudadanos libres e iguales en derechos y en deberes- a fin de que el nuevo Estatuto quepa en ella. En este sentido, tanto la publicación el pasado jueves del editorial suscrito al alimón por toda la prensa escrita con sede en Cataluña como la campaña de adhesiones que la iniciativa ha suscitado entre la llamada «sociedad civil» constituyen sin duda un último intento de la clase política catalana de quebrantar, por vía interpuesta, la ley.

Al fin y al cabo, lo mismo la prensa que la sociedad civil deben buena parte de su sustento -y, según cómo, su propia existencia- a las subvenciones que les otorga interesada y generosamente el Gobierno de la Generalitat.

Por supuesto, sería absurdo hacerse ilusiones sobre el efecto que una sentencia del Alto Tribunal contraria al texto actual del Estatuto alcanzaría a producir en el futuro político de cuantos parlamentarios han permitido que la situación llegara a donde ha llegado. Por más que, del primero al último, pueda decirse que han prevaricado, su conducta, por desgracia, no traerá consecuencias. Nadie les llamará al orden. Nadie les apercibirá con la sanción o el despido. Sólo los ciudadanos, con sus votos, tienen la indiscutible potestad de castigarlos y hacer justicia. (Xavier Pericay/ABC)

LA ENFERMEDAD IDENTITARIA.


Domingo , 29-11-09 (ABC)

«Tenemos al enemigo dentro de casa. Cómo podemos aguantar a estos del PP, cuando nos han pisoteado... habría que matarlos a todos».

Quien así se expresa no es un joven radical, sino el presidente del primer grupo turístico catalán, Serhs, y del Salón Internacional de Turismo de Cataluña, Ramón Bagó, de setenta y cinco años. La polémica por el fallo del Estatut ha mostrado ya su peor cara. Bagó, ex alcalde de Calella, ex director general de Turismo de la Generalitat con Jordi Pujol, y Cruz de Sant Jordi de la Generalitat, pronunció estas palabras la noche del jueves en la celebración de una asamblea preparatoria de los referendos por la independencia que a partir del próximo 13 de diciembre tendrán lugar en 161 municipios. Lo hizo en tono de mofa, sorprendiendo a los 200 asistentes a la presentación de la plataforma «Calella Decideix», en esta población de la costa catalana. Pero no suscitó ningún rechazo. Es más, hubo más de una sonrisa.
Alcalde gracias al PP
Se da la circunstancia de que Bagó fue alcalde de Calella porque le dieron su apoyo los dos ediles del PP, que gobernaron con el antedicho en coalición. No es apoyo precisamente lo que ha provocado en el PP catalán esta andanada. Su presidenta, Alicia Sánchez Camacho, señaló a ABC que «no se pueden hacer estos atentados a la dignidad de un partido democrático», al tiempo que dijo que, en caso de que no haya rectificación, redactarán una declaración de condena. Tampoco le satisfizo el argumento de que se trataba de un comentario jocoso. «Parece que las bromas tienen que ser siempre contra el PP», declaró.
Justo el mismo día en que el PP catalán se erigía en la única fuerza política constitucionalista, Camacho cuestionó la idoneidad de Bagó para desempeñar la responsabilidad que ocupa. Bagó ya protagonizó una grave polémica hace dos años, en el Salón de Turismo que él preside, al colocar el stand de España entre los destinos extranjeros.
Este episodio es la muestra más llamativa del entramado socio-político que se encuentra tras la convocatoria de 161 referendos por la independencia en otros tantos municipios catalanes. Más de 600.000 catalanes están llamados a participar, en un clima de exaltación soberanista. Hoy está prevista la celebración en Barcelona del acto central de la campaña para la participación en esas consultas, que han tenido la virtud de reunificar el atomizado universo separatista, ya que desde su ámbito más moderado hasta el radical, ha demostrado durante décadas su incapacidad para aglutinarse.
A las formaciones políticas veteranas se han sumado otras de reciente creación, como Reagrupament. Cat, fruto de una escisión de ERC y liderada por Joan Carretero, que ha contribuido a atomizar aún más el independentismo.
Las urnas dirán en 2010 si «el efecto Carretero» daña más a CiU o a ERC, que pugnan por un acuerdo transversal entre las distintas sensibilidades soberanistas. Hasta ahora, los proyectos de «Casa Gran» no parecen tener excesivo éxito y, al menos en el terreno electoral, el colectivo secesionista está más dividido que nunca.
Partidos y grupos en activo
Reagrupament.Cat: Formación de reciente creación, escindida de ERC y liderada por el ex conseller de Gobernación, Joan Carretero. Nació tras la disconformidad de sus miembros con la excesiva sumisión de Esquerra a los socialistas. Los coqueteos del presidente del Barça, Joan Laporta, con ellos han encendido los ánimos soberanistas.
ERC: Fundada en 1931, hasta la Guerra Civil fue el principal partido catalán. Tras el reestablecimiento de la democracia, no fue hasta 1989 cuando inició su despegue, que alcanzó su punto álgido en 2003. Joan Puigcercós la lidera en sustitución de Josep Lluís Carod-Rovira.
CUP: En las últimas municipales las Candidatures d´Unitat Popular, alineadas en la izquierda revolucionaria, obtuvieron 29 concejales tras aglutinar el voto descontento de ERC. Han descartado presentarse en las autonómicas.
PSAN y MDT: En la órbita del independentismo radical. El Partit Socialista d´Allibera- ment Nacional dels Països Catalans, nacido en 1969, ha sufrido varias escisiones y en 1984 participó en la creación del Moviment de Defensa de la Terra, que apoyó al grupo terrorista Terra Lliure.
Maulets: Esta organización juvenil nació en 1988. En 1999 se fusionó con los Joves Independentistes Revolucionaris. Todavía posee diversas asambleas activas.
Endavant-OSAN y PUA: Endavant nació en 2000 después de que la Plataforma per la Unitat d´Acció (PUA) pasara a convertirse en movimiento político.
Estat Català: Fundado por Francesc Macià, no se presenta a las elecciones desde 2004 excepto en las municipales con la coalición Acció Municipal Democràtica.
CAJEI: La Coordinadora d´Assamblees de Joves de l´Esquerra Independentista se creó en 2002.
Plataformas no políticas
Deumil.cat: Creada para convocar un acto en Bruselas bajo el lema «Volem l´Estat propi», busca que la autodeterminación y la independencia de Cataluña figuren en la agenda de los partidos políticos.
Decidim.cat: Movimiento de alcaldes y concejales favorables a ejercer el derecho de autodeterminación. Cuenta con casi 1.700 adhesiones.
Osona Decideix: Representada por el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Alfons López Tena, coordina las consultas en esta comarca, donde 33 de los 51 municipios secundan la iniciativa.
Sobirania y Progr_s: Próxima a ERC, una de sus cabezas visibles es el actor Joel Joan y promueve un referéndum de autodeterminación.
Plataforma pel Dret a Decidir: Nació en 2006 en defensa del «Estatut», cuando este se discutía en el Congreso.
Òmnium Cultural: Fundada en 1961, trabaja por la promoción y la normalización de la lengua catalana, la cultura y la identidad nacional de Cataluña con generosas subvenciones del tripartito.
Plataforma per la Sobirania: Creada hace dos años por un centenar de miembros de Converg_ncia favorables a gobernar con ERC. Entre sus objetivos fundacionales figura la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Coordinadora per la Consulta sobre la Independ_ncia: Agrupa a varias entidades arriba citadas. Fue creada exclusivamente para impulsar los referendos del 13 de diciembre.
Ateneu Soberanista Català: Creado este año para «constatar ideas y promover acciones en todos los territorios de lengua y cultura catalanas».
Catalunya Estat Lliure: Secunda las consultas y tiene como único objetivo «el restablecimiento de los derechos soberanos del pueblo de Cataluña».
Catalunya Acció: Esta plataforma se ha propuesto marcar la agenda política para que Cataluña sea independiente en 2014.

