DEBE SER PROCESADO.

Hace unos años, recordarán ustedes, el déspota marroquí retiró a su embajador en Madrid y fabricó una crisis diplomática con España. Lo hizo porque Aznar defendía los derechos de los saharauis y las resoluciones de la ONU frente a las ambiciones de Rabat, respaldadas por Francia y por Usa. El actual presidente, entonces en la oposición, aprovechó la provocación del déspota para ir a Rabat a solidarizarse con él y sabotear al gobierno de su propio país. Al obrar así no sólo quebrantaba las reglas del juego democrático, pues la política exterior compete exclusivamente al gobierno: en la práctica se ofrecía como quinta columna a una tiranía que aspira a ocupar las ciudades de Ceuta y Melilla, y mucho más territorio español si Alá lo quiere, pues Alá es grande. Creo que fue Jiménez Losantos quien definió esa política del Gran Majadero: alta traición.

Más recientemente Cristina Alberdi ha analizado la estafa de las reformas autonómicas, enfrentadas a la Constitución que el gobierno y los separatistas aspiran a convertir en letra muerta por la vía de los hechos consumados. Según observó Alberdi, el actual presidente está violando su juramento de “guardar y hacer guardar la ley”, e incurriendo en el delito de alta traición, por el que debería ser procesado.

A mi juicio ello responde exactamente a la realidad, hoy tan oscurecida por la corrupción del lenguaje político, una de las muchas corrupciones en que los de los cien años de honradez han demostrado su destreza, y la derecha su incapacidad para contrarrestarla.

La colaboración del gobierno con el terrorismo (corruptamente disfrazada con la palabra “diálogo”, también empleada absurdamente por la oposición) es otro acto que sólo puede definirse como traición tanto al estado de derecho como a la unidad de España, dos valores que el sonriente iluminado de la Moncloa nunca ha apreciado en lo más mínimo, como revelan sus discursos y actitudes.

Estas cosas están ocurriendo a la vista de todo el mundo, y la reacción hoy por hoy peca de insuficiente. Ello plantea un problema: ¿por qué tanta gente muestra indiferencia ante un proceso que amenaza la libertad y la unidad de su propio país? Creo que la razón principal, al margen de las intoxicaciones del grupo PRISA, la televisión oficial y otros medios, consiste en la muy larga (comenzó ya antes de la Transición) campaña de desprestigio emprendida por las izquierdas y los separatistas contra cuanto signifique España. Esa campaña ha calado en la mente de muchos ciudadanos, porque hasta hace muy poco no recibía una réplica algo adecuada en el campo intelectual ni en el político. Su base argumental consistía y consiste en oponer los ideales de democracia y libertad a España y su historia.

Es decir, España no es lo bastante democrática para satisfacer a los asesinos terroristas, a los separatistas que continuamente atacan y merman las libertades en Vascongadas y Cataluña y empiezan a hacerlo en Galicia, a los demagogos enterradores de Montesquieu. Entre todos esos “demócratas” nos están llevando a una crisis que amenaza arruinar la convivencia conseguida desde la Transición.

Algunos partidarios de la unidad de España coinciden con los separatistas, los terroristas y los demagogos en su oposición a las libertades, pero, al revés que los otros, son una exigua minoría. Como demuestran los hechos, la democracia y la unidad de España van juntos, y evitar las desastrosas polarizaciones del pasado, provocadas ahora de nuevo por los liberticidas, exige defender con la máxima energía tanto la una como la otra. La traición no debe prosperar.
(Pío Moa/LD).