(No servirán las melindrosas palabras de Rajoy. Es una desgracia para España (y de paso para el Partido Popular) el que el Presidente de Gobierno, con mayoría absoluta, no muestre una firme voluntad de cumplir la Constitución y parar uno de los ataques más graves que se recuerdan a la unidad de España.
Nunca lo imaginé, pero Mariano Rajoy puede pasar a la Historia como un traidor a la patria. Peor incluso que Zapatero. Estamos jugando con fuego y un vasito de agua no bastará.)
MAS SEGUIRÁ MIENTRAS RAJOY NO CUMPLA CON SU DEBER.
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, no ha podido ser más expresivo y rápido a la hora de manifestar y de demostrar con los hechos el desprecio que le merece la decisión que el Tribunal Constitucional ha tomado este miércoles de admitir a trámite el recurso de la Abogacía del Estado contra la declaración soberanista aprobada el pasado 23 de enero por el Parlamento autonómico de Cataluña. A las pocas horas de que el TC hiciera pública su decisión, que suspende o pretende suspender por cinco meses la declaración soberanista, el referido Parlamento regional aprobaba la creación de una comisión sobre la consulta de autodeterminación que tiene su base, precisamente, en la declaración soberanista supuestamente suspendida.
De nada ha servido que los diputados del PP y de Ciutadans hayan abandonado el hemiciclo, denunciando el “desacato”, la “insumisión a la Constitución”, la "actuación claramente ilegal” que estaba teniendo lugar en la Cámara. No es la primera vez que los nacionalistas demuestran de palabra y de obra su radical desprecio a nuestro ordenamiento jurídico, y no será la última mientras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, parezcan decididos a otorgar financiación e impunidad a este Gobierno regional en rebeldía.
El recurso de la Abogacía del Estado contra la declaración soberanista no dejará de ser un paripé mientras el Gobierno de Rajoy y su obediente Fiscalía no se atrevan a advertir a los nacionalistas de que la consulta que piensan celebrar sin autorización supone un cúmulo de delitos –desobediencia, usurpación de atribuciones, prevaricación– que no piensan dejar impunes. Mientras nuestras más altas autoridades políticas y judiciales no se atrevan a combatir estos delitos y a denunciar la malversación de fondos públicos que la Generalitat está perpetrando al dedicar recursos del contribuyente a su ilegal consulta, los nacionalistas proseguirán su camino con la impunidad de que gozan cuando se trata de desterrar el castellano de las aulas.
Rajoy sólo se atreve a decir que no reconocerá efectos jurídicos a la consulta ilegal, pero nunca habla de castigar el delito. ¿Qué disuasión pueden causar sus palabras, que, lejos de minar, vienen a reafirmar la confianza de los nacionalistas en que no se juegan el banquillo, ni siquiera la inhabilitación para ejercer cargo público? Ni Rajoy ni ningún miembro de su Gobierno se atreven además a bajar a la arena pública a rebatir políticamente el falso derecho de autodeterminación y el falaz Espanya ens roba, con los que los nacionalistas basan todo su proceso separatista.
Para colmo, Rajoy está financiando, aunque sea involuntaria e indirectamente, todo el proceso separatista al tolerar que la Generalidad incumpla los objetivos de reducción del déficit y al cubrir con ayudas extraordinarias el hueco que dejan los recursos económicos que el Ejecutivo regional desvía a sus carísimos delirios soberanistas.
De hecho, el presidente del Gobierno ha vuelto a demostrar este mismo miércoles que es parte decisiva del problema al asegurar: “Seguiré apoyando a Cataluña, porque los catalanes son iguales que el resto de los españoles, me guste más o menos el Gobierno de Cataluña". Para empezar, Rajoy a quien está apoyando no es a Cataluña, sino a una Administración autonómica manirrota en plena rebelión institucional contra España. Los catalanes serán iguales al resto de los españoles, pero los catalanes son los únicos que no pueden escolarizar a sus hijos en español y los únicos que son educados en la ignorancia, si no en el odio, respecto de lo que tienen en común con los demás españoles. Los catalanes serán iguales que los demás españoles, pero no es a ellos sino a la Generalidad a quien el Gobierno de Rajoy ha dedicado la mayor parte de los Fondos de Liquidez Autonómica, tanto en 2012 como en lo que llevamos de 2013.
Rajoy podrá avergonzar a sus votantes por no atreverse a decir si le gusta "más o menos” el Gobierno secesionista de Cataluña, pero mientras no esté dispuesto a enfrentarse política, judicial y económicamente con el problema seguirá siendo responsable de su persistencia y agravamiento. (edit.ld).
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