sábado, 28 de noviembre de 2009

NACIONALISMO IDENTITARIO Y PSOE.










El ex presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sostuvo hoy en Mérida que el "nacionalismo identitario" le parece "una cosa del siglo pasado y del pasado del pasado". "La identidad; ahora que tanto se habla de identidad, del Tribunal Constitucional, si los derechos, no sé qué, no sé cuántos, la identidad es o analógica o digital", dijo en referencia a la nueva sociedad digitalizada y al fenómeno social que supone Internet.

Así hizo referencia a una reunión que mantuvo hace algún tiempo con responsables de la Universitat Oberta de Catalunya y que mientras que estuvieron hablando de la "identidad digital" se entendieron "a las mil maravillas", pero cuando después de la reunión comenzaron a hablar de "lo analógico", comenzaron los intercambios de opiniones. "Cuando ya nos sentamos y nos tomamos un café después de comer y empezamos a hablar de lo analógico, nos peleamos, ya salieron los nacionalismos, y ahí ya había un lío", apuntó el ex presidente extremeño durante su intervención en la presentación de la Escuela de Formación Política 'Juan Carlos Rodríguez Ibarra' organizada por Juventudes Socialistas. (La Gaceta)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NACIONALISMO IDENTITARIO.

Eso está muy bien pero su jefe, Zapatero, va del brazo de los nacionalistas identitarios. Encima, dijo que aceptaría lo que ellos aprobasen. ¿Acaso el Parlamento catalán no es un Parlamento obsesivamente identitario? No sólo el Parlamento. Las instituciones catalanas están entreveradas de identidad. Es una obsesión enfermiza.

El editorial unánime de los doce periódicos subvencionados (propio de la época franquista) es un ejemplo más de sociedad subvencionada, anestesiada y aborregada. La idiotez llega al extremo que personas normales (en otros ámbitos) que se vuelven idiotas, de puro sectarismo, cuando hablan de política.

