UN HÉROE EN EL OASIS

 (Una sociedad tiene que estar muy enferma para acosar a una persona ejemplar como este juez. De todos modos, aunque repugna, no debería sorprender. Albert Boadella, un hijo ilustre, tuvo que abandonar Cataluña. Asqueado.

Y estos héroes son la punta del iceberg. El Oasis apesta. Es triste.)

 UN HÉROE EN EL OASIS.
 
El juez José María Aristóteles, titular del juzgado único de lo Contencioso Administrativo de Lérida, ha decidido arrojar la toalla en su pugna diaria por denunciar el abuso del catalán a través de sus sentencias. 

Magán ha sido sancionado en varias ocasiones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de quejas elevadas por la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) y otros estamentos por utilizar en sus resoluciones expresiones improcedentes y ofensivas en las que censuraba la preponderancia del catalán y su uso abusivo en detrimento del castellano por parte de la administración. Según confirmó a ABC su abogado, Carles Antolí, Magán ha pedido un traslado fuera de Cataluña y ha solicitado cubrir una plaza vacante en Alicante o Valladolid. 

El juez, nacido en Barcelona, catalanohablante y que tres años al frente del juzgado de lo Contencioso de Lérida, se siente "acosado" por las críticas y sanciones que ha recibido. Tiene hasta cuatro expedientes abiertos.Está de baja desde el pasado mes de marzo, por depresión.

El "caso Magán" ha llegado ya al Tribunal Supremo, tras varias quejas cursadas desde la Audiencia de Lérida, por parte de abogados de la Generalitat, desde Inspección de Trabajo de Lleida, desde el Ayuntamiento de la capital ilerdense y hasta en boca de la consejera de Justicia del primer gobierno de Mas, Pilar Fernández Bozal, quien llegó a pedir por carta a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tomara medidas. 

El pasado año, y a raíz de numerosas críticas recibidas desde varias instancias civiles y judiciales, el TSJC elaboró unas diligencias informativas y las remitió al CGPJ, que finalmente sancionó a Magán por tres faltas graves. Se le multó por utilizar en sus resoluciones expresiones inncesarias e irrespetuosas desde el punto de vista jurídico, o por dirigir felicitaciones o censuras a los poderes, autoridades o funcionarios públicos, o por abuso de autoridad. Otras de los cargos contra él, según admite su abogado, fue un supuesto retraso a la hora de dictar sentencias.

El juez tuvo que pagar un total de 9.000 euros. Magán recurrió las sanciones ante el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado, aunque sí desestimó su petición de suspensión cautelar de las sanciones a la espera de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Al juez Magán se le acusa de estos cargos por sentencias y autos como el que dictó a propósito de una multa de tráfico que recibió un ciudadano madrileño en Cataluña y que recurrió. 

En su resolución, en la que daba la razón al ciudadano en su petición de paralizar la ejecución de la multa, Magán censuró que la Generalitat conminara a sus abogados a usar el catalán en la defensa de este caso en los juzgados, algo que calificó de "descortesía" y "falta de respeto y de mínima educación deliberada" ante un ciudadano de fuera de Cataluña, mientras que, por contra, la administración había tramitado el expediente en castellano. "Cuando se trata de cobrar una multa sí que recurren al castellano", recogió Magán en su resolución, en la que calificaba a la Generalitat de "administración regional". 

En otra resolución, Magán señaló que una determinada actuación buscaba "la eliminación del castellano como lengua cooficial" y remataba su escrito con un "se puede decir más alto, pero no más claro: punto y final a la imposición de la lengua catalana como exclusiva y excluyente".

Sentencias acordes con el TSJC

Entre la judicatura catalana, está claro que Magán tiene detractores.

 Pero también hay quien recuerda que entre sus recientes resoluciones está la anulación de una multa de tráfico emitida por el Ayuntamiento de Barcelona a una ciudadana de Lérida porque la sanción estaba redactada sólo en catalán. En este caso, Magán fundamentó su decisión en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut que negó cualquier preminencia del catalán sobre el castellano. Un argumento que ha sido corroborado por el TSJC en las sentencias que anularon los reglamentos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona, o de la Diputación de Gerona y Lérida, al concluir que la administración en Cataluña debe dirigirse al ciudadano en castellano, por escrito o verbalmente, si éste se dirige en dicha lengua.

"No sé si le darán el traslado, pero su situación es muy difícil", dice su abogado, Carles Antolí, quien se teme que en un futuro próximo su cliente sea blanco de más expedientes. Como defensa, el letrado asegura a ABC que Magán estudia la posibilidad de acabar presentando una denuncia por acoso laboral por "mobbing". (ABC)