Ayer oí decir a un periodista de la Vanguardia, en un programa de InterEconomía: 'Me dan más miedo los separadores que los separatistas'. Esta idiotez explica (que no justifica) la actitud fascistoide de la mayoría de los políticos, medios de difusión, y parte de los súbditos catalanes, con el Partido Popular y con todos los críticos al régimen nacionalista.

En resumen, el Partido Popular , al que yo considero excesiva y vergonzosamente medroso (sería el separador) y los de ERC, en el Gobierno, serían (son) los separatistas. Pues bien, para este periodista, los del PP son peores que los de ERC. Así están en Cataluña. No me extraña que Boadella se haya marchado del Oasis.

De todos modos, es cierto que PSOE y PP han carecido de sentido de Estado, desde el principio de la democracia Nunca han alcanzado un pacto de Estado para evitar que los nacionalistas, como aves de rapiña, hayan esquilmado todo lo que han podido. Porque los nacionalistas exigen respeto a los pactos cuando les conviene y sólo cuando les conviene, aunque ellos son el vivo ejemplo de la deslealtad y del incumplimiento de los pactos. ¿Respetan, por ejemplo, la unidad de España o el castellano como lengua oficial? Son más falsos que un duro sevillano.

Por tanto, acepto lo que dice Rodriguez Ibarra, pero su partido va por otro camino. ¿A quién pretenden engañar? Lo peor, que ya es grave, no es que pretendan engañar. Son expertos. Lo peor de todo es que hay gente que se deja. Así estamos. ¿Cuántos escalones más habrá que bajar para que más gente se de cuenta de la peligrosa situación que estamos viviendo?

Sebastián Urbina.

MADRID.






Madrid, la tercera región de Europa Occidental más atractiva para los inversores extranjeros


Sólo es superada por Île-de-France y la región de Londres. Además, Madrid es la primera ciudad española en el ranking, ocupando de nuevo la tercera posición por detrás de Londres y París, según un estudio de la revista 'Site Selection'


T.León/diarioDirecto 12/04/09

Los inversores se decantan por Madrid


Madrid es la tercera región de Europa Occidental más atractiva para las inversiones extranjeras, según el ranking 2008 Global Best to Invest, elaborado por la revista estadounidense 'Site Selection'. Así, la Comunidad sólo es superada por Île-de-France y la región de Londres. Además, Madrid es la primera ciudad española en el ranking, ocupando de nuevo la tercera posición por detrás de Londres y París. La siguiente capital española es Barcelona, en el sexto puesto.

La revista 'Site Selection', publicación oficial del Industrial Asset Management Council (IAMC), ha decidido publicar por primera vez este ranking para destacar qué agencias de atracción de inversión nacionales, regionales o de ciudades están teniendo más éxito a la hora de atraer capital y crear puestos de trabajo. Para ello han utilizado datos propios así como de otras fuentes como el Oxford Intelligence y el IBM Plant Location International.

Desde el Gobierno de Esparanza Aguire han recordado que Madrid es sede de más de 4.000 empresas extranjeras y durante los últimos diez años ha recibido el 61 por ciento del total de la inversión extranjera directa en España, muy por delante de la segunda región receptora en España, Cataluña (14 por ciento). De 2004 a 2008, el volumen de este tipo de inversiones ha crecido de forma espectacular en la región, un 116 por ciento, frente al 56 por ciento del resto de España. (DiarioDirecto).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Esto se debe al centralismo. Lo siento pero,
en algunos casos no consigo que el texto quepa en el blog.
Por si alguien tiene interés, en los últimos diez años,
Madrid ha recibido el 61%
y Barcelona el 14% de inversión extranjera.




ZAPATERO NOS LLEVA A LA RUINA.






La matriz del editorial y la intimidación al TC

Vale la pena el editorial de los 12 periódicos catalanes de mayor difusión. Contiene una antología de hábiles falacias que harían las delicias de un seminario de constitucionalistas si en España hubiera Estado de Derecho. Corrijo. Si en España la clase política aceptase someterse al imperio de la ley y al principio de legalidad, no hubiera manoseado el principio de separación de poderes, no interpretase las leyes y también la Constitución con aquella impune arbitrariedad —ora San Antón ora la Asunción— que conviene a sus intereses y componendas partidistas para acceder y mantenerse en el poder o si, tras amañar el nombramiento de los jueces importantes, sobre todo los miembros del Tribunal Constitucional, no fueran esos mismos políticos los primeros en rasgarse las vestiduras, ofendidísimos, al temer que las criadas puedan salir respondonas a sus señores.

Si ese elenco de corrupciones del Estado de Derecho no las padeciese España de luengo, en tal caso el editorial de los doce —no sé si dictado por uniforme— sería un insólito pero intolerable desbordamiento del periodismo fuera de su identidad y servicio informativo y una histórica complicidad con el poder para condicionar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán.

Tal grado de complicidad en la intimidación habría que explicarla o bien en términos de atenuante etílica o en otros más graves, como los que con mucho tino cita Jorge de Esteban al recordar el delito del 508,2 del Código penal, que pena hasta con seis años de cárcel el instruir, ordenar o intimidar a los jueces por parte de las autoridades políticas…y a sus cómplices. La complicidad me parece obvia, porque es contranatural a la libertad de expresión y al pluralismo que los medios catalanes se hayan uniformado, en tiempo cero y velocidad infinita, por obra de la Virgen de Monserrat.

El tufo es que la oligarquía catalana ha pedido a su aparato mediático un toque histérico de corneta. Digan al Tribunal Constitucional que abandone su función de velar por la constitucionalidad de las leyes con la Orgánica del Estatuto, porque los políticos han hecho ya su pacto, han logrado aprobarlo en el Parlament y en el Congreso, y que la soberanía catalana ya tiene vendido el pescado. El editorial uniforme le plantea al Alto Tribunal una alternativa sabrosa de puro contradictoria e ilegal:

o aceptas la constitucionalidad del Estatuto y entonces te aceptamos como Tribunal Constitucional o si declaras la inconstitucionalidad de una parte, no digamos del todo, entonces no aceptamos tu sentencia, porque careces de legitimidad institucional y, además, sacaremos a relucir la historieta de cada nombramiento para desprestigiar a cada juez, y apelando a la ofensa a la dignidad de Cataluña, tomaremos las medidas políticas y sociales adecuadas para imponer dicho Estatuto. Con mejor pluma y manipulación los doce del uniforme han venido a presionar con lo mismo que Montilla y su tripartito vienen coaccionado desde hace semanas.

¿De dónde arranca este embrollo? De la decisión de Zapatero y cómplices de hacer una reforma de la Constitución, en arquitecturas esenciales, por vía estatutaria. Una profunda y taimada deslealtad a la soberanía de todos los españoles. Zapatero y Cía. preveían que los ciudadanos no aceptaría la maquinación confederal catalana y, luego la vasca si tal cambio sustancial de régimen se hacía acatando las previsiones de la Constitución acerca de su reforma, con disolución de las Cortes Generales y referéndum de la nación española. Quizás temieron que, de confesar sus intenciones, les correrían a gorrazos. Así que se hizo por la espalda. No se si a eso se llama “a traición”. (Pedro Juan Viladrich/La Gaceta)

AUTONOMÍA NO ES SOBERANÍA.


Sábado , 28-11-09
Autonomía no equivale a soberanía ni un estatuto tendrá nunca el rango de la Constitución, al provenir de ella. Esto significa que los catalanes tienen soberanía como españoles que son, no como catalanes. Es algo que conviene recordar es lo momentos críticos que se avecinan, con el Tribunal Constitucional a punto, dicen, de dictar finalmente sentencia sobre el nuevo estatuto catalán. Y si él decide que algunos artículos de ese estatuto no se ajustan a ley, habrá que acatarlo. Pero se están alzando voces que piden la desobediencia e incluso la descalificación del Tribunal, que es tanto como descalificar la Constitución y el modelo de Estado que hemos escogido. En otras palabras, abrir un nuevo periodo constituyente a través de la puerta trasera de los estatutos de autonomía. Algo ilegal, antidemocrático y deshonesto.

Soy de los que creyó que el Estado de las Autonomías era la respuesta al dilema unidad-diversidad que ha pendido siempre sobre España, con enfrentamientos que incluyeron la guerra civil. Imagino que fue también lo que llevó a los padres de la Constitución del 78 a inventarse una fórmula imaginativa, que salvando la unidad de España, respetase su pluralidad, por cierto no muy distinta de la de otros países europeos. La fórmula se basaba en equívocos semánticos. España sería una Nación compuesta por distintas nacionalidades, con amplia capacidad de autogobierno, a cambio de que se reconociese un Estado común. Quería evitarse con ello el agravio comparativo, como hizo la República, ofreciendo un estatuto sólo a Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero cayendo en parecido error al otorgar a esas tres comunidades el calificativo de «históricas», y a la segunda, más autonomía que a las demás. Lo que, inevitablemente, iba ser fuente de conflictos, pues la envidia actúa entre nosotros en doble sentido: los que tienen menos exigen tener tanto como el que más, y los que tienen más no aceptan que el resto tenga tanto como ellos. El resultado es una dinámica de reivindicaciones imparable y, a la larga, incompatible con cualquier tipo de Estado.

Aunque la principal causa de que el Estado de las Autonomías se vea desafiado por todas partes es que se fundaba en la buena fe de todos. Los «centralistas» cedían competencias a cambio de mantener un Estado común, y los «nacionalistas» cedían nacionalismo a cambio de obtener autonomía. Pero mientras la cesión de competencias del poder central a los autonómicos se ha hecho con una amplitud que ha convertido España en el país más descentralizado de Europa a excepción de Suiza, los «nacionalistas» no acaban de darse nunca por satisfechos.

No ocultan que quieren tener su propia nación, cosa lógica e incluso previsible, pues para eso son nacionalistas, y aunque no lo dicen abiertamente, aspiran a tener un Estado, forma suprema de toda nación. Lo que hemos tenido durante los últimos 30 años ha sido una carrera cada vez más acelerada para convertir, primero, las nacionalidades en naciones -cosa ya aceptada al transigirse con el concepto de España como «nación de naciones», pese a admitir la Constitución sólo una nación- y el Estado de las Autonomías, en un Estado de las Soberanías, que contradice el propio concepto de Estado, donde la única soberanía reside en la voluntad colectiva de todos sus ciudadanos, no en la de una parte de ellos.

El nuevo Estatuto catalán, con la proclamación de Cataluña como nación en su preámbulo y un articulado que asume funciones y competencias nunca cedidas por el poder central, es la ganzúa que debe descerrajar el aparato constitucional que nos dimos durante la Transición, para sustituirlo por otro completamente distinto, en el que el Estado de las Autonomías deja de ser el instrumento para articular política y territorialmente España como nación y como Estado, para convertirse en el que va a invalidarla, o por lo menos depreciarla, en uno y otro marco. Pues conociendo a los españoles, ninguno querrá tener menos que catalanes.
Un lastre ideológico de los dos grandes partidos «nacionales», que le impide ver el bien común por encima de sus dogmas, junto a un sistema electoral que beneficia desproporcionadamente a los nacionalistas, les ha permitido gobernar durante la mayor parte de este tiempo en sus respectivas comunidades, al tiempo que chantajear al gobierno central, no importaba el partido que lo ocupase.

Situación que estalló con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre para quien el concepto nación es «discutido y discutible», que había prometido a los nacionalistas catalanes «darles lo que le pidiesen». Y los nacionalistas catalanes le han pedido, naturalmente, el reconocimiento de Cataluña como nación sin ambigüedades, el catalán como idioma oficial de su comunidad en detrimento del español, una justicia catalana con capacidad de último recurso excepto en los casos que tengan que ver con España, un defensor del pueblo catalán independiente del general y una hacienda catalana que recaude todos los impuestos en el Principado y negocie con la española transferencias en uno y otro sentido.

En resumen, una Cataluña a la que sólo le falta el nombre para ser Estado. La palabra empeñada del presidente del Gobierno permitió el paso de este estatuto con aire de constitución y que, pese a las podas que se le hicieron, tiene 126 de sus 245 artículos inconstitucionales, según el recurso presentado contra él por el PP. Lo que no le ha impedido ser aprobado por el parlamento catalán, algo previsible, por el congreso español, algo ya no tanto al representar a la totalidad del pueblo español, pero comprensible al estar dominado por los intereses de partido, no los del Estado, y un referéndum en Cataluña, aunque sorprendentemente con el exiguo respaldo de sólo 35 por ciento del electorado. ¿O no tan sorprendente, al ser el pueblo más responsable que nuestros políticos?

El Tribunal Constitucional viene forcejeando con ese estatuto desde hace tres años, con unos miembros «progresistas» empeñados en una empresa inalcanzable: legalizar lo que no es legal. Lo han intentado todo sin conseguirlo, por aquella razón del torero: lo que no puede ser, no puede ser, y además, es imposible. Más, cuando uno de esos miembros «progresistas», demostrando que lo es de verdad, ha decidido unirse a quienes piensan que el nuevo estatuto catalán necesita soltar lastre si quiere ser constitucional.

Que no lo es lo demuestran los argumentos que se invocan en Cataluña a su favor. No defienden su articulado. Atacan al Tribunal que debe juzgarlo, con argumentos espurios y amenazas veladas. Le invalidan por no haberse renovado a su debido tiempo. Alegan la excesiva tardanza de sus deliberaciones. Y le niegan poderes para dictaminar sobre una ley aprobada por los parlamentos catalán y español, y refrendada por el pueblo catalán. Cuando el artículo 161 de la Constitución es bien claro: «El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso contra leyes y disposiciones con fuerza de ley, así como de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.»

Sólo negando la Constitución a través de la que gozan de los derechos, poderes y privilegios que hoy tienen, los nacionalistas pueden negar al Tribunal Constitucional competencia para juzgar su nuevo estatuto. Pero la congruencia no ha sido nunca su fuerte, así que vamos a dejarlos, porque lo que está en juego ya no es un estatuto, ni Cataluña siquiera. Es España. ¿Qué España queremos? ¿Un Estado de las Autonomías o un Estado de las Soberanías, es decir un Pacto de quasi Estados?

Ocho hombre y dos mujeres tienen la palabra. Pueden hacer honor al juramento que han hecho de defender la Constitución no importa las presiones, halagos, amenazas e incluso inclinaciones personales, o pueden hacer un enjuague, más político que jurídico, para legalizar lo inconstitucional. No sería la primera vez que se hace. Pero sería la primera vez que se legitimara que España se esfuma como nación y como Estado. (José María Carrascal/ABC)

LA ENFERMEDAD IDENTITARIA.




Sábado , 28-11-09
El Barça-Madrid de mañana tendrá de todo. En el campo, CR7, Kaká, Ibrahimovic y quizás Messi; en la grada, una afición a la que desde sectores nacionalistas catalanes se la está espoleando para que aproveche el escaparate mediático y se pronuncie sobre el Estatuto catalán. ¿Cómo desperdiciar tal ocasión de mezclar de nuevo temerariamente deporte con política? ¿Cómo resistirse a rematar una semana en que doce diarios de Cataluña dichos independientes escribieron una misma editorial que suscribe el tripartito? Irresistible. Como lo fue para algunas aficiones abuchear el himno español y a Su Majestad el Rey antes del Barça-Athletic para luego celebrar que se ha ganado la copa que lleva su nombre.

A horas del duelo de mañana, ya circulan en Cataluña varios SMS en los que se pide a los aficionados «culés» que, al principio del partido, cuando los jugadores del Madrid y Barça salten al césped, griten «¡Estatut!», o «Dignidad». Pásalo. Falta por ver si la convocatoria -de padre anónimo y que se unirá al tradicional mosaico de cartulinas con señera incluido- tendrá éxito. De prosperar, se regocijará en el palco el presidente del Barça, Joan Laporta. «Su» club se adhirió al citado editorial conjunto de la Prensa catalana.

En su dicha, Laporta no estará solo. En el palco le acompañarán, entre otros, dos ilustres de ERC: el presidente del Parlamento catalán, Benach, fijo de esa primera fila , y Carod- Rovira. A su lado, en el rectángulo noble, se espera al flamante seleccionador catalán, Johan Cruyff. Y como música de fondo, la cantante israelí Noa, quien en la pasada Diada fue pitada por propalestinos espoleados por ICV. Será un partidazo. (Janot Guil/Barcelona/ABC)

viernes, 27 de noviembre de 2009

LA DIGNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN.











LA DIGNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN.

La mayoría de los periódicos editados en Cataluña y otros medios de comunicación se alinearon ayer pública y conscientemente con la estrategia de coacción y deslegitimación desarrollada por el tripartito catalán y CiU contra el Tribunal Constitucional. Un inédito editorial común —titulado «La dignidad de Cataluña»— vertió contra esta institución una larga serie de admoniciones sobre las razones por las que debe avalar el nuevo estatuto, todas ellas relacionadas no con la constitucionalidad de su contenido, sino con el hecho de tratarse de una norma situada al margen del control constitucional en virtud de su carácter pactado.
Pero tal y como se ha hecho moneda de uso corriente en los discursos oficiales de la clase política catalana -que no de sus ciudadanos-, el editorial no se conforma con impartir doctrina histórica y política a los magistrados del TC, sino que incluye la consabida amenaza de una «legítima respuesta» a cargo de la sociedad catalana.

Hora es ya de que los partidos nacionalistas -incluido el de los Socialistas de Cataluña- aclaren cuál va a ser su respuesta. En el pasado fue una violación flagrante de la Constitución republicana de 1931, con la creación en 1934 del «Estado Catalán». Resulta evidente que el problema de los nacionalistas catalanes, reforzados por el socialismo catalán y español, no es el TC, sino la Constitución misma, sea ésta cual sea. La amenaza contra el resto de España forma parte del método histórico de una parte de la clase política catalana, pero todos los españoles, empezando por los propios catalanes, tienen derecho a saber qué van hacer el presidente Montilla, los partidos que lo apoyan y los medios que los secundan, si el TC, en el ejercicio de sus legítimas funciones constitucionales, revisa y anula, total o parcialmente, el texto del estatuto de Cataluña.

Nada dicen, pero amenazan. Por eso resulta cínico que el ultimátum publicado como editorial por los medios catalanes se refugie en un impostado constitucionalismo, que incluso sitúa en primera línea la figura de Su Majestad el Rey -«ahorcado» en una postal navideña por el nacionalismo radical-como excusa de sus diatribas. Es más, tanta apelación falsaria a la Constitución Española de 1978 desvela la raíz misma de las contradicciones insuperables del estatuto de Cataluña y su vicio absoluto de inconstitucionalidad. Si, como dice el ultimátum de los medios catalanes, de la decisión del TC sobre el estatuto de Cataluña dependen, ni más ni menos, «la aceptación de la madurez democrática de la España plural» y «la dimensión real del marco de convivencia español», y tiene «en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España»; si todo esto, repetimos, depende de la sentencia del TC sobre el estatuto de Cataluña, entonces no hay prueba más evidente de que este estatuto encierra una modificación ilegal del orden constitucional de España, y debe ser derogado.

Sólo a través de la reforma de la Constitución, avalada por la voluntad soberana del pueblo español, como sujeto nacional único e indivisible, pueden cambiarse las reglas de la convivencia y los pactos constituyentes. Porque ni el Congreso, ni el Senado, ni el Gobierno -aunque lo presida José Luis Rodríguez Zapatero-, ni el Parlamento catalán ni los ciudadanos catalanes son los titulares del poder constituyente de la Nación española. El desprecio por este fundamento de la realidad nacional de España está en el origen de esta atosigante demanda de privilegios. En todo caso, es de agradecer que, por fin, desde Cataluña se haya hecho un reconocimiento tan explícito de la verdadera dimensión constitucional de lo que debería haber sido únicamente un estatuto autonómico.

«Pacta sunt servanda», dice el editorial. «Los pactos deben ser cumplidos». En efecto, deben serlo con el pleno sentido de la reciprocidad que entraña este aforismo jurídico, que podría complementarse con muchos otros que harían recordar a la clase política catalana que el pacto fundamental que vincula a todos los españoles es la Constitución de 1978. ¿Cuándo han aceptado y acatado realmente los nacionalistas catalanes la proclamación contenida en el artículo 1 de la Constitución, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», incluidos los autonómicos? ¿Respetan el principio de que «la Nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución)? Por supuesto, los pactos deben ser respetados y cumplidos, como el pacto constituyente de 1978, que reconoce la autoridad del TC para decidir qué leyes o estatutos se ajustan o no a la Constitución.

Nuevamente, los estamentos cívico-políticos de Cataluña se aferran al furor identitario haciendo de un proyecto nacionalista y de izquierda, como el del estatuto catalán, la seña de identidad de un pueblo que, ciertamente, ha mostrado su «hartazgo», pero no en el sentido que indican los medios catalanes, participados algunos de ellos por la Generalitat en compañía de quienes son capaces de cuadrar el círculo y defender una cosa y la contraria, en Madrid y Barcelona, en un desdoblamiento de la personalidad editorial contrario a la razón.

El hartazgo es con su clase política, a la que da la espalda con una abstención endémica que supera la de cualquier otra comunidad autónoma. Este déficit democrático sí debería ser motivo de preocupación para quienes abanderan con tanto desparpajo la ortodoxia catalanista, porque mucho tiene que ver con aquel «3 por ciento» que el presidente Maragall espetó a la oposición nacionalista, o con la malversación masiva de fondos en informes ridículos, o con otros episodios de corrupción clavados en la entraña del sistema sociopolítico establecido en Cataluña. ¿Realmente no se sienten desautorizados por los propios catalanes estos portavoces de la esencia catalana cuando abogan por romper la convivencia y las reglas constitucionales en defensa de un estatuto refrendado por un exiguo 35 por ciento de los electores catalanes, mucho menor que el que recibió el anterior estatuto, y menor aún que el respaldo que dieron a la Constitución? A la hora de hablar de legitimidades, deberían hacer un ejercicio de honrada autocrítica.

Es ridículo buscar la singularidad catalana en que, como pretende el editorial, «los catalanes pagan sus impuestos» y «contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre». La mayoría de los españoles con recursos hacen lo mismo, vivan donde vivan, porque el dinero de los impuestos no tiene denominación de origen. Esto es vivir en una nación y compartir derechos y obligaciones. Ningún privilegio debe resultar de cumplir con los compromisos básicos que conciernen a todos los ciudadanos, y menos aún si se buscan a costa del victimismo frente a Madrid, presente, como no podía ser menos en una soflama nacionalista, en la mención a «los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado».

No es digno defender a Cataluña y a los catalanes con estos argumentos rancios y hundidos en los localismos previos a la Ilustración, ni utilizar su cultura -que es tanto la escrita en catalán como la escrita en castellano- como arma arrojadiza. La dignidad de Cataluña está en su pasado, en su presente y en su futuro como parte fundamental de España, en su aportación al progreso del conjunto de la Nación con el dinamismo y la pujanza que han caracterizado su historia, en ser el factor de estabilidad institucional que le corresponde y en aspirar a ser la fuerza motriz de España, no su competidora.

Pero conviene no acortar la memoria. Esta defensa del estatuto, arbitraria en lo político, banal en lo histórico y temeraria en lo social, se funda en la irresponsable decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE de convertirlo en el precio de un pacto político entre la izquierda socialista y el nacionalismo catalán para evitar una nueva victoria electoral de la derecha. Este es el monstruo creado por la ambición política de Rodríguez Zapatero, quien inauguró su mandato hace cinco años diciendo que iba a traer la paz a la política territorial en España. Aquí tiene las consecuencias de haber creído que España era una mercancía a disposición de sus acuerdos de poder. (ABC)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



"FORMA PARTE DE SU PROYECTO"

Mayor acusa a Zapatero de estar detrás de la estrategia para intimidar al TC

Tras el insólito editorial de doce medios catalanes para presionar al TC, Mayor Oreja ha advertido que es Zapatero quien "quiere este debate". En su opinión, esta es la mayor crisis nacional desde la Transición. Rajoy, mientras, no ha aludido al Estatuto más allá de alguna afirmación genérica. (LD)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Actualizado Viernes , 27-11-09 a las 16 : 57
Defendiendo, como se hacía en el editorial conjunto publicado ayer por doce diarios catalanes, la legitimidad que los ciudadanos de esa Comunidad dieron en las urnas al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía catalán -el llamado «Estatuto del Tinell»-, conviene poner luz (y, sobre todo números) a esas aseveraciones. En el editorial publicado hoy por ABC«La dignidad de la Constitución», se ofrece el dato de que el refrendo del «Estatut» fue respaldado por un tercio de los electores catalanes, mucho menor que el recibió el anterior estatuto y menor aún que el respaldo que dieron los catalanes a la Constitución Española del 6 de diciembre de 1978.

Carta Magna: un 70% de los catalanes
Si comparamos los resultados del referendo de 2006 en Cataluña, con la participación de esta Comunidad en la consulta para aprobar la Constitución, las diferencias son muy relevantes. El 6 de diciembre de 1978 acudieron a las urnas casi un 68 por ciento de los catalanes, es decir, 2.986.790 de los 4.398.178 censados en la Comunidad Autónoma, muy por encima del 40,4 por ciento que se interesaron por lo que se decidía en el referéndum de 2006. Nada menos que casi un 30 por ciento más.

De aquel 70 por ciento que votó, un 90,4 por ciento se mostró a favor de la Constitución y de dar por concluido el convulso periodo de la Transición para entrar, definitivamente, en el periodo democrático. Este porcentaje representa nada menos que a 2.701.870 habitantes, numero también muy superior a los 1.899.563 catalanes que dieron el sí al Estatuto en 2006, sin obviar el hecho de que la población ha aumentado desde entonces en más de 1.100.000.

Último Estatuto de Cataluña
Los referendos de Cataluña y El País Vasco, celebrados el 25 de octubre de 1979, para aprobar o rechazar los estatutos de ambas comunidades, una vez muerto Franco y aprobada la Constitución, obtuvieron una «esperada abstención», que superó en ambas regiones el 40%.
Sin embargo, en lo que respecta a Cataluña, y tras el editorial conjunto de ayer, cabe recordar que de aquel 59,3% restante que acudió a las urnas por el conocido “Estatuto de Sau” –por la localidad barcelonesa en la que se aprobó–, igual de escaso por cierto que hace tres años, los «síes» alcanzaron un 88,15% de los votos, más del 14% por encima que en el último referéndum, y los «noes» un 7,76%, a los que habría que sumar un 3,55% de votos en blanco.
La consulta por la Constitución movilizó a casi un 30% más de catalanes que el «Estatut» de 2006
Resultados cosechados por la consulta del 18 de junio de 2006
El presidente de la Generalitat por aquel entonces, Josep Tarradellas, mostraba su «emoción» ante tal acontecimiento, con el convencimiento, dijo, de que se acababa una etapa y se abría «otra más excitante».
Referendo en Cataluña: 1.899.563 catalanes dijeron «sí» al Estatuto del Tinell Portada del periódico ABC del 19 de junio de 2006. Pocas horas después de cerrarse las urnas de la consulta popular en Cataluña, convocada por el líder del PSC, Pasqual Maragall, el periódico ABC ponía el acento en la victoria de la abstención militante. El motivo que había inclinado el titular de protada «Sólo uno de cada tres catalanes apoya en las urnas el Estatuto del Tinell» era la no asistencia a los comicios del 50,59 por ciento de la ciudadanía llamada a votar. De un censo de 5.202.291 personas, que debían decidir los designios de un texto legislativo sobre el que aún pesaba la sospecha de su constitucionalidad, y que representaban a las entonces 7.083.618 personas censadas en la Comunidad catalana, un 49,41 por ciento votó, 2.570.451 personas. De ellos, el 73,9 por ciento dijo «sí» al «Estatut» que sería recurrido por el PP un mes después, pero sobre el que ya habían puesto la voz en grito las regiones de Aragón, Comunidad Valenciana y La Rioja_

Esa tasa porcentual del 73,9 supone que 1.899.563 catalanes fueron (y son, en el caso de que todos mantengan a día de hoy la orientación de su voto) partidarios del desarrollo y aplicación futura del Estatuto autonómico. Maragall azotó ese 73,9 por ciento (Zapatero y Maragall se felicitaron por el resultado e hicieron caso omiso a la alta abstención) como as bajo la manga para que su partido, aunque fue con el candidato José Montilla, ex ministro de Industria, se proclamase vencedor en las elecciones catalanas que se celebraron el siguiente otoño, el 1 de noviembre de 2006.